Abriendo la norma
Las transgresiones a esta ley que signifiquen perjuicio económico al fisco harán responsable previa actuación sumarial al propietario o representante legal a quienes se aplicarán multas por el triple del monto en que resulte afectado el erario provincial, conjuntamente con la inhabilitación por el término de uno a tres años para actuar en tal carácter en servicios educativos de gestión privada.
Como accesorios de estas sanciones podrá ser dispuesta la cancelación de la autorización, incorporación o reconocimiento acordado al servicio educativo, la que se hará efectiva cuando la gravedad del caso lo justifique, en el momento en que finalizadas las actuaciones sumariales la Dirección General de Cultura y Educación compruebe las irregularidades que las ocasionaron.
Al efecto de la aplicación de este artículo se mantendrá el registro de inhabilitados.
(Texto incorporado según ley 11830) El importe de las multas ingresará al Fondo Provincial de Educación constituido.
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