Abriendo la norma
Ley provincial 13.201 · 2004
La presente Ley será de aplicación para el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, el cual tendrá estado policial.
El personal con estado policial es aquél que desempeña de modo habitual y permanente las competencias previstas en la Ley 12.155 de organización de las policías de la Provincia de Buenos Aires.
El estado policial comprende el desempeño efectivo y excluyente de las tareas de prevención, investigación, disuasión y/o uso efectivo de la fuerza. Su ejercicio implica el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones que de acuerdo con esta Ley tiene el personal aludido en el artículo 2°, y comprende exclusivamente a éste, quien lo conserva después de cesar en el servicio activo, excepto que el cese se produzca por baja.
El ingreso al primer grado del escalafón en cada una de las policías comprendidas en la presente Ley deberá producirse por:
a) Egreso de los institutos oficiales de formación policial de la Provincia de Buenos Aires.
b) Egreso de las universidades o institutos de enseñanza superior, nacionales, provinciales o privados oficialmente reconocidos por autoridad competente y previa aprobación de las actividades de formación y exámenes que al efecto deberán rendir los aspirantes ante la autoridad de aplicación, la que fijará los cupos para cada año y organizará la forma de las pruebas de aptitud, determinará su contenido y designará a los evaluadores.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, también se podrá ingresar en forma directa en los grados intermedios del escalafón de cada una de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, siempre que se acrediten antecedentes destacados para ello y se demuestre poseer un relevante nivel de excelencia en los conocimientos específicos que hacen a la carrera policial a la que se aspira a acceder.
En forma previa al ingreso se deberá aprobar un examen de aptitud en la forma y con los requisitos que establezca la reglamentación.
Son requisitos para el ingreso:
a) Ser argentino nativo, naturalizado o por opción.
b) Ser mayor de 18 años.
c) Poseer condiciones intachables de moralidad y buenas costumbres.
d) Contar con el ciclo polimodal completo, de formación media o equivalente, aprobado y con las exigencias de capacitación y nivel académico específicos que demande la respectiva reglamentación para cada una de las policías, especialidades o funciones a desempeñar.
e) Responder a las aptitudes psicofísicas que requiera el Ministerio de Seguridad.
f) Suscribir, en el caso de los egresados del Instituto de Formación Policial Juan Vucetich o de los institutos descentralizados de formación de las policías de la Provincia de Buenos Aires, el compromiso de prestar servicios en la institución por un período de tres (3) años.
No podrán ingresar:
a) Quienes hubiesen sido exonerados o declarados cesantes de la Administración Pública nacional, provincial o municipal.
b) Quienes tengan proceso penal pendiente o hayan sido condenados en causa penal a pena privativa de la libertad por delito doloso.
Asimismo aquellos que se encuentren en las condiciones previstas en el párrafo anterior por delito culposo que, por las circunstancias del hecho, gravedad de la causa, negligencia en que hubieren incurrido o reincidencia, sean conceptuados por la autoridad de aplicación como antecedentes inhibientes o desfavorables para el ingreso.
c) El fallido o concursado civilmente, mientras no obtenga la rehabilitación judicial.
d) El que esté inhabilitado para ingresar a la Administración Pública.
El personal que hubiere obtenido su baja voluntaria podrá reingresar a la institución en las condiciones que determine la reglamentación.
El personal adquirirá estabilidad en el empleo transcurridos doce (12) meses de efectiva prestación de servicios y una vez que hubiere aprobado las evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine el Ministerio de Seguridad.
La estabilidad en el empleo no comprenderá a la estabilidad en el cargo o función, ni dará derecho a continuar gozando de los suplementos especiales inherentes a esta última.
La estabilidad en el empleo, luego de adquirida en la forma prevista en el artículo anterior, se perderá por cesantía o exoneración, previo sumario administrativo, o condena penal que importe la privación de libertad o la inhabilitación para ejercer el cargo, o cuando se hubiere dispuesto la baja del agente o su retiro obligatorio por alguna de las causales previstas en esta Ley.
El personal gozará de los siguientes derechos:
a) Al grado y al uso de los atributos inherentes a él.
b) A la estabilidad en el empleo una vez cumplidos los plazos y requisitos legales, no pudiendo ser privado de ellos sino por las causas y los procedimientos establecidos por esta Ley.
c) Al desarrollo de la carrera en igualdad de oportunidades.
d) A ejercer una función acorde con su jerarquía.
e) A portar armas provistas por la institución durante el servicio y fuera de aquél, cuando así lo juzgue necesario y previa autorización del superior.
f) A la percepción del haber mensual, compensaciones e indemnizaciones vigentes, o que se determinen para cada grado, cargo o función, en las condiciones que determine la presente Ley y su reglamentación.
g) A la asistencia médica y a la provisión de los medicamentos necesarios, hasta la total curación de las lesiones o enfermedades adquiridas como consecuencia del servicio.
h) A la presentación de recursos administrativos o judiciales en defensa de sus derechos.
i) A la asistencia psicológica permanente y gratuita, no solo para el personal sino también para el grupo familiar por la afección que le pudiere haber ocasionado el servicio público de policía.
j) A la provisión de vestimenta, equipamiento y útiles de trabajo.
k) A la capacitación permanente.
l) A requerir que se adopten las medidas de higiene y seguridad laboral que protejan al trabajador de los riesgos propios de cada tarea.
m) A que la Provincia se haga cargo del pago de las condenas judiciales cuando el agente hubiere sido demandado civilmente por daños y perjuicios causados como consecuencia de actos de servicio, siempre que resultare administrativa y penalmente exento de sanción.
n) A percibir, por única vez, una indemnización equivalente a treinta (30) sueldos del máximo grado del escalafón de las policías de la Provincia de Buenos Aires, en los casos de fallecimiento o incapacidad total y permanente ocasionada en ejercicio de la función de policía de seguridad . La percepción de este beneficio será incompatible con cualquier otra indemnización, subsidio o beneficio similar que se otorgue a los agentes por la misma causa considerada para su otorgamiento.
* Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación 1207/04 de la presente Ley.-
El personal tendrá los siguientes deberes:
a) Desempeñar su función de acuerdo con las Leyes y reglamentaciones vigentes.
b) Desempeñar los cargos y las comisiones de servicio ordenadas por autoridad competente con arreglo a las instrucciones recibidas.
c) Guardar secreto, aún después del retiro, de todo asunto que se relacione con el servicio, que por su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales impongan esa conducta, salvo requerimiento judicial.
d) Cumplir con el régimen disciplinario previsto en la presente Ley y su reglamentación, cualesquiera fuere su situación de revista.
e) Presentar y actualizar anualmente la declaración jurada de sus bienes y las modificaciones que se produzcan en su situación patrimonial y en la de su cónyuge.
f) Usar el uniforme, las insignias y los atributos de su grado, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.
g) Portar el arma reglamentaria y los demás elementos provistos por la institución durante el cumplimiento del servicio, excepto cuando por razones especiales sea relevado de este deber.
h) Intervenir para evitar la comisión de delitos y detener a sus autores, siempre que se encuentre en servicio. Si voluntariamente interviniere encontrándose fuera de servicio, los actos que realice para cumplir el cometido indicado en este inciso y sus consecuencias, serán considerados a todos los efectos como actos de servicio.
i) Cuidar y mantener en buen estado de uso y aprovechamiento los bienes provistos para el desempeño de la misión policial.
j) Declarar y mantener actualizado su domicilio ante la dependencia donde presta servicios, el que subsistirá para todos los efectos legales mientras no se denuncie otro nuevo.
k) Someterse a la realización de estudios psicológicos toda vez que sea requerido.
l) Asistir a las actividades de actualización, capacitación y adiestramiento que establezca el Ministerio de Seguridad.
m) Conocer los preceptos establecidos en el Código de Conducta Ética para los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, aprobado por la resolución 34/169 de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo texto se agrega como Anexo 1 y forma parte integrante de la presente Ley, como así también toda otra norma que de similar o superior jerarquía se dicte sobre la materia. Los textos completos de estos instrumentos deberán estar disponibles en todas las dependencias policiales. Los superiores jerárquicos constatarán el conocimiento por parte de los funcionarios policiales a su cargo.
