Abriendo la norma
Sustitúyase el artículo 3º del Decreto-Ley 9.229/78 (Texto según Decreto-Ley 9.682/81) por el siguiente:
"Artículo 3º.- El procedimiento ante
la Justicia
de Paz se regirá por el Código Procesal Civil y Comercial, con las siguientes especificaciones:
1. No se admitirá recusación sin expresión de causa en ningún supuesto.
2. La representación en juicio podrá instrumentarse mediante acta labrada ante el Secretario, con la comparencia del poderdante y del profesional que actuará como apoderado, con excepción de los juicios de homologación de acuerdos de división de la sociedad conyugal, desalojos, apremios, juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, medidas preparatorias y prueba anticipada, medidas cautelares y sucesiones " ab intestato " o testamentarias, cuando el valor pecuniario de dichos procesos conforme a las pautas del Decreto-Ley 8.904/77 superare los ciento cincuenta (150) " jus ".
3. En caso de reconvención, si ésta excediere los límites de la competencia del Juez de Paz y mediare conexidad con la acción, éste deberá declararse incompetente para conocer en ambas pretensiones remitiendo las actuaciones al Juez de Primera Instancia que corresponda. Si no mediare conexidad , se declarará incompetente sólo respecto de la reconvención.
4. Cuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.284º del Código Civil, se entablaren acciones que por su naturaleza excedan la competencia atribuida a
la Justicia
de Paz Letrada, el Juez se declarará incompetente para conocer en ambos procesos y remitirá las actuaciones al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial que corresponda de acuerdo al último domicilio del causante.
5. La competencia reconocida a los Jueces de Paz Letrados en materia de Habeas Corpus es sin perjuicio de lo establecido por el artículo 404º del Código de Procedimiento Penal.
6. El actor o peticionario que tenga domicilio real en el ámbito del territorial de competencia del Juzgado de Paz letrado pertinente, tiene derecho de opción, cuando éste fuere competente con arreglo a lo normado en el Código Procesal Civil y Comercial y la presente ley, para acudir a dicho órgano jurisdiccional o ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial que corresponda a su domicilio, con excepción de los casos contemplados en el artículo 63º párrafo 1, apartado 2, incisos b), c), d), e), f), h), j), y apartados 5 y 6. Para el caso de litis consorcio activo y cuando no existiere unificación de personería, será competente el primer Juzgado que interviniere. En el supuesto de presentación simultánea en un Juzgado de Paz letrado y en un Juzgado de Primera Instancia, entenderá este último.
7. En los conflictos de competencia en materia civil y comercial que se susciten entre dos (2) o más Jueces de Paz, o entre éstos y Jueces de Primera Instancia intervendrá
la Cámara Civil
y Comercial del Departamento Judicial que corresponda al Juez que hubiere prevenido. En caso de prevención simultánea resolverá
la Suprema Corte
de Justicia si el conflicto fuere entre Jueces de distintos Departamentos Judiciales.
8. En los conflictos de competencia en materia de faltas que se susciten entre dos (2) o más Jueces de Paz, o entre éstos y Jueces de Primera Instancia intervendrá
la Cámara
en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial que corresponda al Juez que hubiere prevenido. En caso de prevención simultánea, resolverá
la Suprema Corte
de Justicia si el conflicto fuere entre Jueces de distinto Departamento Judicial.
9. En los procesos indicados en el artículo 63º, párrafo I, apartado 2, incisos b), c), d), e), f), i), j), y apartados 5 y 6; párrafo II, incisos f) y g); y en los casos señalados por el artículo 111º de
la Ley
5.177 (Texto Ordenado por Decreto 180/87), no se requerirá el patrocinio letrado obligatorio.
10. Las personas de escasos recursos que acrediten no tener medios para abonar honorarios a un letrado particular y necesiten iniciar algunos de los procesos indicados en el artículo 63º, párrafo II incisos a), b), c), e), j) y consignación de alquileres; párrafo I, apartado 1, inciso b) y d); apartado 2, inciso a), i) y apartado 6, podrán presentarse ante el Juez de Paz letrado quien procederá a designar un Defensor de Pobres, de acuerdo al procedimiento previsto por el artículo 91º de
la Ley
5.827.
11.
La Reglamentación
de
la Suprema Corte
de Justicia podrá fijar aranceles para los trámites de certificaciones de firmas y de autenticidad de copias de documentos, cuando lo sean de actos jurídicos relativos a operaciones de compra-venta, cesiones a título oneroso de inmuebles o automotores o de contratos de locación. Los ingresos que se obtuvieren serán para un fondo especial destinado a infraestructura de
la Justicia
de Paz Letrada administrado por
la Suprema Corte
de Justicia".
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