Abriendo la norma
(Txto según Ley 15391) Las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que los o las contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Autoridad de Aplicación, son secretos, así como los juicios ante el Tribunal Fiscal, en cuanto en ellos se consignen informaciones referentes a la situación u operaciones económicas de aquéllos o a sus personas o a las de sus familiares.
Los y las magistrados/as, funcionarios/as, empleados/as judiciales o de la Autoridad de Aplicación están obligados a mantener, en el ejercicio de sus funciones, la más estricta reserva, con respecto a cuanto llegue a su conocimiento en relación con la materia a que se refiere el párrafo anterior, sin poder comunicarlo a nadie, salvo a sus superiores jerárquicos o, si lo estimare oportuno a solicitud de los y las interesados/as.
Las informaciones antedichas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales debiendo los/las jueces/juezas rechazarlas de oficio, salvo las cuestiones de familia o en los procesos penales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen, debiendo disponer el juez correspondiente el levantamiento expreso del secreto fiscal, o que las solicite expresamente el o la interesado/a, siempre que la información no revele datos referentes a terceros.
La divulgación o reproducción de la información en contravención a lo dispuesto por este artículo hará pasible al responsable de la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal.
La información amparada por el secreto fiscal contenido en este artículo se encuentra excluida del derecho de acceso a los documentos administrativos en los términos de la Ley N° 12.475 y/o aquella que la modifique o sustituya.
El deber de secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por la Autoridad de Aplicación para la fiscalización de obligaciones tributarias diferentes de aquellas para las cuales fueron obtenidas, ni subsiste frente a pedidos de informes de otros organismos de la administración pública provincial en ejercicio de sus funciones específicas, las Municipalidades de la Provincia o, previo acuerdo de reciprocidad, del Fisco Nacional u otros fiscos provinciales.
No se encuentra alcanzada por el deber de Secreto Fiscal la información vinculada a la registración y publicidad del estado de hecho de la cosa inmueble de conformidad a lo establecido por la Ley N° 10.707 y modificatorias.
Tampoco regirá el deber de secreto respecto las personas humanas y/o jurídicas con quienes la Agencia de Recaudación contrate y/o encomiende la realización de tareas de índole administrativo, relevamientos estadísticos, auditorías de gestión, sistemas informáticos procesamiento de información y cualquier otro servicio necesario para el cumplimiento de sus fines que involucre el conocimiento o acceso a la información incluida en el presente artículo. En estos casos, deberá suscribirse con carácter previo al suministro de la información, un acuerdo de confidencialidad cuyo contenido será establecido por la Autoridad de Aplicación.
Sin perjuicio de ello, las personas humanas y/o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior que divulguen, reproduzcan o utilicen la información suministrada u obtenida con motivo o en ocasión de la tarea encomendada por el Organismo, serán pasibles de la pena prevista en el marco del Código Penal.
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