El personal tendrá las siguientes prohibiciones:
a) Arrogarse atribuciones que no le correspondan de conformidad a la normativa vigente.
b) Ser, directa o indirectamente, proveedor o contratista habitual u ocasional de la Administración Pública provincial o dependiente, asociado o representante de alguno de ellos.
c) Patrocinar trámites y gestiones administrativas o judiciales referentes a asuntos de terceros que se encuentren o no oficialmente a su cargo, vinculados con la institución.
d) Desempeñar otros cargos, funciones o empleos en la Administración Pública nacional, provincial o municipal, excepto el ejercicio de la docencia en la forma que lo establezca la reglamentación.
e) Desempeñar tareas ajenas a la institución sin previa autorización superior, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.
(Texto según Ley 13369) El personal podrá revistar en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo.
b) Disponibilidad.
c) Desafectación del servicio.
d) Inactividad.
e) Actividad Limitada
f) Retiro.
Revistará en servicio activo el personal que ejerza las tareas propias de su cargo, o se desempeñe en comisión en otro organismo cuando así lo autorice la reglamentación.
Revistará en disponibilidad el personal que permanezca en espera de destino o padezca enfermedad o lesiones como consecuencia de actos del servicio.
La desafectación del servicio será dispuesta:
Para el personal al que se le hubiere dictado prisión preventiva imputado de delito no excarcelable.
Para el personal sometido a sumario por hechos que pudieren derivar en sanción expulsiva o cuando su permanencia en el servicio activo verosímilmente pudiere aparejar perjuicio para la institución.
Mientras dure la desafectación del servicio, que en caso de sumario administrativo no podrá ser superior a sesenta (60) días, el agente no podrá portar el arma provista por la institución ni hacer uso de otros bienes de ésta. Excepcionalmente y por única vez, cuando las circunstancias del caso debidamente fundadas lo requieran, la desafectación se podrá prorrogar por sesenta (60) días más.
El personal en situación de disponibilidad continuará percibiendo la remuneración correspondiente a su grado durante el lapso que fije la reglamentación.
Revistará en inactividad el personal que se encuentre en uso de licencia sin goce de haberes, cualquiera fuere su causa. La reglamentación determinará el lapso máximo de este tipo de licencia. Agotada la licencia que tuviere por motivo las enfermedades o lesiones ajenas al servicio que demanden largo tratamiento, la autoridad de aplicación podrá declararlo en disponibilidad, en mérito a la situación particular del agente.
ARTÍCULO 20 bis.- (Artículo incorporado por Ley 13369) El personal incapacitado, total o parcialmente en forma permanente en ejercicio de las funciones de Policía de Seguridad, podrá permanecer en la Institución en situación de actividad limitada hasta el momento de cumplir con todos los recaudos para obtener su retiro.
Tendrá los mismos derechos y obligaciones que el personal en actividad con excepción de aquellas que sean improcedentes en virtud de su incapacidad, quedando eximido de los deberes previstos en los apartados f), g) y h) del artículo 12 de la presente Ley.
Dicho personal tendrá derecho al uso de uniforme, insignia y atributos.
La situación de actividad limitada no obstará a la percepción de indemnización, suplementos y/o subsidios que con motivo de la incapacidad sufrida corresponda
Revistará en situación de retiro el personal que voluntariamente hubiere obtenido jubilación o retiro y el que hubiere sido compelido a hacerlo en los supuestos expresamente previstos en esta Ley.
Sobre la base de los principios de capacitación permanente, aptitud para el grado a cubrir y evaluación previa a cada ascenso, el personal podrá desarrollar su actividad profesional en alguna de las siguientes carreras:
Carrera de Policía de Seguridad;
Carrera de Policía de Investigaciones;
Carrera de Policía Científica;
Carrera de Policía de Seguridad Vial.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente el personal que reviste en una policía podrá ingresar a otra, siempre que reúna los requisitos exigidos para ello y cumpla con las condiciones de aptitud y evaluación ya mencionadas.
Las carreras en cada una de las policías podrán comprender una o más especialidades de acuerdo con lo que determine la reglamentación.
El personal policial no podrá desempeñarse simultáneamente en más de una carrera, sin perjuicio de la posibilidad de pasar a revistar en otra policía tal como se prevé en el artículo 22.
La reglamentación determinará los cargos que compondrán la estructura orgánica de cada una de las policías de la Provincia de Buenos Aires.
A cada cargo corresponderá una función concreta y determinada y su conjunto constituirá la actividad propia de cada policía.
La asignación de cada cargo será dispuesta por la autoridad de aplicación.
La reglamentación determinará el grado o grados requeridos para el desempeño de cada cargo.
El escalafón estará compuesto por nueve grados. La reglamentación determinará las denominaciones que correspondan para cada grado en cada una de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, como así también el grado máximo y mínimo que podrá ocuparse en cada una de ellas, en orden al siguiente marco de organización:
Oficiales de Dirección: Grados 9 y 8;
Oficiales de Conducción: Grados 7 y 6;
Oficiales de Supervisión y Policiales: Grados 5; 4; 3; 2 y 1.
Lo establecido en el artículo anterior será tenido en cuenta en la reglamentación para determinar los grados mínimos para acceder a cada cargo.
Cada grado estará comprendido por los niveles que determine la reglamentación. Los distintos niveles estarán conformados por las especialidades adquiridas, los conocimientos alcanzados, el desarrollo de las aptitudes y la eficiencia acreditada en el desempeño de la función que, en su conjunto y a los efectos de esta Ley, se denominarán competencias.
El acceso a los distintos niveles se obtendrá mediante la acreditación de las competencias requeridas para cada uno de ellos.
Superioridad es la situación que tiene un policía respecto de otro y que determina, respectivamente, la atribución de ordenar y el deber de obedecer las órdenes legales que se le impartan.
La superioridad puede estar determinada por la misión, el cargo o la jerarquía.
La superioridad por misión es la que tiene un policía respecto de otro, con prescindencia de sus cargos y grados, en función de una misión concreta y determinada en la que el superior les asignó sus respectivas responsabilidad es y atribuciones de mando.
La atribución de mando a un policía de inferior jerarquía y cargo respecto de los demás integrantes de la misión, sin que mediaren razones de servicio que así lo justifiquen, será considerada falta grave.
La superioridad por cargo es la que se deriva del lugar que ocupa cada uno dentro de la estructura orgánica, con prescindencia de las jerarquías.
La superioridad por jerarquía es la que deriva del hecho de poseer un grado más elevado.
La promoción a un grado superior dentro de la carrera estará condicionada a los siguientes requisitos:
a) Disponibilidad de vacantes en el grado al que se aspira.
b) Acreditación de los conocimientos y aptitudes requeridos para el desempeño de los cargos correspondiente s al grado a cubrir.
c) Haber aprobado los cursos que determine la reglamentación o las disposiciones complementarias .
d) Tener el mínimo de calificación requerido.
e) Informe favorable de un comité de evaluación.
(Párrafo incorporado por Ley 13369) Aunque no concurriesen los requisitos exigidos por este Capítulo, el personal que se distinguiese por acto extraordinario de servicio debidamente acreditado, podrá ser ascendido al grado inmediato superior. Estos ascensos no relevarán del cumplimiento de los cursos de capacitación obligatorios pertinentes. Podrán también concederse “post mortem”. La reglamentación determinará los alcances y condiciones para la aplicación de este artículo.
La prioridad para el ascenso entre dos o más aspirantes a un mismo grado superior, estará dada por los parámetros que se indican a continuación y en el siguiente orden:
a) Mayor puntaje por acreditación de los conocimientos exigidos para el desempeño de las funciones que correspondan al grado a cubrir.
b) Mayor puntaje en la prueba de evaluación.
c) Mayor antigüedad en el grado.
En los casos de incorporación de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la presente Ley a los grados 7 o superiores será requisito poseer título universitario oficialmente reconocido por autoridad competente acorde con las funciones a desempeñar.
En los casos de promoción a los grados 7 o superiores será requisito poseer título universitario o terciario oficialmente reconocido por autoridad competente acorde con las funciones a desempeñar.
En ningún caso se requerirá la permanencia de un tiempo mínimo en el grado para poder ascender a un grado superior, ni se exigirá poseer el grado inmediato inferior del cargo a cubrir.
