Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 9.927/1983
Autorízase al Poder Ejecutivo y titulares de entidades autárquicas a ejecutar obras y contratar la prestación de servicios o suministros, con destino a solucionar las situaciones, o a reparar los perjuicios causados por las inundaciones, en los casos en que se encuentre comprometida la seguridad o la salud de personas o, en forma inminente, la integridad de los bienes del dominio del Estado o de los particulares si el deterioro o destrucción de estos afectare o pudiere afectar el interés publico.
Esta facultad podrá ser delegada por el Poder Ejecutivo.
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