Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 9.683/1981
La ejecución de las sentencias judiciales que condenen a la Provincia de Buenos Aires, incluidas sus entidades autárquicas, empresas del Estado o cualquier otra categoría de personas jurídicas estatales, o a las Municipalidades, podrá ser suspendida o sustituida a petición formulada dentro de los diez (10) días de encontrarse firmes, fundada en graves motivos de interés público, con la declaración de estar dispuesta la autoridad peticionante a indemnizar los perjuicios que se causaren.
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