La autoridad de aplicación promoverá el desarrollo de personal calificado y habilitado para efectuar tareas de prevención, investigación y acción frente a hechos delictivos, mediante la ejecución de planes de capacitación permanente, garantizando la aplicación igualitaria en todo el ámbito de la provincia.
La formación y capacitación tenderán a la profesionalización del desempeño del personal policial, de acuerdo con la función específica que le toque desempeñar.
El cumplimiento de los planes de capacitación y la participación en los cursos que al efecto se dicten tendrán carácter obligatorio y su aprobación será requisito imprescindible para el ingreso, ascenso o promoción en la carrera policial. La inasistencia a los cursos o las faltas reiteradas, serán consideradas como abandono del servicio y se juzgarán con arreglo al respectivo régimen disciplinario establecido por la presente Ley y su reglamentación.
Para todos los grados y niveles la capacitación deberá incluir el desarrollo permanente de las competencias propias del quehacer policial, siendo su aprobación requisito ineludible para el desempeño en las funciones que correspondan.
La autoridad de aplicación evaluará y calificará al personal como mínimo una vez por año. La reglamentación determinará los procedimientos de evaluación y calificación.
El personal gozará de licencia anual ordinaria y de las siguientes licencias de carácter extraordinario:
a) Matrimonio.
b) Enfermedad.
c) Lesión en acto de servicio.
d) Maternidad.
e) Fallecimiento de cónyuge, padres o hijos.
f) Nacimiento o adopción.
g) Asistencia a familiares enfermos.
h) Exámenes.
i) Donación de órganos.
j) Razones particulares.
La reglamentación determinará los períodos y requisitos para cada tipo de licencia, la autoridad facultada a concederla, las limitaciones o prohibiciones que pesarán sobre el agente durante el tiempo de la licencia extraordinaria, y el lapso durante el cual -en cada tipo de licencia- se podrán percibir haberes y suplementos.
Del mismo modo la reglamentación determinará todo lo concerniente a permisos, horario de trabajo y justificación de inasistencias.
La remuneración deberá compensar la responsabilidad inherente al grado, al desempeño del cargo, la mayor atribución de competencias y el rendimiento efectivo en la tarea asignada, para lo cual la reglamentación podrá establecer un segmento de remuneración fija y otro variable.
La remuneración del personal comprenderá los siguientes conceptos:
a) Sueldo: el que se determine para cada grado.
b) Suplemento por cargo: es un adicional no permanente que retribuye el efectivo desempeño de determinado cargo con relación al nivel de responsabilidad o complejidad.
c) Suplemento por desempeño destacado: es un adicional no permanente mediante el cual se premia el mérito en actos de servicio excepcionales.
d) Suplemento por nivel: es un adicional que se otorga cumplidos los requisitos para acceder a cada nivel dentro del mismo grado.
e) Suplemento por antigüedad: éste habrá de computarse conforme a los montos que para ella se fijen.
Los alumnos de los institutos oficiales de formación policial de la Provincia de Buenos Aires, percibirán un monto mensual en concepto de beca.
El personal tendrá derecho a ser compensado como consecuencia de los gastos en que incurra por órdenes de servicio y que no estén contemplados en los rubros retributivos.
El Poder Ejecutivo determinará el monto de los sueldos, suplementos, viáticos, becas, horas extraordinarias y compensaciones. Asimismo fijará la retribución que recibirán las Policías de la Provincia de Buenos Aires por los servicios especiales que presten a terceros, conforme lo autorice la reglamentación, y el modo y porcentaje en que dicha retribución será distribuida entre la institución y el personal que preste los aludidos servicios.
El Poder Ejecutivo adecuará la instrumentación al régimen de la Ley 24.557 del personal comprendido en la presente.
El personal policial quedará sometido al régimen disciplinario establecido por esta Ley y su reglamentación, sin perjuicio de las penas que le pudieren corresponder si el hecho constituyere delito o de las indemnizaciones que debiere sufragar por los perjuicios causados al Estado o a terceros.
Por las faltas cometidas, tanto en el servicio como fuera de él, corresponderá la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión sin goce de haberes.
c) Cesantía.
d) Exoneración.
El Poder Ejecutivo determinará las conductas que constituyen falta grave, leve o simple y las sanciones que para cada una de ellas corresponda, así como las atenuantes y agravantes.
A esos fines como falta simple serán considerados los hechos que infrinjan normas vinculados al aseo personal, al orden, indumentaria, conservación de materiales de trabajo, corrección en el trato con el público. Faltas leves las vinculadas con las normas que determinen faltas de puntualidad, inasistencias injustificadas, declaraciones públicas estando bajo sumario sobre los hechos que motivaron el mismo, efectuar reclamos o recursos infundados, utilizar influencias para definir destinos laborales, falta de respeto a la superioridad. Faltas graves las inherentes a conductas que involucren al personal en hechos de corrupción, abandono del servicio, actos que impliquen la violación de derechos humanos, uso abusivo de su status profesional, incumplimiento de ordenes de servicios.
Las sanciones de suspensión mayor de diez (10) días, la cesantía y la exoneración sólo podrán ser aplicadas previo sumario administrativo. La reglamentación fijará el procedimiento sumarial y determinará la autoridad facultada para aplicar cada una de las sanciones previstas en el artículo anterior. La cesantía y la exoneración sólo podrán ser dispuestas por el Poder Ejecutivo.
El apercibimiento y la suspensión serán recurribles ante la autoridad que determine la reglamentación, la que fijará asimismo el plazo para interponer el recurso y su procedimiento. La cesantía y la exoneración solo serán susceptibles de impugnación por acción judicial, previo agotamiento de la vía administrativa.
La aplicación de sanciones implicará la pérdida de puntaje, a los efectos previstos en el artículo 37, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
El Poder Ejecutivo determinará las formas, plazos y condiciones en que se extinguirá la potestad disciplinaria, en orden a las siguientes causales:
a) Fallecimiento del imputado
b) Desvinculación del agente, excepto que la sanción que correspondiera pueda modificar la causal de cese.
c) Prescripción: Cuando el hecho importare responsabilidad penal y disciplinaria, la prescripción de la acción se regirá por las disposiciones del Código Penal. Cuando importare responsabilidad disciplinaria únicamente, la acción prescribirá a los dos (2) años de cometida o conocida la comisión de la falta.
Podrá disponerse el retiro obligatorio del personal que alcance la edad de sesenta (60) años, aún cuando no se encuentre en condiciones de obtener el retiro o jubilación.
Se dispondrá el retiro obligatorio del personal que se encontrare en situación de obtener la jubilación o retiro y no pudiere continuar prestando servicios por razones de salud, física o psíquica, una vez concluidas las licencias previstas a ese fin.
Podrá disponerse el retiro obligatorio del agente que se encuentre en condiciones de percibir el máximo del haber jubilatorio previsto para su grado.
El retiro voluntario podrá ser solicitado por el personal que reúna la totalidad de los requisitos previstos en la Ley de jubilaciones y pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires para obtener el retiro o jubilación ordinarios.
El retiro será activo hasta que el agente cumpla la edad de setenta (70) años, y pasará a ser absoluto a partir de ese momento.
El personal en retiro activo podrá ser convocado a prestar servicios en las condiciones y oportunidades que establezca la reglamentación.
El personal en retiro tendrá los deberes y derechos propios del personal en actividad, y estará sometido al mismo régimen disciplinario, con las limitaciones propias de su situación que establezca la reglamentación.
La baja importa la exclusión definitiva del agente de los cuadros de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, y la consecuente pérdida de su estado policial, sin perjuicio de los derechos previsionales que le pudieren corresponder. La baja podrá ser voluntaria u obligatoria.
La baja voluntaria podrá ser solicitada por razones particulares y sólo impedirá su otorgamiento alguno de los siguientes hechos:
a) Razones de servicio debidamente fundadas y dispuestas por la autoridad de aplicación,por un plazo no mayor de tres (3) meses.
b) Encontrarse cumpliendo sanción disciplinaria.
c) Mantener cargas pendientes con la institución.
En los casos en que el agente se encontrare con sumario pendiente, la baja por razones particulares le podrá ser concedida, supeditada a los efectos y resultas del sumario.
