Abriendo la norma
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DECRETO 1446/96
La Plata 27 de mayo de 1996.
VISTO el expediente número 2.300-900/95, por el que tramita la promulgación de un proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura el día 2 de mayo del corriente año, que introduce modificaciones a la Ley 10.397 (Código Fiscal) y a los Decretos Leyes 9.122/78 –Apremio-, 7.543/69 –Orgánica de la Fiscalía de Estado- y 7.603/70 –Tribunal Fiscal de Apelación- y,
CONSIDERANDO
Que el texto aprobado por el Poder Legisferante de modificaciones al Código Fiscal, en su artículo 18, ha variado los términos del proyecto de reformas al artículo 49 remitido por el Poder Ejecutivo mediante Mensaje 874;
Que con la variación introducida, pueden generarse situaciones susceptibles de paralizar el accionar de la Autoridad de Aplicación en materia de procedimiento fiscal;
Que en efecto, el artículo 49 de la Ley 10.397 y sus modificatorias (T.O. Resolución 339/94), describe diversos supuestos o circunstancias donde se presume la intención de defraudar al Fisco;
Que si se relacionaba la norma local con el articulado de la Ley 23.771, que era el vigente al momento de elaboración del proyecto de reformas de la Ley tributaria provincial, se daba el caso que dichas situaciones encuadraban en las previsiones de la norma penal tributaria nacional;
Que era necesario concluir con la adecuación de las normas de la Provincia a todo el sistema prescripto en la Ley 23.771, uno de los cuales es la prejudicialidad establecida en el segundo párrafo del artículo 16, según el cual: “La promoción de causa penal no impedirá la sustanciación de los procedimientos administrativos, vinculados con los mismos hechos, pero no podrá dictarse resolución administrativa antes de que haya quedado firme la sentencia judicial, la que constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos”;
Que por su lado, la primera parte del párrafo tercero de dicho artículo 16 establece que: “Cuando la autoridad administrativa pertinente, de oficio o a instancia de un particular, tomare conocimiento de la presunta comisión de un delito previsto por esta Ley, lo comunicará de inmediato al juez competente, solicitando las medidas judiciales de urgencia, en caso de que lo estimare necesario para garantizar el éxito de la investigación...”;
Que cuando con posterioridad se eleven los montos mínimos para considerar aplicable la Ley penal tributaria, los cuales doctrinaria y legislativamente son conocidos como las condiciones objetivas de punibilidad, es de toda evidencia que los casos y supuestos encuadrables en la materia represiva se reducen significativamente, haciendo que muchas de las causas quedan desincriminadas por directa aplicación del principio de la Ley más benigna establecido en la parte general del Código Penal que, como es sabido, es aplicable a los delitos reprimidos por la Ley 23.771;
Que la eliminación directa del primer párrafo realizado por el legislador, sin otra aclaración y el mantenimiento del resto del artículo como se lo remitió oportunamente al Poder Legislativo, vacía de todo contenido al artículo 49 y lo convierte en una norma obstaculizadora de los procedimientos determinativos de oficio y sumariales, dado que no es aventurado imaginarlo, cualquier administrado que se halle bajo dichos procedimientos podría creerse con derecho a encontrarse incluido en los términos aprobados, para sostener que la Autoridad de Aplicación no estaría en condiciones de dictar la resolución administrativa respectiva, la que quedaría suspendida hasta que la sentencia judicial haya quedado firme;
Que para mayores dificultades, como la Autoridad de Aplicación no podría formular denuncias de hechos o actos no punibles, como que les falta la acción típicamente antijurídica y culpable exigida como condición para ello –tanto en el aspecto subjetivo cuanto en el puramente objetivo- se daría la paradoja de que no se puede dictar la resolución –en los casos previstos por los diversos supuestos del artículo 49 como aquéllos donde se presuma la intención de defraudar al Fisco- a la espera de la firmeza de una sentencia judicial que nunca habrá de llegar por no existir el presupuesto de hecho que justifique su dictado;
Que en consecuencia, para evitar perjuicios a la marcha de la administración tributaria, deviene necesario observar el artículo 18 del texto en consideración, manteniéndose vigente la redacción primigenia del artículo 49 del Código Fiscal, pues eliminado el primer párrafo –o no adecuado a la nueva normativa de la Ley 23.771- se convierte a la norma reformada en una que traerá mayores inconvenientes que soluciones al actuar del Estado Bonaerense en materia impositiva;
Que la objeción formulada no altera el espíritu, la unidad y sistematicidad de la propuesta en análisis;
Que en el sentido indicado se ha expedido el Ministerio de Economía y dictaminado la Asesoría General de Gobierno;
Que por lo expuesto y fundado en razones de legalidad, oportunidad, mérito y conveniencia es dable ejercer las atribuciones conferidas por los artículos 108 y 144 inciso 2) de la Constitución Provincial;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTICULO 1°: Obsérvase el artículo 18 del proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura, el día 2 de mayo de 1996, al que se hace referencia en el Visto del presente.
ARTICULO 2°: Promúlgase como Ley la citada iniciativa, con excepción de la objeción formulada en el artículo anterior.
ARTICULO 3°: Comuníquese a la Honorable Legislatura.
ARTICULO 4°: Este decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno y Justicia.
ARTICULO 5°: Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y “Boletín Oficial” y archívese
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