Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 8.785/1977
(Texto según Decreto-Ley 9571/80) Las multas deberán abonarse dentro del plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha en que el pronunciamiento condenatorio quedó firme.
Las multas consentidas y firmes, se ejecutarán por el procedimiento de apremio. A los efectos de la ejecución, el testimonio o fotocopia de la resolución sancionatoria firmado por la autoridad administrativa que impuso la sanción, constituirá título ejecutivo.
La Fiscalía de Estado, o, en su caso el organismo al que corresponda, podrá iniciar el juicio de apremio ante los tribunales con competencia en razón de materia y lugar.
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