La baja obligatoria será dispuesta en los siguientes casos:
a) Fallecimiento.
b) Cesantía o exoneración, cualquiera fuese la antigüedad del agente y sin perjuicio de los derechos previsionales que le correspondan legalmente.
c) Enfermedad o lesión no causadas en actos de servicio, luego de agotadas las licencias para el tratamiento de la salud, cuando no pudiere acogerse a los beneficios previsionales.
d) Cuando en los exámenes psicofísicos periódicos surgiera una disminución grave de las aptitudes profesionales y personales que le impidan el normal ejercicio de la función policial que le compete, y no pudiere ser asignado a otro destino policial ni acogerse a los beneficios previsionales.
e) Cuando el promedio de las calificaciones durante tres (3) años consecutivos no supere el puntaje que determine la reglamentación, sin perjuicio de los recaudos a tomar para reconvertir la situación del agente con la primer calificación insuficiente.
El personal que al momento de entrar en vigencia esta Ley revistiere en el agrupamiento comando, o en el agrupamiento Servicios en el escalafón Técnico del Decreto-Ley 9550/80 y su Decreto reglamentario podrá ser incorporado en el nuevo escalafón en la medida que sus conocimientos y experiencia debidamente acreditados y evaluados así lo justifiquen.
La asignación del grado y nivel en el nuevo escalafón dependerá de los conocimientos y experiencia que demuestre el agente en las evaluaciones que al efecto practicará el Ministerio de Seguridad.
La decisión relativa a la reubicación será adoptada por el Ministro de Seguridad.
El personal que no reúna los requisitos mínimos para ser incorporado al nuevo escalafón continuará revistando en el actual sin perjuicio del destino que se le asigne, y recibirá la capacitación necesaria para su reconversión laboral.
Si como consecuencia del grado o nivel que se le hubiere asignado en el nuevo escalafón, un agente percibiere una remuneración inferior a la que se encontraba percibiendo al momento de su incorporación a aquél, se le abonará la diferencia en concepto de suplemento por reasignación escalafonaria.
Los posteriores aumentos de remuneración que correspondan al agente por promoción o por cualquier otra causa en cualquiera de los conceptos que integran su remuneración, serán tomados del suplemento mencionado hasta la extinción del mismo.
El personal que al momento de entrar en vigencia esta Ley, revistiere en el Agrupamiento de Servicios del Decreto-Ley 9550/80 en el escalafón Profesional, Administrativo o Servicios Generales podrá ser reubicado en el nuevo escalafón que se crea por la presente en la medida que cumpla con los requisitos formales de capacitación y sus conocimientos y experiencia debidamente acreditados y evaluados así lo justifiquen.
Aquellos que no sean reubicados conforme lo expuesto en el párrafo precedente, continuarán rigiéndose por el Decreto-Ley 9550/80 y su Decreto Reglamentario, hasta tanto una norma específica determine su reubicación laboral, estatutaria y escalafonaria.
La remuneración de los agentes pertenecientes al nuevo escalafón que se apruebe como consecuencia de esta Ley, sólo se tendrá en cuenta para la determinación del haber de retiro o jubilación de los agentes y de pensión de sus derechohabientes, en caso de que al momento del cese en el servicio activo el agente revistare efectivamente en ese escalafón.
Los futuros incrementos que reciban en sus remuneraciones los agentes encuadrados en el nuevo escalafón que se apruebe como consecuencia de esta Ley, sólo afectarán la movilidad de los retiros, jubilaciones y pensiones de los agentes que al momento de cesar en el servicio activo revistaban en ese nuevo escalafón.
Respecto de los agentes que pertenezcan a ese nuevo escalafón, pero que al momento de cesar en el servicio activo estuvieren percibiendo una retribución mayor a la que corresponda a su cargo (por aplicación del artículo 64 de la presente Ley), se computará para la determinación del haber de retiro, jubilación o pensión la que efectivamente percibían a la fecha del cese. En cuanto a la movilidad del haber de retiro, jubilación o pensión de estos agentes, sólo se operará cuando la remuneración del cargo en el cual revistaban al momento del cese supere la efectivamente percibida por ellos en esa oportunidad.
La movilidad de los haberes de retiro, jubilación o pensión de los agentes que al momento del cese en el servicio activo revistaren en el escalafón anterior al que se apruebe como consecuencia de esta Ley, se regirán por los incrementos de las remuneraciones del mismo grado y agrupamiento pertenecientes a ese mismo escalafón en que ellos revistaban al momento del cese.
La autoridad de aplicación queda autorizada a dictar las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias que sean necesarias a los efectos de resolver las situaciones particulares que se presenten en todo lo referido a los retiros, jubilaciones y pensiones, como consecuencia del reencasillamiento del personal, originado por la entrada en vigencia de esta Ley. Antes de dictar dichas normas deberá requerir la opinión no vinculante del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
El requisito del título universitario o terciario para las promociones previstas en el artículo 38, sólo será exigible una vez transcurridos siete (7) años desde la sanción de la presente Ley.
Cuando se disponga la baja del servicio por la causal prevista en el artículo 62 incisos c) y d), el agente tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a cincuenta (50) sueldos. El presente artículo dejará de tener vigencia a partir de darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la presente Ley.
La presente Ley deberá ser reglamentada en un plazo de noventa (90) días contados desde su publicación en el Boletín Oficial.
La presente Ley será de aplicación para toda nueva policía que se cree en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, excepto que su marco orgánico dispusiere lo contrario.
La reglamentación establecerá alternativas de participación ciudadana con el fin de contribuir a la transparencia en los procedimientos vinculados al ingreso, desarrollo de carrera y egreso del personal comprendido en la presente Ley
La presente Ley y su reglamentación entrarán en vigencia a partir de la publicación de ésta última en el Boletín Oficial.
El Decreto-Ley 9550/80 y su reglamentación sólo será de aplicación para el personal que no resulte reencasillado de acuerdo a los términos de la presente y su respectiva reglamentación y hasta tanto se produzca su efectivo reencasillamiento en orden a las previsiones de la presente Ley.
Al personal que se encuadre en los escalafones que surgen de la presente Ley y su reglamentación, no le resultará de aplicación ninguna de las previsiones contenidas en el Decreto-Ley 9550/80 y su reglamentación.
Comuníquese al Poder Ejecutivo
C ódigo de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, A.G. res. 34/169, anexo, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) p. 186, ONU Doc. A/34/46
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.
Comentario:
a) La expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención.
b) En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios.
c) En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata.
d) Esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente todos los actos violentos, de depredación y nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones previstas en la legislación penal. Se extiende, además, a la conducta de personas que no pueden incurrir en responsabilidad penal.
En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.
Comentario:
a) Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
b) En los comentarios de los distintos países sobre esta disposición deben indicarse las disposiciones regionales o nacionales que determinen y protejan esos derechos.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.
Comentario:
a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.
b) El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta disposición. En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.
c) El uso de armas de fuego se considera una medida externa. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.
Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
Comentario:
Por la naturaleza de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley obtienen información que puede referirse a la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la reputación, de otros. Se tendrá gran cuidado en la protección y el uso de tal información, que sólo debe revelarse en cumplimiento del deber o para atender las necesidades de la justicia. Toda revelación de tal información con otros fines es totalmente impropia.
Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Comentario:
a) Esta prohibición dimana de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General, y en la que se estipula que:
“[Todo acto de esa naturaleza] constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos [y otros instrumentos internacionales de derechos humanos].”
b) En la Declaración se define la tortura de la siguiente manera:
“[...] se entenderá por tortura todo acto por el cual el funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidad a esa persona o a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.”
c) En término “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” no ha sido definido por la Asamblea General, pero deberá interpretarse que extiende la protección más amplia posible contra todo abuso, sea físico o mental.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
Comentario:
a) La “atención médica”, que se refiere a los servicios que presta cualquier tipo de personal médico, incluidos los médicos en ejercicio inscriptos en el colegio respectivo y el personal paramédico, se proporcionará cuando se necesite o solicite.
b) Si bien es probable que el personal médico esté adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener en cuenta la opinión de ese personal cuando recomiende que se dé a la persona en custodia el tratamiento apropiado por medio de personal médico no adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley o en consulta con él.
c) Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley proporcionaran también atención médica las víctimas de una violación de la ley o de un accidente ocurrido en el curso de una violación de la ley.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán.
