Abriendo la norma
El Poder Ejecutivo deberá desarrollar, dentro del plazo previsto en el artículo 1, un sistema de control de la velocidad, que asegure los derechos y garantías constitucionales de los presuntos infractores y guarde armonía con los límites de velocidad existentes en las restantes provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para las rutas, caminos y autopistas de sus respectivas jurisdicciones.
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