Abriendo la norma
Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:
“Artículo 20.- Ningún Juez o Tribunal de la Provincia, cualquiera sea su fuero, podrá aprobar o mandar a cumplir transacciones y conciliaciones; hacer efectivos los desistimientos, dar por cumplidas las sentencias, ordenar trámites de entrega, adjudicación o transferencia de bienes de cualquier clase que fuere, ordenar cancelación de hipotecas y prendas y el levantamiento de embargos, inhibiciones, medidas cautelares u otros gravámenes, devolver oficios o exhortos de extraña jurisdicción, sin antes haberse pagado los honorarios y aportes y contribuciones que correspondan por la presente ley, de conformidad con su regulación o con su convenio dentro del arancel, con respecto a los profesionales de las partes a quienes beneficie la medida. Tampoco darán por terminado un juicio o disponer su archivo, sin antes haberse cumplido con las obligaciones expresadas.
El afianzamiento del pago de los honorarios con depósitos, garantía real o embargo suficiente a criterio judicial, sólo podrá admitirse si se acreditare el pago de los referidos aportes y contribuciones.
Quedarán excluidas de esta exigencia, si a ello optare el profesional, las actuaciones judiciales realizadas en representación o patrocinio de ascendientes, descendientes -consanguíneos o afines-, cónyuge y hermanos, cuyos honorarios fueren exclusivamente a cargo de los mismos. La opción en el caso tendrá el efecto de renuncia definitiva a la regulación y cobro de los honorarios correspondientes.”
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