Abriendo la norma
Todo acto de dolo o fraude que se verifique por cualquiera de los ciudadanos que por esta Ley son llamados a desempeñar funciones públicas, desde la organización del padrón hasta la aprobación de la elección, será punible con una multa de cinco a diez mil pesos, o en su defecto prisión de un mes a un año, y en ambos casos con inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargos públicos.
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