Abriendo la norma
A las resultas del juicio se trabará embargo sobre el cuarenta (40) por ciento del sueldo del funcionario suspendido. El restante sesenta (60) por ciento será percibido por el magistrado acusado hasta el momento en que el Jurado dictare su veredicto, el que de ser condenatorio traerá aparejado el cese automático de dichos pagos.
Art. 41 - Inmediatamente después de producidos los alegatos, el Presidente citará al jurado a sesión reservada a celebrarse dentro de cinco (5) días para dictar el veredicto.
Art. 42 - Constituido el Jurado en sesión reservada a efectos de dictar el veredicto, el Presidente adoptará la medidas pertinentes para que ninguno de los jurados pueda retirarse de la casa hasta que el mismo sea dictado, e inmediatamente someterá al jurado las siguientes cuestiones:
a) Está probado el hecho imputado?
b) Constituye este hecho el delito establecido en el artículo 20, inciso ... de la ley de enjuiciamiento?
c) Constituye este hecho la falta establecida en el artículo 21, inciso ... de la ley de enjuiciamiento?
d) Es el acusado responsable del delito que se ha declarado probado?
e) Es el acusado responsable de la falta que se ha declarado probada?
Estas cuestiones se propondrán tantas veces como delitos o faltas se imputen a cada acusado. El presidente someterá también al Jurado las siguientes cuestiones:
f) Debe ser destituido el acusado?
g) Deben declararse las costas a cargo del acusado?
h) Deben declararse las costas a cargo del acusador?
Art. 43 - Acto continuo el Presidente sorteará el orden que deben votar los jurados. El que resulte designado en primer término emitirá su voto sobre la primera cuestión, fundándolo por escrito. Los demás irán votando en la misma forma pudiendo adherirse dando razón circunstancial de su voto. Del mismo modo se votarán las demás cuestiones de acuerdo con el voto de la mayoría que esta ley exige, el Presidente redactará la sentencia y si no fuera observada, se procederá a firmarla por los miembros presentes del Tribunal. En caso de destitución y si correspondiere se ordenará en la sentencia que pasen las actuaciones al juez competente.
Art. 45 - El Jurado apreciará la prueba conforme a las reglas de la libre convicción. Si el veredicto fuere condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del enjuiciado e inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial. Si la remoción se fundare en hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, se dará intervención a la Justicia en lo penal.
Si fuere absolutorio, el Juez o funcionario, sin más trámite, se reintegrará a sus funciones.
Si la acusación resultare manifiestamente temeraria o maliciosa, el Jurado al dictar el veredicto podrá imponer al acusador y a su letrado patrocinante una multa de hasta diez (10) salarios mínimo vital y móvil vigente al tiempo de la resolución.
Las resoluciones del Presidente o del Jurado son irrecurribles, salvo el recurso de aclaratoria, cuando el veredicto disponga la remoción del enjuiciado, que podrá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas y lo dispuesto en materia de honorarios.
Firme el veredicto será publicado íntegramente con la sentencia en el "Boletín Oficial".
Art. 53 - El Presidente y el Secretario del Jurado pueden usar libremente los medios oficiales de comunicación de la Provincia.
Art. 55 - El Jurado celebrará sus sesiones públicas o reservadas en la sala de sesiones del Senado o en cualquier dependencia del Palacio Legislativo.
Por decisión de la mayoría de sus miembros podrá trasladarse a dependencias de la Suprema Corte de Justicia o a un local que designe en el Departamento Judicial a que corresponda al acusado."
ARTICULO 2.- Incorpórase como artículo 31 bis de la Ley 8.085 - Enjuiciamiento de magistrados, el siguiente:
"Art. 31 bis - Las resoluciones adoptadas por los Jurados de Enjuiciamiento que hicieran lugar a la formación de causa se comunicarán al Poder Ejecutivo, quien se abstendrá de aceptar las renuncias presentadas por magistrados o funcionarios sometidos a proceso de enjuiciamiento hasta tanto el Jurado no se haya expedido condenándolo o absolviéndolo de las faltas o delitos que se le imputen."
ARTICULO 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DECRETO 1779/97
La Plata, 24 de junio de 1997.
Visto el expediente 2.100-15.965/97 mediante el que tramita la promulgación de un proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura con fecha junio 5 de 1997, por medio del cual se proponen modificaciones a la Ley 8.085 (T.O. por Decreto 4.621/87) -Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados- y,
CONSIDERANDO:
Que si bien en general se comparte la iusfilosofía que inspira el proyecto en análisis, en particular, es necesario observar parcialmente la propuesta de modificación al artículo 10 del texto vigente;
Que el artículo 182 de la Constitución Provincial, establece un jurado de enjuiciamiento para los jueces de las Cámaras de Apelación y de Primera Instancia, como asimismo para los miembros del Ministerio Público, compuesto por once (11) miembros, que podrá funcionar con número no menor de seis (6), integrado y presidido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, cinco (5) abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembros de dicho tribunal y hasta cinco (5) legisladores abogados;
Que por su parte el artículo 184 de nuestra Norma Fundamental, asevera que el jurado dará su veredicto con arreglo a derecho, declarando al juez acusado culpable o no culpable del hecho o hechos que se le imputen.