Comentario:
a) Cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier otro abuso de autoridad, es incompatible con la profesión de funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Debe aplicarse la ley con todo rigor a cualquier funcionario encargado de hacerla cumplir que cometa un acto de corrupción, ya que los gobiernos no pueden pretender hacer cumplir la ley a sus ciudadanos si no pueden, o no quieren, aplicarla contra sus propios agentes y en sus propios organismos.
b) Si bien la definición de corrupción deberá estar sujeta al derecho nacional, debe entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de estas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de estos una vez realizado u omitido el acto.
c) Debe entenderse que la expresión “acto de corrupción” anteriormente mencionada abarca la tentativa de corrupción.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.
Comentario:
a) El presente Código se aplicará en todos los casos en que se haya incorporado a la legislación o la práctica nacionales. Si la legislación o la práctica contienen disposiciones más estrictas que las del presente Código, se aplicarán estas disposiciones más estrictas.
b) El artículo tiene por objeto mantener el equilibrio entre la necesidad de que haya disciplina interna en el organismo del que dependa principalmente la seguridad pública, por una parte, y la de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos básicos, por otra.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informarán de las violaciones a su superiores inmediatos y sólo adoptarán otras medidas legítimas sin respetar la escala jerárquica si no se dispone de otras posibilidades de rectificación o si éstas no son eficaces.
Se entiende que no se aplicarán sanciones administrativas ni de otro tipo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por haber informado de que ha ocurrido o va a ocurrir una violación del presente Código.
c) El término “autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas” se refiere a toda autoridad o todo organismo existente con arreglo a la legislación nacional, ya forme parte del órgano de cumplimiento de la ley o sea independiente de éste, que tenga facultades estatutarias, consuetudinarias o de otra índole para examinar reclamaciones y denuncias de violaciones dentro del ámbito del presente Código.
d) En algunos países puede considerarse que los medios de información para las masas cumplen funciones de control análogas a las descritas en el inciso c supra. En consecuencia, podría estar justificado que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como último recurso y con arreglo a las leyes y costumbres de su país y a las disposiciones del artículo 4 del presente Código, señalarán las violaciones a la atención de la opinión pública a través de los medios de información para las masas.
e) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que observen las disposiciones del presente Código merecen el respecto, el apoyo total y la colaboración de la comunidad y del organismo de ejecución de la ley en que prestan sus servicios, así como de los demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
DEPARTAMENTO DE GOBIERNO
DECRETO 1207
La Plata, 7 de junio de 2004
Visto lo actuado en el expediente 21.400-1.119/04 por el que tramita la promulgación de un proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura en fecha 27 de mayo del corriente año, mediante el cual se establece el régimen estatutario para el personal de las Policías de la provincia de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 11 inciso n) Establece como derecho del personal una indemnización en los casos de fallecimiento o incapacidad total y permanente ocasionada en ejercicio de la función de policía de seguridad;
Que en atención a ello, debe observarse la frase “de seguiridad” del artículo e inciso citado considerando que la redacción de la norma puede generar errores de interpretación, toda vez que estaría circunscribiendo la indemnización al personal de la Policía de Seguridad, en desmedro del Personal de la Policía de Investigaciones en Función Judicial y de la Policía Científica en Función Judicial;
Que la objeción que se efectúa, no va en detrimento del espíritu, unidad y sistematicidad jurídica, del proyecto en análisis;
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, conforme a fundamentos de mérito y constitucionalidad y sin que ello resulte óbice para la .aplicación del texto que por otra parte se aprueba; deviene ineludible ejercer la facultad conferida por los artículos: 108 y 144 inciso 2º de la Constitución Provincial.
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Art. 1.- Obsérvase en el artículo 11 inciso, n), del proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura, con fecha veintisiete de mayo del corriente año, al que hace referencia el Visto del presente. la expresión “de seguridad”.
Art. 2.- Promúlgase el texto aprobado por la Honorable Legislatura, con excepción de la objeción dispuesta en el articulo anterior.
Art. 3.- Comuníquese a la Honorable Legislatura.
Art. 4.- Este Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno.
Art. 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y archívese.
SOLA
R. Magnanini
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Decreto 3.326
La Plata, 30 de diciembre de 2004.
VISTO: La sanción de la Ley 13.201, y
CONSIDERANDO:
Que el proceso de transformación iniciado en las Policías de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de lograr niveles aceptables de seguridad por medio de una fuerza civil armada, profesional y eficiente al servicio de la sociedad donde se desempeña, impone adoptar medidas estructurales que, dirigidas a lograr la actualización organizacional de la institución, contribuyan a un cambio cultural en las metodologías y resultados de la acción policial;
Que la Honorable legislatura ha sancionado la nueva ley para el personal de las Policías, con estado policial, que contempla la instrumentación de programas y acciones de fortalecimiento para una auténtica política de recursos humanos basada en una carrera profesional con formación e instrucción permanente, evaluación por desempeño y resultados, sistema de ascenso y promoción por cumplimiento de competencias, y con compensaciones retributivas en consecuencia;
Que la Ley 13.201 prevé que entrará en vigencia cuando se publique en el Boletín Oficial su reglamentación, circunstancia que torna necesario avanzar en esta línea, facilitando así los procedimientos y metodologías necesarias para tornar operativos los mandatos ordenados por el nuevo estatuto de recursos humanos;
Que la nueva carrera, por especialidad, hace necesario constituir el nuevo escalafón de nueve grados;
Que en ese orden de ideas, se definen las condiciones y requisitos de ingreso a la Institución, contemplando en particular las características que deberán reunir sus postulantes;
Que la nueva ley al soslayar el mero transcurso del tiempo y la calificación formal para la promoción del personal impone la incorporación de conceptos de capacitación permanente por especialidad y la evaluación de desempeño sobre la experiencia realizada para los ascensos de grados y promociones de niveles dentro del mismo grado;
Que a tal efecto se prevé implementar una Guía de Desarrollo de Carrera, con su correspondiente Manual de Formación y Capacitación, mediante la cual a la luz de las funciones de los correspondientes cargos y de los objetivos institucionales, contribuyan a la planificación y desarrollo de los niveles de dirección, supervisión y operativos que el sistema de seguridad demande en cada circunstancia;
Que asimismo resulta necesario implementar el Sistema de Competencias Profesionales que regula la ley como aspecto metodológico para la formación y crecimiento de los recursos humanos, determinando los conceptos y condiciones de las Competencias que se consideran elementales;
Que merece especial atención la reglamentación del nuevo régimen disciplinario con una adecuada categorización de las faltas y una importante descentralización del ejercicio de la potestad disciplinaria, fortaleciendo la aplicación de sanciones directas y un procedimiento de resolución ágil y eficaz para los casos que requieran intervención sumarial;
Que por otro lado, en mérito a la transparencia de la gestión institucional con relación a sus recursos humanos, y contribuyendo a la inserción de la comunidad en la información que hace a la administración de los mismos, corresponde diseñar los mecanismos de participación comunitaria sobre los aspectos inherentes al ingreso, desarrollo de carrera y egreso del personal;
Que ello implica la necesidad de aprobar la reglamentación de la Ley 13.201, sujeta a una ampliación posterior conforme a las necesidades;
Que la presente se dicta de conformidad a lo establecido en el artículo 144 - proemio e inciso 2- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA
(1979)
Cuando un agente utilice las franquicias de los ítems a y b del inciso i) del artículo 78, se lo obligará previamente a continuar al servicio de la Institución, en trabajos afines a los estudios realizados por un período mínimo equivalente al triple de la licencia que le fuera otorgada. Este período no podrá ser nunca inferior a dieciocho (18) meses, cualquiera sea el tiempo de duración de la licencia gozada. Su incumplimiento hará exigible la devolución de los haberes percibidos durante la licencia.
Cuando se utilice la franquicia del item c del inciso i) del artículo mencionado, corresponderá que el agente adicione, a la devolución de los haberes, una indemnización proporcional al costo de su capacitación.
Tendrá derecho al goce de las licencias mencionadas los agentes que registren una antigüedad mayor a cinco (5) años en la Institución.
En el marco del artículo 49 de la ley 13201 corresponderá el otorgamiento de becas para el sostenimiento, contención y educación de cada uno de los hijos menores del personal fallecido o retirados por incapacidad física sufrida en acto de servicio.
