Abriendo la norma
Sustitúyense los Artículos 171º, 273º, y 284º de la Ley 11.922 –Código Procesal Penal- y sus modificatorias, por los siguientes:
“Artículo 171.- Denegatoria. No se concederá la excarcelación cuando hubiere vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.
La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de:
1. La falta de residencia fija o estable, y/o que cuente con facilidades para abandonar el país o permanecer oculto.
2. La declaración de rebeldía en un proceso por la comisión de un hecho doloso anterior en el que pudiere aplicarse pena privativa de libertad.
3. La condena impuesta por delito doloso sin que haya transcurrido el término que establece el artículo 50 – última parte – del Código Penal.
Asimismo se denegará cuando se trate de imputación de delitos cometidos:
a. Por pluralidad de intervinientes y en forma organizada.
b. Con intervención de uno o más menores de dieciocho (18) años de edad.
c. En forma reiterada, cuando las circunstancias de los hechos y las características y antecedentes personales del procesado, obstaran a la aplicación de una pena de ejecución condicional.
d. Por quien estuviere gozando de libertad provisoria anterior.
e. Con uso de armas de fuego, sin que sea necesaria la acreditación de aptitud de disparo del arma o su munición. También se denegará en los casos de simple portación de arma de fuego no declarada y sin la debida autorización, en los supuestos en que el portador contare con antecedentes por delitos dolosos, o cuando se tratare de delitos cometidos con cualquier tipo de arma, propia o impropia, cuya pena prevista supere los tres años de prisión o reclusión.
f. Contra la integridad sexual en sus formas agravadas, y en los casos en que la víctima fuera un menor de edad, excepto en los supuestos previstos en los artículos 119º primer párrafo y 120º primer párrafo del Código Penal.
Sin perjuicio de ello, en los casos en que pudiera corresponder la excarcelación por aplicación del régimen general, el imputado de delitos contra la integridad sexual deberá evitar durante la tramitación del proceso el contacto con la víctima y su grupo familiar. Este impedimento de contacto será una de las obligaciones generales conforme al artículo 180º.
g. Con violencia en las personas, en el caso de robo simple del artículo 164 del Código Penal.
h. Con vehículos automotores, en los supuestos previstos en el artículo 84 del Código Penal, y el imputado se diera a la fuga. En estos casos el juez podrá concederla si se dieran las circunstancias del artículo 170.
También podrá denegarse la excarcelación cuando se considerase que existen razones fundadas para entender que el detenido representa un peligro cierto de lesiones de bienes jurídicos, o de reiteración delictiva, o que su conducta haya recaído sobre bienes que fueren de valor científico, cultural, militar o religioso, cuando por el lugar en que se encuentren se hallasen destinados al servicio, a la utilidad pública o a la reverencia de un número indeterminado de personas o libradas a la confianza pública.
Este peligro podrá presumirse cuando se tratare de delitos cometidos mediante la disposición para fines criminales de medios económicos, humanos o materiales organizados en forma de empresa, o en razón de antecedentes que permitan extraer indicios vehementes acerca de la peligrosidad del imputado.
Podrá denegarse la excarcelación en los casos de simple portación de arma de fuego sin la debida autorización, y en los casos de delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, exacciones ilegales y de fraude en perjuicio de la administración pública cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.”
“Artículo 273º.- Proposición de diligencias: Las partes podrán proponer diligencias. El Ministerio Público Fiscal las practicará cuando las considere pertinentes y útiles. Su resolución, en caso de denegatoria, será fundada e inimpugnable, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 334.”
“Artículo 284°.- Forma. Las diligencias de la Investigación Penal Preparatoria se regirán por las disposiciones establecidas en la Ley del Ministerio Público. En la tramitación de la misma, se atenderá a los principios de celeridad y economía procesal, evitando en la medida de lo posible la remisión de las actuaciones fuera del ámbito de la Unidad Funcional de Investigación, salvo los casos en que resulte indispensable. Para los demás actos, requerimientos y notificaciones, el Agente Fiscal deberá recurrir a los medios técnicos de comunicación existentes.”
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