Abriendo la norma
Declárase en estado de emergencia administrativa, económica y financiera a toda la Administración Pública Provincial Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas, y todo otro Ente en que el Estado Provincial tenga participación de cualquier naturaleza en lo que respecta al ámbito provincial.
La emergencia declarada tendrá un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación de la presente. Autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar, por única vez, el plazo de vigencia por igual período.
Quedan comprendidos en esta ley todos los Organismos detallados en el presente artículo, aún cuando sus Estatutos, Cartas Orgánicas o leyes especiales requieran una inclusión expresa para su aplicación.
El régimen de la presente ley regirá para aquellos Entes en los que el Estado Provincial se encuentre asociado con uno o varios Municipios, siempre y cuando éstos últimos se adhieran expresamente.
La aplicación de la presente ley se hará extensiva a los Municipios en el ámbito de su competencia, y de acuerdo a sus facultades, cuando se adhieran por medio de las correspondientes Ordenanzas.
A todos los efectos de la presente ley, las consecuencias de la declaración en estado de emergencia administrativa, económica y financiera, en tanto autoricen a modificar o rescindir contratos y/o obligaciones vigentes, se entenderán equiparadas al caso fortuito o fuerza mayor. Los actos realizados como consecuencia de esta declaración tienen por objeto y límite lograr una distribución equitativa de las cargas y esfuerzos entre todos los sectores, con un criterio de corresponsabilidad y justicia social, impulsando una estricta racionalización del gasto público.
CAPITULO IICONTRATACIONES DEL ESTADO PROVINCIAL Y SUS ENTES AUTARQUICOS Y DESCENTRALIZADOS
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