Abriendo la norma
(Texto según Ley 13791) El pago de las pensiones se suspenderá automáticamente cuando se compruebe fehacientemente cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Existencia de incompatibilidad con otros beneficios.
b) Omisión por parte del beneficiario de las declaraciones juradas, los informes, los certificados, los antecedentes y cualquier otra documentación oportunamente solicitada por la Dirección de Prestaciones Sociales no Contributivas o cualquier otro organismo competente en esta materia, dentro de los plazos establecidos por esta ley y su reglamentación.
c) Ausentarse de la Provincia, siempre que la ausencia no exceda de tres (3) meses consecutivos, en cuyo caso declarará la caducidad del beneficio. Están excluidas de esta disposición aquellas personas que hubieran recabado previamente autorización del Organismo de Aplicación.
d) En el caso que las madres o los tutores de los menores pensionados en edad escolar no envíen a éstos a la escuela, se suspenderá temporariamente el pago de los beneficios hasta que se cumpla con esa obligación legal, sin perjuicio de iniciar los trámites correspondientes para obtener la concurrencia de los menores a los establecimientos educacionales.
e) Cuando el beneficiario titular dejare de percibir el monto de la pensión durante tres (3) meses sin causa debidamente justificada.
f) Cuando el beneficiario de pensión por invalidez comience a desempeñar una relación laboral remunerada y acreditare mediante certificación oficial respectiva encontrarse tipificado en alguna de las categorías 1, 2, 3 ó 4 del Manual de Clasificación del Daño, Discapacidad y Desventaja de la Organización Mundial de la Salud, siempre que comunique tal circunstancia al Organismo de Aplicación dentro del plazo de sesenta (60) días de iniciada la actividad laboral, caso contrario se declarará la caducidad del beneficio.
Asimismo, el beneficiario deberá comunicar a la Autoridad de Aplicación el cese de la relación laboral a los efectos del alta del beneficio, la cual tendrá efecto retroactivo al día de la extinción laboral.
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