Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 9.229/1978
Dentro de un plazo máximo de tres (3) años a computar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, todos los edificios y demás instalaciones complementarias, en los que funcionen Juzgados de Paz y sus dependencias, deberán encontrarse afectados al Poder Judicial y los gastos que ellos devenguen serán asumidos por éste.
La Suprema Corte de Justicia y las autoridades municipales formalizarán los convenios necesarios para que el Poder Judicial se haga cargo de la conservación, mantenimiento y demás erogaciones originadas por los inmuebles de propiedad municipal ocupados por los Juzgados de Paz, y asuma el pago del alquiler de aquellos locados a particulares por los municipios con el mismo destino y de cualquier otra obligación hacia terceros contraída por las municipalidades para proveer instalaciones a tales Juzgados.
El Poder Ejecutivo adoptará los recaudos necesarios para que los sucesivos presupuestos provinciales cuenten con la previsión de recursos indispensables para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dentro del plazo máximo fijado.
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