Abriendo la norma
Sustitúyese en la Ley de Apremio, Decreto-Ley 9122/78, el Artículo 3°, por el siguiente:
Artículo 3°: Hasta tanto no se establezca el fuero contencioso administrativo, conforme lo dispuesto en los artículos 166, último párrafo y 215, primer párrafo de la Constitución de la Provincia, serán competentes a los efectos de los juicios contemplados en la presente Ley, los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial que correspondan al domicilio fiscal del obligado en la Provincia, o el que corresponda al lugar de cumplimiento de la obligación o el del lugar en que se encuentren los bienes afectados por la obligación que se ejecute, a elección del actor. En ningún caso, la facultad que el Fisco confiera a los contribuyentes para el pago de sus obligaciones fuera de la jurisdicción provincial, podrá entenderse como declinación de esta última. En el caso de existir varios créditos contra una misma persona, podrán acumularse en una ejecución, también a elección del actor. No es admisible la recusación sin causa.”
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