Abriendo la norma
Establécese la vigencia del inciso g) del artículo 10 incorporado por el artículo 3º de la presente ley desde el 1º de enero de 1992. A cuyo efecto, los pagos efectuados en concepto de multas hasta la fecha de aplicación de la presente ley podrán ser recalculados excepcionalmente a pedido escrito del empleador dentro de los ciento veinte (120) días de dicha fecha, aplicándose la escala al veinticinco por ciento (25%) únicamente cuando surgieren diferencias a favor del solicitante, imputándose el crédito resultante a obligaciones vencidas. Cumplido dicho plazo las multas abonadas quedarán firmes.
Los empleadores que con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente hayan presentado declaraciones juradas, comprobantes de depósitos, y toda otra documentación requerida y que no hubieren efectivizado las multas correspondientes, podrán solicitar dentro de los ciento veinte (120) días siguientes, la regularización de tal incumplimiento al cincuenta por ciento (50%) de la escala.
En los casos que no se hubiere presentado la documentación señalada y lo hicieran dentro del plazo anterior, será de aplicación la citada escala reducida al setenta y cinco por ciento (75%).
El Instituto de Previsión Social establecerá el plazo de cancelación en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º inciso m), pudiéndose establecer en caso de incumplimiento la vía de apremio o retención, cuando así correspondan.
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