Abriendo la norma
Suspéndanse por el plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todos los trámites de ejecución de sentencias judiciales que, condenen al pago de sumas de dinero, al Estado Provincial, incluidos organismos centralizados y/o descentralizados, autónomo, autárquicos, de la Constitución, de previsión y asistencia social, empresas del Estado, sociedades del Estado o sociedades en que el Estado Provincial tenga una participación no inferior al cincuenta por ciento (50%) del capital debiendo disponerse de oficio dicha medida, así con el levantamiento definitivo de toda cautelar dictada en el proceso. Vencido en plazo citado, el cobro del crédito resultante de la sentencia de que se trae, se ajustará a las normas aplicables o a las que se dicten a ese efecto.
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