Abriendo la norma
(Ley 13154 prorroga hasta el 31/12/04 el presente art.) Autorizase al Poder Ejecutivo a modificar las condiciones financieras de los contratos de prestamos subsidiarios correspondientes a:
1) El Programa de Agua Potable y Saneamiento –VI Etapa- financiado por el Préstamo 857/OC.AR del Banco Interamericano de Desarrollo con participación de los Gobiernos de la Nación Argentina y de la Provincia de Buenos Aires quienes suscribieron el Convenio y Acuerdo Complementario el 21 y 24 de abril de 1996, ratificado por la Ley Nº 11.697; y a
2) El Convenio y Acuerdos Adicionales: BID V del 7 de diciembre de 1988 aprobado por la Ley Nº 10.772; BID IV del 28 de marzo de 1983 aprobado por el Decreto-Ley 9969/83; y BID III del 24 de agosto de 1978 a probado por el Decreto-Ley 9207/78.
Asimismo, autorizase al Poder Ejecutivo a modificar de común acuerdo, los Convenios de subpréstamos firmados por la Provincia de Buenos Aires con los Municipios y Cooperativas de Servicio, que en la terminología del Convenio se denominan Entes Beneficiarios; en el marco de la Ley Nº 7.533 y modificatorias Nº 7.792, 7.899 y 11.546 que crean y reglamentan operativamente el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.) en lo atinente a las condiciones de financiamiento, con la finalidad de atenuar el impacto de los servicios financieros originados en dichos Convenios sobre las finanzas de los Municipios y Cooperativas de Servicios, que puedan producirse como consecuencia de la entrada en vigencia del Régimen Cambiario establecido por la Ley Nº 25.561.
Además, autorizase al Poder Ejecutivo, a adoptar las medidas financieras necesarias para con las Municipalidades que hayan suscripto convenio de subpréstamos con el Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento (ENOHSA) en el marco del Programa Nacional de Optimización Rehabilitación y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal (PRONAPAC), y convalidados por la Provincia, con la finalidad de atenuar el impacto que los servicios financieros originados en dicho Convenio generan sobre las finanzas de los Municipios, como consecuencia de la entrada en vigencia del régimen cambiario establecido en la Ley 25.561.
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