Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 8.713/1977
Terminada la causa, el Tribunal regulará de oficio los honorarios de los letrados, peritos, intérpretes y demás auxiliares que hayan intervenido, debiendo pronunciarse también sobre toda otra cuestión incidental que estuviere pendiente.
Si hubiere recaído condena, las costas serán a cargo del encausado, a menos que el Tribunal, atendiendo las circunstancias del caso, disponga otra manera de satisfacerlas. Si la sentencia fuese absolutoria, todas las costas las pagará el fisco.
Las regulaciones se ejecutarán ante la justicia local.
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