Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 9.550/1980
El funcionario o empleado policial que, por una acción u omisión culpable o dolosa que le sea imputable, ocasione un daño a los bienes patrimoniales de la Institución, estará obligado al pago del mismo sin perjuicio de la sanción disciplinaria pertinente, en la forma que establezca la Ley de Contabilidad y la reglamentación de la presente Ley.
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