Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 9.927/1983 · 1983
DECRETO-LEY 9927/83
LA PLATA, 15 de MARZO de 1983.
VISTO lo actuado en el expediente número 2100-18.266/83 y el Decreto Nacional número 877/80; en ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la Junta Militar,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
Establécese un régimen especial de emergencia, destinado a implementar las acciones tendientes a la reparación de los daños producidos o que se produzcan en la Provincia de Buenos Aires, como consecuencia de las inundaciones provocadas por la crecida del Río Paraná.
Créase la “Comisión Provincial de Emergencia”, que tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) Evaluar los alcances del daño causado, parcial y globalmente.
b) Analizar las propuestas de las “Comisiones Locales de Emergencia”, y disponer las medidas conducentes a paliar la situación.
c) Disponer medidas de prevención, con el propósito de disminuir los daños que pudiera causar la situación imperante.
d) Establecer prioridades en las acciones a desarrollar.
La “Comisión Provincial de Emergencia” será presidida por el Señor Gobernador, o por el funcionario en quien delegue dicha función; e integrada por los señores Ministros Secretarios del Gabinete Provincial e Intendentes de las zonas involucradas.
El Poder Ejecutivo a los fines de la presente Ley, determinará la creación de una “Comisión Local de Emergencia”, en cada uno de los Partidos afectados por los desbordamientos.
La “Comisión Local de Emergencia”, tendrá como misión:
a) Estudiar y proponer al Poder Ejecutivo, a través de la “Comisión Provincial de Emergencia”, la determinación de áreas, actividades comerciales, agropecuarias o contribuyentes alcanzados por la emergencia.
b) Proponer medidas de prevención, con el propósito de evitar mayores daños.
c) Colaborar con las autoridades competentes, en la actividad de contralor de los procesos vinculados a la comercialización de bienes y prestación de servicios que satisfagan necesidades de la población afectada, en particular en lo relativo a la elevación artificial de precios, acaparamiento de materias o productos, negativas de ventas de bienes o prestación de servicios y desviación del abastecimiento local.
d) Determinar la magnitud de los daños producidos.
e) Captar las propuestas de la población y de las entidades locales, elevándolas informando su viabilidad.
f) Determinar situaciones y prioridades susceptibles de preferente atención.
La “Comisión Local de Emergencia” será presidida por el Intendente Municipal e integrada por un representante de:
a) Policía de la Provincia de Buenos Aires.
b) Junta Municipal de Defensa Civil.
El Poder Ejecutivo invitará a integrar cada Comisión a un miembro en actividad de las Fuerzas Armadas y los Intendentes Municipales a representantes de entidades vecinales, cooperativas y de actividades empresarias industriales, comerciales y agropecuarias.
El Poder Ejecutivo y los Intendentes Municipales evaluaran los antecedentes con las propuestas que eleven las comisiones que se crean por la presente Ley, adoptando las resoluciones a que hubiere lugar.
Los organismos y los agentes provinciales y municipales estarán obligados a prestar la colaboración que les fuera requerida por las Comisiones creadas por la presente Ley a los fines del cumplimiento de las funciones y deberes que se les asignen.
Exímese del pago de Impuesto de Sellos a las operaciones que realicen instituciones oficiales de crédito cuando las mismas consistan en prestamos preferenciales otorgados como consecuencia de la emergencia.
Autorízase al Poder Ejecutivo y titulares de entidades autárquicas a ejecutar obras y contratar la prestación de servicios o suministros, con destino a solucionar las situaciones, o a reparar los perjuicios causados por las inundaciones, en los casos en que se encuentre comprometida la seguridad o la salud de personas o, en forma inminente, la integridad de los bienes del dominio del Estado o de los particulares si el deterioro o destrucción de estos afectare o pudiere afectar el interés publico.
Esta facultad podrá ser delegada por el Poder Ejecutivo.
La autorización conferida por el artículo anterior podrá ejercitarse directamente sin necesidad de dar cumplimiento previo a los requisitos exigidos por las Leyes 6.021, 7.764, 7.543, 8.019, como toda otra que modifique o complemente a las citadas, salvo la vista necesaria del Fiscal de Estado. a ese fin se le remitirán las actuaciones dentro de las veinticuatro (24) horas de la firma de los proyectos de contratos; la vista deberá ser expedida en el término de cuarenta y ocho (48) horas, el acto administrativo aprobatorio, deberá ser notificado al Fiscal de Estado dentro de las veinticuatro (24) horas de dictado.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las intervenciones necesarias de los organismos técnicos, previstas en las Leyes citadas en el mismo, deberán requerirse una vez finalizado el tramite administrativo a que hubiere lugar.
Dentro de los treinta (30) días de cumplido el objeto del acto dictado, la autoridad de aplicación remitirá para su aprobación, la documentación justificativa de los gastos realizados.
La evaluación de las circunstancias de hecho que den lugar a la aplicación de procedimientos de excepción establecidos por la presente Ley, corresponde a la autoridad de aplicación, quien deberá fundar la inclusión del acto en la situación establecida por el artículo 10.
Facúltase al Poder Ejecutivo a renegociar contratos de obras públicas en ejecución en los casos en que los daños causados por el fenómeno de la inundación imponga su necesidad. Los organismos competentes deberán fundar acabadamente la oportunidad y merito de la renegociación.
Crease dentro del Presupuesto General 1983, Jurisdicción 2 - Gobernación- una Partida de Subsidios Especiales con destino a los Municipios para atender casos individuales de pobladores de zonas afectadas, que hayan sufrido el deterioro o pérdida de sus bienes muebles no suntuarios de uso personal o familiar y estuvieren impedidos de reponerlos o afrontar los créditos especiales con sus ingresos habituales.
El Poder Ejecutivo establecerá y ejecutará un programa especial de reconstrucción y reparación de edificios educacionales, sanitarios y otros para dependencias públicas, que hayan resultado deteriorados por las inundaciones.
La existencia de situaciones similares dentro de la Provincia, provocadas por inundaciones, que no provengan del desborde del Paraná, dará la posibilidad a los Partidos afectados a solicitar acogimiento a los beneficios de la presente Ley, facultándose al Poder Ejecutivo a disponer su inclusión.
Facúltase al Poder Ejecutivo para efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ley, no pudiendo incrementar el total de gastos autorizados por el artículo 1 de la Ley 9.911.
Las disposiciones de la presente Ley tendrán vigencia desde el día siguiente al de su publicación y hasta el 31 de Diciembre de 1983.
Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Oficial y archívese.
Fin del texto
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