Abriendo la norma
El joven sujeto a proceso penal gozará de todos los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados e Instrumentos Internacionales suscriptos y ratificados por el país, comprendida la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Provincial y el Código de Procedimiento Penal de la Provincia y en especial a:
1. Ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, que incluye el derecho a que se proteja su integridad personal y su intimidad personal sea respetada;
2. Que se observen las reglas del debido proceso, especialmente a que se presuma su inocencia hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado;
3. Ser informado de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no declarar contra sí mismo y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, tutores o responsables y su defensor;
4. No ser interrogado por autoridades policiales, militares, civiles o administrativas;
5. No ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
6. Recibir información clara y precisa de todas las autoridades intervinientes del Fuero, sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, así como del contenido y de las razones, incluso ético-sociales de las decisiones, de tal forma que el procedimiento cumpla su función educativa.
7. Ser asistidos por un abogado defensor particular u oficial desde el primer momento del procedimiento, siendo inviolable el derecho a la defensa y las garantías del procedimiento. En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al imputado.
8. La violación de un derecho o garantía hace nulo el acto, que no podrá hacerse valer en el juicio en perjuicio del imputado. Estas nulidades serán declarables de oficio, o a petición de parte.
9. Contar con la asistencia profesional, además de la jurídica, necesaria para su defensa y con un intérprete, si fuera necesario;
10. No ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación;
11. El joven tiene derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial e independiente en juicio oral y contradictorio respetando las reglas de inmediación.
El proceso deberá ser reservado y realizado en un plazo razonable y fundamentado sobre las bases de la responsabilidad del acto.
12. Ser cuidado por sus padres durante el procedimiento, salvo cuando el interés superior del joven aconseje lo contrario;
13. No ser declarado responsable sino en virtud de un juicio legalmente sustanciado, por un delito tipificado por la ley con anterioridad al hecho que se le imputa;
14. No ser juzgado más de una vez por el mismo hecho.
15. No ser privado ilegalmente de su libertad, ni ser limitado en el ejercicio de sus derechos más allá de los fines, alcances y contenidos de cada una de las medidas que se le deban imponer, de conformidad con la presente ley.
16. Que la privación de libertad sea sólo una medida de último recurso y por el período mas breve que proceda, debiendo cumplirse en instituciones específicas para jóvenes, separadas de las de adultos, a cargo de personal especialmente capacitado, donde será tratado con la humanidad y respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, teniendo en cuenta las necesidades de su edad.
17. Tendrá derecho a comunicarse personalmente con la autoridad judicial, a recibir visitas e intercambiar correspondencia con su familia, al estudio y la recreación.
18. Que las sanciones sean racionales, en proporción al hecho punible atribuido y a sus consecuencias.
19. Que no se registren antecedentes judiciales, ni policiales que perjudiquen su dignidad.
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