Será devengado mensualmente hasta completar el nivel de enseñanza secundario/polimodal o hasta cumplir la mayoría de edad por un monto equivalente al treinta (30) por ciento del sueldo básico del grado de Comisionado correspondiente al escalafón de la ley 13201.
No tendrá derecho a su percepción, quien resulte alcanzado con un beneficio de similar naturaleza al presente, salvo que ejerzan la opción.
Para obtener la beca referida en el artículo precedente el padre, la madre o el tutor del beneficiario, deberá acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
a. certificado de defunción y resolución que acredite que el fallecimiento del numerario fue en acto de servicio.
b. Certificado de nacimiento del hijo para quien se solicita el beneficio.
c. Certificado o comprobante que acredite su condición de alumno regular, para el supuesto de encontrarse cursando con continuidad en establecimientos que impartan Enseñanza inicial, tercera sección, Educación General Básica y/o Polimodal y Enseñanza Especial.
A los efectos de la regularidad de su percepción, deberá acompañarse al comienzo de cada ciclo lectivo la documentación enunciada en el inciso c) del artículo 81.
No tendrán derecho a la beca contemplada en el artículo 80 los hijos de los agentes policiales que habiendo cumplido dieciocho años de edad:
a. hayan contraído matrimonio
b. hayan abandonado sus estudios por dos (2) años consecutivos o tres (3) alternados, o hayan desaprobado más de dos (2) años consecutivos o alternados.
El apercibimiento es el llamado de atención que se documenta por escrito y se registra en el legajo del infractor, a los fines que recapacite sobre la conducción adoptada.
La suspensión sin goce de haberes consiste en la privación temporal de los derechos inherentes al empleo, con la pérdida proporcional del sueldo por el tiempo de la sanción. Dicha sanción no implica la interrupción del estado policial, por lo que el suspendido queda sujeto a las leyes y reglamentaciones policiales. El tiempo de suspensión no se computará para la antigüedad en el servicio.
La cesantía y la exoneración importan la separación definitiva del agente de las Policías de la Provincia de Buenos Aires con la pérdida del empleo y los derechos inherentes al mismo.
La sanción de exoneración se aplicará al personal en situación de retiro, implicando ello la pérdida definitiva de los derechos inherentes a dicho estado, conforme a lo previsto en el artículo 58 de la ley 13201.
La aplicación de sanciones deberá ser proporcional a la entidad, naturaleza y gravedad de la falta cometida, y deberá tenerse en cuenta para su graduación lo prescripto por los artículos 95 y 96 de la presente reglamentación.
La reiteración de faltas sancionadas disciplinariamente, cualquiera sea su naturaleza, podrá traer aparejada como sanción accesoria la realización de los cursos de capacitación inherentes a la disfunción acaecida en relación con el grado de responsabilidad del agente, que serán determinados por la autoridad de aplicación.
La sustracción al cumplimiento o el abandono del curso será considerada falta grave.
El personal dado de baja por cesantía o exoneración no podrá ser reincorporado ni aún cuando mediare rehabilitación.
El personal policial que, por razones disciplinarias, hubiera sido separado de la Institución por cesantía podrá solicitar su rehabilitación, siempre que hubiere transcurrido un año o más desde la fecha del acto que dispuso su separación. Si la petición fuera denegada sólo podrá solicitarla nuevamente cuando hayan transcurrido dos años o más desde la fecha de su última presentación.
De igual forma y sujetándose a los plazos de dos y cinco años, respectivamente, podrá pedirse la rehabilitación en caso de exoneración.
La solicitud se hará por escrito ante el Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad y será resuelta por el Poder Ejecutivo de la Provincia.
A los efectos de los derechos previsionales del personal dado de baja por cesantía o exoneración se estará a lo que disponga la Ley de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policías de la Provincia de Buenos Aires.
Son faltas simples las que dan lugar a la sanción de apercibimiento.
Son faltas leves las que dan lugar a apercibimiento o suspensión sin goce de haberes hasta diez días.
Son faltas graves las que dan lugar a suspensión sin goce de haberes de hasta cuarenta y cinco (45) días, y se sustancian en el ámbito de cada Policía, según a la que pertenezca por su especialidad el infractor.
Son faltas graves, que constituyen faltas éticas y abusos funcionales graves, las que dan lugar a suspensión de empleo de hasta sesenta (60) días, cesantía o exoneración y que se sustancian en el ámbito de la Auditoría General de Asuntos Internos.
Serán consideradas como atenuantes las siguientes circunstancias:
a. La inexperiencia del transgresor.
b. Los motivos que lo llevaron a incurrir en la falta.
c. Sus antecedentes favorables y los méritos acreditados en su foja de servicios e informe de sus superiores.
d. Su buen concepto funcional y personal.
e. El exceso de celo en bien del servicio.
f. Los factores de orden moral que, por su gravedad, hayan tenido decisiva influencia en la comisión de faltas.
g. Que la transgresión no haya producido consecuencias graves.
Serán consideradas como agravantes las siguientes circunstancias:
a. La participación responsable, en cualquier grado, de particulares –espeialmente menores de edad o personas con antecedentes penales o contravencionales-, así como la de subalternos o en presencia de estos últimos.
b. El mayor grado, antigüedad o cargo.
c. La reiteración y la reincidencia.
d. El empleo de elementos de uso prohibido en general, especialmente armas no autorizadas.
e. La entidad de la acción, su extensión, consecuencias y el peligro causado.
f. El ánimo de lucro o promesa de beneficios de cualquier índole, tanto en la acción o la omisión, como agente pasivo o activo del hecho.
g. Los antecedentes desfavorables registrados en su foja de servicio en los dos años anteriores a la comisión de la falta o el mal concepto funcional y personal informado por sus superiores.
h. Cualquier motivación de odio o segregación por raza, ideología, sexo, religión o condición étnica, económica, social o personal de cualquier tipo que fueran determinantes para su comisión.
i. Especialmente grave será la falta que afecte, como agente pasivo, a una o más personas que se hallen a disposición formal o de hecho del imputado o en la dependencia en que éste preste servicio.
j. La trascendencia pública del hecho, cuando fuera generada por acción del infractor.
Cuando concurran dos o más faltas de diversa entidad, se aplicará la sanción que corresponda a la infracción más grave y se tendrán en cuenta las demás como agravantes.
Habrá reincidencia cuando el efectivo policial que hubiere sido objeto de sanción anterior por falta disciplinaria, cometiere otra, dentro de los términos siguientes:
a. A los treinta días, cuando la sanción anterior hubiere sido apercibimiento.
b. Al año, cuando la sanción anterior hubiere sido suspensión sin goce de haberes hasta diez días
c. A los dos años, cuando la sanción hubiere sido suspensión sin goce de haberes mayor de diez días.
Los términos aludidos comenzarán a contarse desde la fecha en que quede firme la sanción impuesta.
La potestad disciplinaria se extingue:
a. Por la muerte del imputado.
b. Por la desvinculación del imputado de la Institución, salvo que la sanción que correspondiere aplicar pudiera modificar la causal del cese.
c. Por prescripción de la acción administrativa.
Cuando el hecho importara responsabilidad penal y disciplinaria la prescripción de la acción administrativa se regirá por las disposiciones del Código Penal. Cuando sólo representara responsabilidad disciplinaria, la acción se extinguirá a los dos años de cometida o de conocida la comisión de la falta.
La prescripción de la acción administrativa opera por el mero transcurso del tiempo. La comisión de una nueva falta y los actos del procedimiento disciplinario que tiendan a mantener vigente la persecución interrumpen el curso de la prescripción.
Si el hecho que motivó la responsabilidad disciplinaria hubiera dado lugar a la apertura de causa penal, el plazo de prescripción de la acción administrativa se suspenderá hasta tanto se dicte resolución definitiva en las actuaciones judiciales.
La prescripción corre, se interrumpe y/o suspende separadamente para cada uno de los participantes de la falta.
Son faltas simples:
a. Omitir el formal saludo a un superior.
b. Desatender la vía jerárquica.
c. Faltar el respeto a un igual o subalterno.
d. Faltar a la puntualidad en forma injustificada, en tanto no importe una grave afectación del servicio.