Que la iniciativa sancionada, establece el requisito que para el funcionamiento del tribunal se requiere la presencia mínima de seis (6) de sus miembros, entre los cuales deberán figurar no menos de tres (3) legisladores, si los hubiere. Así también para dictar el veredicto de culpabilidad será necesario el voto coincidente de siete (7) miembros del jurado, entre los que figuren, por lo menos tres (3) legisladores, si los hubiere;
Que conforma la columna vertebral de una república democrática, el respeto al principio clásico de división de los poderes o al moderno de asignación de funciones a los órganos del Estado;
Que la Ley de Leyes Bonaerense, en el artículo 161 le ha atribuido jurisdicción originaria y de apelación a la Suprema Corte de Justicia, para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada;
Que en tal sentido, con fecha diciembre 3 de 1996, en las causas: I. 1862 e I. 1962 caratuladas: "Procuración General de la Suprema Corte de Justicia. Inconstitucionalidad, artículo 10 Ley 8.085", se ha descartado que estemos frente a una cuestión de las denominadas "políticas" y por ende tiene carácter judiciable, pudiendo entonces conocer y resolver acerca de su constitucionalidad o inconstitucionalidad;
Que en esas actuaciones se declaró la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley 8.085 por infracción a los artículos 182, 184 y 186 de la Constitución Provincial y la no aplicación del mismo en los casos concretos que motivaron dichos obrados;
Que el fundamento de las dos inconstitucionalidades, dimana de la exigencia legal de que, para formar quórum mínimo para funcionar, cuanto para dictar veredicto de culpabilidad, se impone la presencia -en el primer caso- y la concurrencia de votos en el segundo, de tres (3) legisladores, privilegiándose de esta forma la presencia y el voto de los señores legisladores, que en número de tres (3) cuando menos, deberán estar presentes para el funcionamiento y votar positiva y coincidentemente en ese mismo número, para el caso de dictarse veredicto de culpabilidad;
Que por lo expuesto y siguiendo la doctrina sentada por el mencionado Tribunal, "no pueden establecerse, por vía legislativa, disposiciones que impliquen modificación del modo de integración y funcionamiento del jurado, pues sólo le cabe a la Legislatura -y la fórmula constitucional es precisa y contundente- reglamentar "el procedimiento que ante él debe observarse" (Art. 186), de manera que dicha potestad reglamentaria no autoriza a legislar más allá. Asimismo, ha señalado que el veredicto no forma parte del procedimiento que ante el jurado debe observarse, sino que constituye la decisión misma del órgano en ejercicio de la función constitucionalmente encomendada;
Que transgrede la pirámide constitucional, cualquier discriminación que, al respecto, se establezca por norma inferior, desnaturalizando un dato esencial del sistema de enjuiciamiento contemplado por la Ley de Leyes, siendo por ende irrazonable y excesivo;
Que si bien dichas sentencias no invisten el carácter de derogatorias, siendo la Suprema Corte el intérprete final y genuino de la Constitución, es menester aplicar una adecuada hermenéutica que mantenga el equilibrio de las funciones estaduales y asumir en esta etapa de colegislador, la obligación que impone objetar parcialmente el artículo 10 del proyecto en consideración;
Que la observación parcial efectuada es procedente, pues no altera el espíritu, la unidad y sistematicidad del texto sancionado;
Que fundado en razones de constitucionalidad, oportunidad, mérito y conveniencia, es necesario hacer uso de las facultades atribuidas por los artículos 108 y 144 inciso 2 de la Constitución Provincial.
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Art. 1º - Vétase del proyecto sancionado por la Honorable Legislatura con fecha junio 5 de 1997 y a que hace referencia el Visto del presente, en la propuesta de modificación al artículo 10 de la Ley 8.085 (T. O. por Decreto 4.621/87), las siguientes frases: "..., entre los cuales deberán figurar no menos de tres (3) legisladores, si los hubiere", como asimismo "..., entre los que figuren, por lo menos tres (3) legisladores, si los hubiere."
Art. 2º - Promúlgase como ley la iniciativa sancionada, con excepción de la observación realizada precedentemente.
Art. 3º - Comuníquese a la Honorable Legislatura.
Art. 4º - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno y Justicia.
Art. 5º - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al "Boletín Oficial" y archívese.
DUHALDE
J. M. Díaz Bancalari
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