Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 9.117/1978
Sustitúyense los artículos 6 y 12 de la Ley 8.613, por los siguientes:
“ Artículo 6 .- El ejercicio de las facultades que se declaran de competencia de los Intendentes Municipales requerirá la autorización de la Secretaría de Asuntos Municipales en los siguientes casos:
1) Constitución de consorcios y convenios con la Nación y entes privados.
2) Formación de Cooperativas con capital de la Municipalidad y con aportes de los usuarios.
3) Contratación de empréstitos a formalizar con entidades que no sean oficiales.
4) Trasmisiones a título gratuito u oneroso y constitución de gravámenes sobre los bienes inmuebles municipales.
5) Concesiones de uso de los bienes públicos municipales.
6) Aceptación de donaciones con cargo.
7) Expropiaciones.
8) Otorgamiento de concesiones de servicios públicos y permisos para la prestación de servicios públicos en forma directa, en situaciones de emergencia. El Intendente no necesitará la autorización para trasladar a los servicios públicos municipales, los valores tarifarios aprobados por la Provincia para servicios análogos.
9) Compromiso de fondos por más de un ejercicio.
10) Zonificación, reglamentaciones y/o Códigos de edificación, planes reguladores y de desarrollo urbano.
11) Separación del cargo al Contador Municipal, Tesorero y Jefe de Compras.”
“ Artículo 12 .- Las obras públicas que se realicen por contrato con terceros, aun aquéllas respecto de las cuales se impone la percepción de su costo a los beneficiarios, sólo podrán ser adjudicadas cumplido el requisito previo de la licitación. Sin embargo, podrán contratarse directamente, sin tal requisito, cuando:
a) Se contrate con reparticiones oficiales y entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria.
b) Se trate de obras de costo cubierto por las que no se imponga contribución a los vecinos no adherentes.
c) Se trate de obras de infraestructura realizadas por cooperativas o asociaciones de vecinos con percepción del costo directamente de los beneficiarios.
d) Su justiprecio no exceda el monto establecido en el artículo 133, primer párrafo del Decreto-Ley 6769/58.
e) Se trate de trabajos de urgencia reconocida u obedezcan a circunstancias imprevistas que demandaren una inmediata ejecución.
f) Se haya realizado una licitación y no haya habido proponentes o no se hubieren hecho ofertas convenientes.
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