Son faltas leves:
a. Practicar juego de azar en cualquier dependencia de las Policías.
b. Faltar el respeto a un superior.
c. Omitir controlar el trato de sus dependencias para con el público en general, en especial en orden a la precisión de las respuestas que se brinden, y en cuanto a evitar demoras innecesarias en los trámites que deban ser resueltos en cada dependencia.
d. Manifestar su conformidad con órdenes del servicio o infundir en los subalternos desalientos, tibieza o desagrado.
Constituye falta grave, en los términos del artículo 93 del presente acto:
a. Incumplir con la obligación de mantener la disciplina del personal a sus órdenes.
b. Negarse a ser notificado de una sanción.
c. Incumplir órdenes del servicio, aún en forma parcial o en modio negligente, cuando ello no irrogue perjuicio alguno.
d. Agredir físicamente aun igual o subalterno.
e. Hacer observaciones, quejarse, reprochar o discutir por medios no autorizados, de palabra o por escrito, actos u órdenes del superior.
f. Cometer, por acción u omisión, todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al agente por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de éste una afectación a la disciplina.
Son faltas graves, en los términos del artículo 94 del presente acto:
a. Cometer insubordinación, provocarla o instigar a otros a cometerla.
b. Desafiar, hacer además de extraer armas o efectuar otras demostraciones agresivas contra un superior.
c. Agredir físicamente a un superior.
d. Efectuar disparos con el arma provista u otra asignada, sin justificación en acto de servicio alguno.
e. Prestarse o hacer propaganda tendenciosa contra la Institución policial o sus componentes, cuando ello pueda afectar la disciplina.
f. Cometer, por acción u omisión, todo acto que importe el incumplimiento de un deber, legalmente impuesto al agente por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de éste una grave afectación a la disciplina.
Son faltas simples:
a. Evitar concurrir al consultorio médico policial a solicitar licencia por enfermedad, requiriéndola a domicilio, sin que medie causa valedera para ello.
b. Adoptar posturas de descanso durante el servicio, siempre y cuando ello afecte la debida atención que la función asignada amerita.
Son faltas leves:
a. La inasistencia injustificada al servicio.
b. Incumplir con la obligación de conservar materiales de trabajo, cuando esto no traiga aparejada la pérdida de su capacidad operativa, o la comprometa seriamente.
c. Desaprovechar, por acción u omisión, la plena capacidad funcional de los recursos logísticos puestos a disposición de la fuerza.
Son faltas graves, en los términos del artículo 93 del presente acto:
a. Abandonar el servicio por más de setenta y dos horas.
b. Faltar a la puntualidad o asistencia en forma injustificada, en tanto importe una grave afectación del servicio.
c. Incumplir con la obligación de conservar materiales de trabajo, cuando ello origine la pérdida de su capacidad operativa o la comprometa seriamente.
d. Incumplir, por acción u omisión, alguno de los deberes de centinela, imaginaria, consigna o custodia policial.
e. Sustraerse al cumplimiento del servicio ordinario o extraordinario.
f. Cometer, por acción u omisión, todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al agente por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de éste una afectación a la operatividad.
Son faltas graves, en los términos del artículo 94 del presente acto:
a. Incumplir órdenes del servicio, aún en forma parcial o en modo negligente, cuando ello cause perjuicio de cualquier tipo.
b. Omitir sin justificación constituirse en forma inmediata en el sitio donde se requiriera su presencia frente a la comunicación de una emergencia, o no disponer que un subalterno lo haga.
c. Omitir dar el curso debido a la información recibida a través del centro de atención telefónica de emergencias.
d. Incumplir con el servicio ordinario u extraordinario, cuando de ello se verifique una grave afectación a la vida, patrimonio o salud de funcionarios y/o terceros.
e. Disponer, a título gratuito u oneroso, de la credencial, armamento, distintivos, uniformes u otros bienes de la Institución.
f. Hallarse en estado de ebriedad durante el servicio. Para el caso en que la sanción impuesta no fuera expulsiva, será obligatoria su comunicación a las áreas pertinentes para la adopción de las medidas tuitivas y de seguimiento que correspondan.
g. Hallarse en estado de intoxicación por estupefacientes durante el servicio. La comisión de esta falta siempre dará lugar a la imposición de una sanción de carácter expulsivo.
h. Incumplir, aún en medio negligente, con el debido control del servicio ordinario o extraordinario asignado a un subordinado.
i. Cometer, por acción u omisión, todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al agente por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de éste una grave afectación a la operatividad.
Son faltas simples:
a. Desatender el aseo personal y corrección en el vestir.
b. Usar indumentaria que no esté aprobada para el uniforme que se utilice, o la utilización desaliñada del mismo, sucio, en forma incompleta, con deterioro o faltantes.
c. Usar insignias o distintivos que no correspondan con su grado, nivel, función o especialidad, siempre y cuando la entidad del hecho no constituya delito.
d. No observar el debido decoro que impone la función, aún estando de civil, siempre que ello no configure alguna otra infracción más grave.
e. Adoptar posturas de descanso inapropiadas durante el servicio, aún cuando ello no afecte la debida atención que la función asignada amerita.
Son faltas leves:
a. Efectuar declaraciones públicas sobre hechos que motivaron la substanciación de un sumario en el que el agente se halle investigado, mientras dure su tramitación o si fuera sancionado.
b. Faltar el respeto a un particular.
c. Faltar en público el respeto a iguales o subalternos.
d. Participar activamente en manifestaciones populares o reuniones políticas vistiendo el uniforme reglamentario, así como hacerlo de civil sin previa autorización superior.
e. Deshonrar deudas, cuando su justificación exceda un estado de necesidad empíricamente demostrable.
f. Conducir de manera riesgosa o imprudente vehículos oficiales, cuando no existan causas empíricamente demostrables que así lo justifiquen, y siempre que de ello no se verifique resultado lesivo alguno
Son faltas graves, en los términos del artículo 93 del presente acto:
a. Faltar en público el respeto a un superior.
b. Hallarse en estado de ebriedad fuera del servicio, cuando trascendiere públicamente. La imposición de la sanción deberá ser comunicada a las áreas pertinentes para la adopción de las medidas tuitivas y de seguimiento que correspondan.
c. Cometer, por acción u omisión, todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al agente por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de éste una afectación a la imagen pública de las Policías.
Son faltas graves, en los términos del artículo 94 del presente acto:
a. Mantener vinculación personal con delincuentes, contraventores o personas de notoria mala fama.
b. Haber sido condenado judicialmente a pena privativa de la libertad, aún de ejecución condicional, y/o inhabilitación para el ejercicio de la función policial.
c. Hallarse en estado de intoxicación por estupefacientes fuera del servicio, cuando trascendiere públicamente. La comisión de esta falta siempre dará lugar a la imposición de una sanción de carácter expulsivo.
d. Cometer, por acción u omisión, todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al agente por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de éste una grave afectación a la imagen pública de las Policías.
Constituye falta simple:
a. Efectuar reclamos en términos agraviantes o peyorativos.
Son faltas leves:
a. Utilizar influencias para definir destinos laborales, traslados o ascensos, siempre que no medien los elementos constitutivos de alguna de las figuras legales del Título XI, Capítulo VI del Código Penal.
b. Incoar, impedir o dificultar, mediante temeridad y/o malicia, cualquier acto de la vía administrativa propio o de terceros.
c. Faltar a la verdad, cuando le sea legalmente exigible con motivo del ejercicio del cargo.
Son faltas graves, en los términos del artículo 93 del presente acto:
a. Ingerir bebidas alcohólicas durante el servicio.
b. Cometer, por acción u omisión, todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al agente por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de éste una afectación a la ética, el respeto, la integridad y la honestidad del funcionario.
Son faltas graves, en los términos del artículo 94 del presente acto:
a. Cometer actos u omisiones que impliquen en forma directa o indirecta cualquier modo de corrupción.
b. Incumplir con la presentación de la declaración jurada patrimonial impuesta por el artículo 12, inciso e) de la Ley 13.201, falsear su contenido, o no poder justificar su evolución.
c. Violar alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 13.201.
d. Tener bajo cualquier concepto, aún en forma negligente, bienes registrables que no cumplan con los requisitos legales exigidos.
e. Recomendar servicios de terceros que impliquen un interés pecuniario.
f. Acosar y/o discriminar por razones de sexo, raza, ideología, religión, condición étnica, economía, social o personal de todo tipo, a cualquier otro componente de las Policías.
g. Incumplir el servicio invocando falsa causa, ardid o engaño.
h. Cometer, por acción u omisión, todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al agente por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de éste una grave afectación a la ética, el respeto, la integridad y la honestidad del funcionario.
