Abriendo la norma
El Estado Provincial, a través del Poder Ejecutivo, podrá adherir a los convenios de colaboración, reciprocidad y transferencia de condenados o liberados que el Poder Ejecutivo Nacional acuerde con otros países, siempre que su adhesión favorezca a los intereses de la provincia y sea concordante con su política penitenciaria y postpenitenciaria.
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