Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 9.140/1978
El Fiscal de Estado podrá desistir de los juicios o no iniciar la respectiva acción, cuando el importe del capital reclamable fuere inferior al cincuenta (50) por ciento del salario mensual mínimo vigente para el personal administrativo de la Administración Pública. En tales casos, o cuando se ignore el domicilio del deudor y no se conociese la existencia de bienes en la Provincia, el Fiscal de Estado podrá disponer el embargo de bienes del deudor o su inhibición general de bienes anotando la medida precautoria en el Registro de la Propiedad o en el que correspondiere. El capital a computarse para el ejercicio de la facultad otorgada, será el original del crédito, sin actualización de valor o intereses.”
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