Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 9.573/1980
No podrán ejercer las funciones de Administrador y Sub-Administrador General:
a) Los condenados en causa criminal por delitos comunes.
b) Los concursados civilmente a los declarados en estado de quiebra.
c) Los comprendidos en las inhabilidades de orden ético o legal que para los funcionarios de la Administración Pública establezca la legislación vigente.
d) Los que se encuentran desempeñando cargos electivos nacionales, provinciales o municipales.
e) Los que por el desarrollo de sus actividades privadas estén ligados directa o indirectamente a empresas proveedoras de elementos o a adjudicatarios de licitaciones en las que intervenga el Instituto.
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