Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 9.140/1978
Las acciones judiciales para la percepción de impuestos podrán ser encomendadas por el Fiscal de Estado a abogados que no pertenezcan al organismo. Dichos representantes no integran la Administración Pública, ni les son aplicables las disposiciones del Estatuto para el Empleado Público. No percibirán honorarios o compensación alguna de la Provincia, en ningún supuesto, por el desempeño del mandato, siendo de su exclusiva cuenta los gastos en que deban incurrir para el ejercicio del poder. Sólo percibirán los honorarios que corresponda abonar a la parte ejecutada.
El Fiscal de Estado podrá revocar el mandato otorgado cuando lo estime conveniente, sin que fuere necesario invocar causal alguna. Esta decisión no acordará derecho a reclamo alguno por parte de los mandatarios.”
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