Abriendo la norma
La realización de toda obra o actividad pública o privada que produzca o sea susceptible de producir efectos negativos al ambiente, declarado Paisaje Protegido o Espacio Verde, y/o a sus recursos naturales deberá obtener la autorización correspondiente expedida por la autoridad competente, previa presentación obligatoria de una evaluación de impacto ambiental, que aprobará la autoridad ambiental que corresponda.
En la misma se tendrá especial consideración en los siguientes puntos, con carácter restrictivo:
1. Loteos y división de tierras, excepciones al Código de Ordenamiento Urbano.
2. Uso extractivo del suelo.
3. Obras hidráulicas, viales e instalaciones de producción y transporte de energía.
4. Contaminación de los recursos naturales.
5. Estabilidad y aprovechamiento de masas forestales.
6. Ubicación y construcción de urbanizaciones, centros recreativos, deportivos y turísticos.
7. Establecimientos industriales o comerciales en el lugar o en zonas aledañas.
8. Cualquier otra actividad que por vía reglamentaria se determine.
Previo a la autorización de la obra o emprendimiento por la autoridad competente, el municipio correspondiente deberá recepcionar y considerar las observaciones fundadas que hayan sido emitidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas en opinar sobre el impacto ambiental del proyecto.
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