Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 8.960/1977
Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Oficial y archívese
C O N V E N I O
En la ciudad de Salta a los 18 días del mes de Agosto del año 1977, entre los señores Representantes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: Enrique G. Bulit Goñi; y de las provincias de: Buenos Aires: Luis A. P. Gómez Novaro y Enrique Argentino Alvarez; Catamarca: Buenader González y Carlos A. Ortiz; Córdoba: Carlos Siriczman; Corrientes: Bernardo M. Blanco y Jorge E. Bonastre; Chaco: Germán M Sánchez; Entre Ríos: Alberto G. Cerini; Jesús L. Salas y José G. Iglesias; Formosa: Augusto J. Margueirat y Cristian Larsen; Jujuy: Omar José Blanco y Aer Amil Olguín; Santa Fe: Tito L. Rocchetti y Juan Carlos Mercier; La Pampa: Jorge Omar Andrade; San Luis: Ramón Liendo; Santiago del Estero: Diego Peña Palencia y Manuel Osvaldo López; Santa Cruz: Héctor Domingo Marinero; San Juan: Agustín Romero; Juan Puleri y Eduardo Andrés Coria; Chubut: Elisa Mirta Rebasti; La Rioja: Jorge Alberto Primo y Carlos Dante Mercado; Río Negro: Néstor Isidoro Torres y Carlos Alberto Matarrelli; Salta: Dr. Luis María Juan José Peña; Misiones: Amadeo Denti y Carlos Roko; Tucumán: Juan José Galilea y Eduardo Budeguer, en ejercicio de los mandatos otorgados expresamente por sus respectivas jurisdicciones y;
VISTO lo actuado por el Plenario de los señores Representantes de las jurisdicciones convocado al efecto, y teniendo en cuenta:
Que resulta innecesario destacar la importancia del Convenio Multilateral para prevenir y evitar las perniciosas consecuencias que se derivarían de la doble o múltiple imposición dentro del territorio nacional por medio de los tributos locales que inciden sobre las actividades lucrativas o económicas, los ingresos brutos y todo otro gravamen, provincial, territorial, municipal o comunal de similares características;
Que el Convenio vigente ha sufrido distintas modificaciones resueltas por diversos Plenarios de representantes; alguna de las cuales fueron incorporadas mediante la correspondiente ratificación, mientras que otras no alcanzaron las ratificaciones necesarias para entrar en vigor;
Que ello lleva a la necesidad de revisar el Convenio en un todo, adecuando sus normas a distintas circunstancias producidas en el transcurso del tiempo desde la fecha en que entrara en vigor;
Que todo ello debe efectuarse con la necesaria prudencia para evitar, en lo posible, circunstancia que en otras oportunidades provocaran la no adhesión de algunas jurisdicciones a las modificaciones que se introdujeron;
Que en este orden no se considera conveniente ni oportuno introducir modificaciones sustanciales que hagan a la estructura o régimen del Convenio en sí, sino, fundamentalmente, a la adecuación del mismo a las cambiantes circunstancias que hacen al ámbito económico de su aplicación;
Que, dentro de éste espíritu y en beneficio de una mayor claridad y sencillez, se ha considerado conveniente aprobar un nuevo texto íntegro del Convenio;
Que, por otra parte, y en la misma línea antes expresada, corresponde declarar a éste Convenio abierto para la adhesión de las jurisdicciones que por cualquier causa no lo suscriban en éste acto.
Por todo ello y “ad referendum” de los poderes locales competentes de cada una de las jurisdicciones intervinientes, los representantes de las provincias antes mencionadas;
CONVIENEN Y ACUERDAN lo siguiente:
AMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
ARTICULO 1º.- Las actividades a que se refiere el presente Convenio son aquellas que se ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas ya sea que las actividades las ejerza el contribuyente por sí o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etcétera, con o sin relación de dependencia. Así se encuentran comprendidas en él los casos en que se configure alguna de las siguientes situaciones:
a) Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en otra u otras, ya sea parcial o totalmente;
b) Que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección y administración se ejerza en otra u otras;
c) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen ventas o compras en otra u otras;
d) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones o prestaciones de servicios con respecto a personas, bienes o cosas radicados o utilizados económicamente en otra u otras jurisdicciones.
Cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del artículo 3º, pero vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en más de una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso (correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etcétera).
REGIMEN DE DISTRIBUCION DE INGRESOS
REGIMEN GENERAL
ARTICULO 2º.- Salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente, originados por las actividades objeto del presente Convenio, se distribuirán entre todas las jurisdicciones en la siguiente forma:
a) El cincuenta por ciento (50%) en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción.
b) El cincuenta por ciento (50% ) restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción, en los casos de operaciones realizadas por intermedio de sucursales, agencia u otros establecimientos permanentes similares, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatrarios, etcétera, con o sin relación de dependencia. A los efectos del presente inciso, los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1º, deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios.
ARTICULO 3º.- Los gastos a que se refiere el artículo 2º, son aquellos que se originan por el ejercicio de la actividad. Así, se computarán como gastos los sueldos, jornales y toda otra remuneración, combustibles y fuerza motriz, reparaciones y conservación, alquileres, primas de seguros y en general todo gasto de compra, administración, producción, comercialización, etcétera. También se incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias.
No se computarán como gastos:
a) El costo de la materia prima adquirida a terceros destinados a la elaboración en las actividades industriales, como tampoco el costo de las mercaderías en las actividades comerciales. Se entenderá como materia prima, no solamente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier naturaleza que fuere que se incorpore físicamente o se agregue al producto terminado;
b) El costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización;
c) Los gastos de propaganda y publicidad;
d) Los tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas, contribuciones, recargos cambiarios, derechos, etcétera);
e) Los intereses;
f) Los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades, en los importes que excedan del uno por ciento (1%) de la utilidad del balance comercial.
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