Abriendo la norma
Autorízase al Poder Ejecutivo, hasta el 31 de diciembre de 2004, a adecuar los contratos de concesión de obras públicas y de concesión de servicios públicos celebrados por
la Administración Pública
vigentes con anterioridad al 1º de Enero del 2002, bajo normas de derecho público. A tal fin deberá tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, especialmente el impacto social sobre los mismos; 2) la calidad de los servicios y los programas de inversión; 3) la rentabilidad futura de las empresas, teniendo en cuenta los preceptos de los respectivos marcos regulatorios ; 4) las políticas y procedimientos seguidos por el Gobierno Nacional.
Las disposiciones contenidas en el presente artículo, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.
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