Abriendo la norma
Autorízase al Poder Ejecutivo a convenir la reformulación de los términos de contratos de obra pública en ejecución a la entrada en vigencia de la presente Ley, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, sus unidades Ejecutoras y/u Organismos Descentralizados, a fin de adecuarlos a las mejores posibilidades financieras de la Provincia y siempre que ello no implique aumentar el costo total contratado en cada caso, a excepción del costo financiero originado en la misma reformulación.
Quedan excluidas de la reformulación contractual las obras que ejecutan los Municipios por administración, cualquiera sea la denominación del Plan de Obras.
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