Abriendo la norma
Quedan comprendidos en el alcance de la presente Ley, todas aquellas personas que por causas políticas, gremiales o estudiantiles, o las que hayan sufrido prisión, exilio o privación de la libertad que no fueren consecuencia de la comisión de delitos comunes, hayan sido exonerados, cesanteadas o inducidas a renunciar a los cargos públicos que ejercían en cualesquiera de los Poderes del Estado Provincial, Entes Autárquicos, Municipios y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, o en ejercicio de cargos electivos o desempeñándose en funciones con mandato fijo al 16 de setiembre de 1955, 5 de junio de 1962, 28 de junio de 1966 y 24 de marzo de 1976.
Las personas que aleguen haber sido inducidas a renunciar y/u obligadas, sin perjuicio de otros antecedentes relacionados, podrán acreditar tal circunstancia mediante:
a) Presentación de la correspondiente norma, disposición o acto oficial de aceptación de la misma.
b) Prueba testimonial.
En los casos acaecidos en los términos de los Decretos-Leyes 8595/76 y 8596/76, en ocasión del golpe de Estado, producido el 24 de Marzo de 1976, se presumirá que los mismos fueron originados, en causas políticas, gremiales o estudiantiles, cuando las bajas se hubieren efectivizado en los dos (2) años posteriores a dichas fechas. Sin perjuicio de esta presunción, será de aplicación esta norma para todos los casos de cesantía, exoneración, inducción y/u obligación a la renuncia, verificados con posterioridad a este plazo, debiendo acreditarlo por cualquier medio de prueba. Este supuesto, resultará de aplicación a las peticiones efectuadas con anterioridad a la presente.
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