Abriendo la norma
Los suscriptores originales de los Bonos de Consolidación podrán cancelar a la par con los Bonos que reciban en pago sus acreencias, las deudas vencidas o refinanciadas con anterioridad al 1° de Abril de 1991 que ellos o cualquiera de los integrantes de un mismo grupo o conjunto económico, definido en las condiciones que determine
la Reglamentación
, tuvieren con cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 2° de la presente ley , hayan sido o no reconocidas administrativa o judicialmente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, con excepción de las deudas impositivas respecto de las cuales se estará a lo dispuesto en los párrafos siguientes o de aquellas derivadas de sanciones.
Quedan excluidas las obligaciones que corresponden:
a) A los contribuyentes y responsables contra quienes existiera denuncia por los delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros.
b) A las obligaciones que se indican en el inciso anterior cuando su incumplimiento guarde relación con los delitos comunes que fueran objeto de causas penales en las que se hubiera ordenado el procesamiento de funcionarios o de ex funcionarios estatales.
c) A las actualizaciones, los intereses, las sanciones y los accesorios correspondientes a los conceptos mencionados en los incisos anteriores.
d) A los agentes de recaudación por impuestos retenidos y no depositados después de haber vencido los plazos en que debieron hacerlos ingresar al Fisco, así como las multas aplicadas por tales conceptos.
Los suscriptores originales podrán cancelar con dichos títulos a la par:
1) Los Impuestos provinciales cuyo hecho imponible se perfeccione en razón del cobro de los créditos consolidados en Bonos o por su tenencia futura.
2) Las obligaciones propias comprendidas en el primer párrafo de este artículo aún cuando se determinen o liquiden por los Organismos mencionados con posterioridad a la vigencia de la ley. En este caso, el suscriptor podrá optar por cancelar por este medio en un plazo de 30 días comenzando a regir dicho plazo a partir de la fecha de determinación o liquidación administrativa firme y será de aplicación lo previsto en cuanto a allanamiento, renuncia y pago de costas.
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