Abriendo la norma
II- FIJACION DE TARIFAS Y PRECIOS .
Los cuadros tarifarios y precios aplicables a los servicios que presta el Concesionario serán los establecidos y consignados en el Contrato de Concesión. Las tarifas aprobadas serán las máximas a aplicar.
Dicho contrato establecerá asimismo revisiones ordinarias quinquenales a partir del segundo quinquenio, ello sin perjuicio de las revisiones extraordinarias que pudieran corresponder.
Serán revisiones ordinarias las derivadas de:
a) Determinación de la existencia de modificaciones, ya sea en las metas como en las erogaciones de capital previstas en el POES.
b) Determinación del impacto de dichas modificaciones, si lo hubiere, y de la necesidad de modificación en más o en menos de los valores de tarifas y precios vigentes.
Serán revisiones extraordinarias las derivadas de:
a) El estudio y análisis fundado de los valores tarifarios y precios vigentes cuando se produzcan cambios singulares en la incidencia porcentual de los costos en la tarifa. A este efecto quedará fijada en el Contrato de Concesión la incidencia porcentual de los costos en la tarifa que presente el concesionario al momento de efectuar la oferta.
b) las derivadas de cambios sustanciales e imprevistos en las condiciones de prestación de los servicios en las normas de calidad de agua potable o desagües cloacales. Asimismo los cambios justificados en la relación entre inversiones en activos y costos de operación del servicio.
c) Cuando se proponga otro régimen que permita lograr incrementos de eficiencia y signifique una mejor aplicación de los principios del Art. 28-II.
Esta revisión no deberá ser un medio de penalizar al Concesionario por beneficios pasados y/o logrados en la operación de los servicios ni tampoco deberá ser usada para compensar déficit incurridos derivados del riesgo empresarial ni convalidar ineficiencias en la prestación de los servicios.
Tanto las revisiones ordinarias quinquenales como las extraordinarias serán debatidas en audiencia pública antes de su aprobación o rechazo, no pudiendo exceder el trámite de la audiencia los treinta días corridos, ni la decisión final demorar más de treinta días corridos adicionales, contados desde la finalización de aquella. El reglamento de Audiencia Pública será dictado por el ORBAS.
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