Abriendo la norma
El acogimiento al presente régimen importa el desistimiento de la acción y del derecho de todos los recursos administrativos y judiciales que se hubieren promovido, referente a las obligaciones que se regularizan.
Encontrándose en trámite de apremio, el obligado que regularice la deuda en los términos de la presente ley, deberá hacerse cargo de las costas y gastos causídicos simultáneamente con la formalización de la presentación, debiendo acreditar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios profesionales devengados.
La base de regulación de los honorarios profesionales de los apoderados fiscales, que no se encuentren regulados y firmes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, será el monto de consolidación de la deuda, pudiendo ser abonados hasta diez (10) cuotas mensuales y consecutivas.
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