Abriendo la norma
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Decreto 857
La Plata, 9 de junio de 2003
VISTO el Expediente 2319-20032/02, del registro del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente tramita la comunicación al Poder Ejecutivo, para su promulgación, del proyecto de ley, sancionado por la Honorable Legislatura en fecha 28 de mayo de 2003, por Expediente PE 4/02-03-0 del registro de la Honorable Legislatura de Buenos Aires.
Que el proyecto precedentemente indicado regula la autorización para el funcionamiento de Máquinas Electrónicas de Juegos de Azar, en cualquiera de sus variantes, exclusivamente en las Salas de Bingo actualmente habilitadas y en funcionamiento.
Que la iniciativa en consideración fija el porcentaje mínimo que abonarán las aludidas máquinas, determina la forma de distribución de las utilidades brutas producidas por las mismas y establece los recaudos a que debe ajustarse su funcionamiento.
Que el artículo 10 del proyecto en análisis establece un efecto cancelatorio y liberatorio respecto de los cánones abonados durante la vigencia del Decreto 1.372/02 y devengados hasta el 6 de diciembre de 2002.
Que asimismo crea una Comisión Bicameral Especial integrada por tres legisladores de cada una de las Cámaras de la Honorable Legislatura.
Que por el artículo 13, se faculta a la autoridad de aplicación "…a ampliar, hasta en un 15% el número de Distritos o Partidos…" en los cuales podrán habilitarse Salas de Juego de "Bingo", no pudiendo autorizarse la instalación de nuevas Salas en ninguno de los Distritos o Partidos de la Provincia que tengan Salas habilitadas y en funcionamiento.
Que consecuentemente corresponde analizar la viabilidad de los preceptos contenidos en la norma remitida para su promulgación.
Que el artículo 10º podría implicar una condonación de sumas exigibles a favor del Estado Provincial, en virtud del canon previsto en el marco del Decreto Nº 1372 de fecha 14 de junio de 2002, sin que causa legítima alguna lo justifique. Ello, en razón de no contar a la fecha, con la totalidad de los parámetros necesarios para determinar la existencia de posibles diferencias monetarias, las que deberían ser analizadas en forma oportuna y no a través de un criterio general como el aquí proyectado.
Que de la redacción dada al artículo 11, surgiría que se ha pretendido exigir a todos los permisionarios la obtención de un nuevo permiso de funcionamiento, de modo que la "prórroga de los permisos de funcionamiento de Salas de Bingo" operaría en realidad como una nueva autorización a otorgar por la autoridad de aplicación, a partir de la sanción del proyecto. Habida cuenta que la mayoría de los permisionarios tendría autorizaciones vigentes, la cuestión podría suscitar serias dificultades e innumerables reclamos, en virtud del amparo que debe primar respecto de la seguridad jurídica, en todas las relaciones del Estado con los particulares.
Que además se confiere a la Comisión Bicameral, que se crea por el artículo 12, la facultad de emitir o producir dictámenes de viabilidad, sobre la extensión de la autorización que oportunamente se hubiese otorgado para el funcionamiento de la respectiva Sala de Bingo, en relación con el plazo previsto en el artículo 21 in fine de la Ley 11.018, estableciéndose que "recibido el dictamen la autoridad de aplicación dictará el acto administrativo correspondiente".
Que al respecto, si bien resulta indiscutible la facultad del Poder Legislativo para crear distintos juegos de azar mediante el dictado de leyes formales, no admite debate que es el Poder Ejecutivo, a través de su poder reglamentario y como administrador del Estado provincial, quien debe prestar autorización a particulares para operar y explotar determinados juegos de azar creados por el legislador sin necesidad de dictamen previo de la legislatura.
Que siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas.
Que al atribuirse el Legislativo funciones ejecutivas, en cuanto a la fiscalización y concesión de beneficios y autorizaciones, que son exclusivas del Poder Ejecutivo se afectaría la zona de reserva de la administración, ya que el uso concurrente o común de las facultades otorgadas tornaría difusa la línea de separación entre dichos poderes públicos y destruiría la base de nuestra forma de gobierno.
Que el artículo 3º de la Constitución de la Provincia prohibe expresamente la intromisión de competencias entre poderes, que en el caso resulta un exceso manifiesto del Legislativo.
Que asimismo, la Ley 4650, que regula las Comisiones Ordinarias o Especiales, designadas por
las Cámaras, básicamente, les confiere atribuciones de investigación y para obtener informes, sin perjuicio de la facultad coercitiva que se confiere a cada Cámara.
Que por otra parte, la creación de las Comisiones debe ser interpretada con carácter restrictivo y éstas deben estar destinadas a los fines previstos por el artículo 90 de la Constitución, por ende no se puede otorgar a una Comisión poder de policía sobre el control y seguimiento de una Sala de Juego o la facultad de emitir dictámenes previos.
Que respecto del artículo 13, que establece la facultad de ampliar hasta en un 15% el número de Distritos previstos en el artículo 1º in fine de la Ley 11.018, se observa que dicho porcentual no ha sido establecido sobre la base de criterios objetivos, basados en estudios socio-económicos, socio-ambientales, de factibilidad y/o necesidad, que permitan evaluar las previsiones que deberían cumplirse a tal efecto.
Que en el sentido expuesto se expidieron Asesoría General de Gobierno, el Ministerio de Economía y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos.
Que fundado en las consideraciones expuestas precedentemente y atento expresas razones de oportunidad, mérito y conveniencia, deviene procedente observar totalmente los artículos 10, 11, 12 y 13 del texto sancionado y en orden a la congruencia observar parcialmente el artículo 14, ejerciendo la facultad conferida por los artículos 108 y 144 inciso 2) de la Constitución Provincial.
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º.- Vétanse los artículos 10, 11, 12 y 13 y los términos: " ... y su complementario artículo 13 de esta Ley" del artículo 14 del proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura, con fecha 28 de mayo de 2003, al que hace referencia el Visto del presente.
Artículo 2º.- Promúlgase el texto aprobado, con excepción de las observaciones dispuesta en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Honorable Legislatura.
Artículo 4º.- Este Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al "Boletín Oficial" y archívese.
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