Son faltas graves, en los términos del artículo 93 del presente acto:
a. Evaluar arbitrariamente al personal subordinado
b. Ejercer arbitrariamente, o no ejercer, las facultades disciplinarias.
c. Exigir y/o encomendar tareas no autorizadas al personal subalterno.
d. Proporcionar o liberar el acceso, aún en forma imprudente, a la prensa o a particulares, de información, documentación, informes, y/o cualquier otra constancia de la que tuviere conocimiento por la función que desempeñe, no mediando autorización para su difusión, y siempre que de ello no derive grave perjuicio para la investigación o la seguridad de terceros.
e. Emplear en forma abusiva su status profesional.
f. Atribuir mando a un policía de inferior jerarquía y cargo respecto de los demás integrantes de la misión, sin que medien razones de servicio que así lo justifiquen.
g. Incumplir, impedir u obstaculizar de cualquier modo algunas de las funciones encomendadas a los foros de seguridad según la Ley 12.154.
h. Incumplir, aún en forma negligente, con los términos fijados para la remisión o devolución de expedientes judiciales cuando se haya encomendado la práctica de alguna medida.
i. Extraviar o destruir, aún en forma negligente, un expediente judicial cuya tutela se haya encomendado por cualquier motivo.
j. Cometer, por acción u omisión, todo acto que importe el cumplimiento de un deber legalmente impuesto al agente por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de éste una afectación a su racionalidad y legalidad.
Son faltas graves, en los términos del artículo 94 del presente acto:
a. Agredir a un particular
b. Cometer actos que impliquen la afectación de la dignidad humana y/o violen Derechos Humanos.
c. Omitir, aún en forma negligente, la persecución o represión de delitos, juegos prohibidos, prostitución o cualquier otra falta o contravención.
d. Obstruir o no prestar la debida colaboración a las autoridades judiciales, administrativas o municipales que legalmente lo requieran.
e. Omitir al registro de los detenidos o permitirlo sin las formalidades reglamentarias, o no ajustarse a ellas en el retiro o devolución de dinero, pertenencias y/o efectos requisados.
f. Omitir llevar en tiempo real o en la forma debida, las registraciones que deben plasmarse en el libro de guardia de cada dependencia.
g. Disponer que un subordinado cumpla funciones, desnaturalizando el tipo de servicio por medio del cual se deban llevar a cabo.
h. Proporcionar o liberar el acceso, aun en forma imprudente, a la prensa o a particulares, de información, documentación, informes, y/o cualquier otra constancia de las que tuviere conocimiento por la función que desempeñe, no mediando autorización para su difusión, y siempre que de ello derive grave perjuicio para la investigación o la seguridad de terceros.
i. Omitir la inmediata comunicación de la formación de causa penal que involucre al personal subordinado.
j. Tener en servicio armas de fuego no autorizadas para el ejercicio de la función.
k. Omitir comunicar en tiempo y forma, distorsionar o falsear, informes, denuncias, o cualquier tipo de actuaciones que deba ser puesta a disposición de la autoridad pública.
l. Incumplir con alguna de las pautas generales o especiales dispuestas en el “Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley” –res. 34/169, anexo 34, U.N., GAOR Supp- (n° 46), p. 186, O.N.U. doc. A/34/46 –1979-, y que forma como “anexo I”, parte integrativa de la Ley 13201. A este respecto revestirán especial gravedad, las conductas u omisiones que conculquen garantías de personas aprehendidas o detenidas por la autoridad.
m. Cometer, por acción u omisión, todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al agente por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de éste una grave afectación a su racionalidad y legalidad.
Todo funcionario policial está obligado a ejercer las facultades disciplinarias que se acuerdan por la presente reglamentación.
Cuando un funcionario de las Policías desempeñe un cargo orgánico sin poseer el grado requerido por la organización funcional, tendrá las facultades disciplinarias inherentes al grado requerido para el cargo que ocupe.
Las transgresiones cometidas en presencia de varios funcionarios con facultades disciplinarias deben ser sancionadas por el mayor grado.
El personal retirado carece de facultades disciplinarias.
Sin un funcionario retirado tuviera conocimiento de transgresiones al presente régimen disciplinario tiene la obligación de comunicarlas al superior del infractor o, en su caso, al titular de la dependencia más próxima a su domicilio.
Cometida alguna de las transgresiones enumeradas por el artículo 93 del presente acto, la instrucción sumarial estará a cargo del titular de la dependencia en que se constatara la falta o en su defecto de un funcionario policial no inferior a grado cuatro.
El instructor deberá poseer grado igual o superior al del imputado, el que actuará con un secretario designado al afecto.
Iniciada la actuación sumarial no podrá reemplazarse al Instructor sin autorización expresa del Director General de la Policía a la que pertenezca.
Los Instructores sólo podrán ser recusados por las siguientes causas:
a. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o el segundo de afinidad con alguna de las partes.
b. El haber sido denunciado o acusado por un delito o falta disciplinaria por el imputado con anterioridad a la comisión de la falta.
c. El interés directo o indirecto en el resultado de la investigación que se manifieste por parcialidad evidente.
d. Tener pleito pendiente con el imputado.
e. La amistad íntima que se manifieste por frecuencia de trato.
f. La enemistad manifiesta, odio o resentimiento que se demuestre por hechos graves o conocidos.
La recusación podrá formularse por el imputado en el momento de su declaración o hasta cuarenta y ocho horas después, expresando la causa en que se funde. Si el recusado no reconoce la verdad de la causa que se invoca, se elevará lo obrado al Director General interviniente para su resolución; este incidente no detendrá el curso de las actuaciones principales, excepto la declaración del imputado.
Cuando se haga lugar a la recusación del Instructor, las diligencias practicadas por éste no serán válidas si no fueran ratificadas por el nuevo Instructor.
El Instructor que se considere inhibido de actuar por alguna de las causales que este reglamento prevé para su recusación, lo hará saber por vía de excusación al Director General de la policía interviniente, para que resuelva sobre la cuestión.
Los plazos establecidos en el presente título se computan en días hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario.
La instrucción sumarial deberá concluirse dentro de los treinta días a contar desde la disposición que ordena su instrucción. No obstante ello, por las circunstancias del hecho, complejidad de la causa, número de imputados u otra razón grave o valedera debidamente acreditada, podrá disponerse la prórroga de aquel plazo por un plazo igual. La concesión de esta prórroga será solicitada, por pedido fundado, al Director General que deba resolver.
Las actuaciones sumariales que tramiten ante la Auditoría General de Asuntos Internos deberán concluirse dentro de un plazo máximo de noventa días, computados a partir desde que se ordena su instrucción y prorrogables por idéntico plazo.
La notificación personal se formalizará mediante la entrega al interesado de una copia del acto administrativo y su firma en una constancia simple de recepción extendida a tal efecto.
Las notificaciones se practicarán por cédula en el domicilio que se hubiera constituido en la actuación en el acto de la primera citación o, en su defecto, en el domicilio denunciado ante la dependencia donde el imputado preste servicio.
Si la notificación se hiciera en el domicilio, el agente comisionado al efecto llevará una cédula que llevará transcripta la providencia o resolución a notificar y le hará entrega al interesado de un testimonio igual, firmado al pie de la copia que se agregará al expediente, donde conste el día, hora y lugar en que se practicó la diligencia.
Si no encontrare a la persona a quien se va a notificar, se entregará a alguna de las personas que residan en la casa, empezando por los familiares del interesado y prefiriendo de entre estos, siempre que fuera posible, al más caracterizado.
Si no se hallase persona alguna dentro de la casa o habitación se fijará la cédula en la puerta de acceso, sin perjuicio de hacer entrega de un duplicado a un vecino que sepa leer, prefiriendo al más inmediato y procediendo en todo lo demás como se establece en el artículo anterior.
La iniciación de toda actuación deberá comunicarse mediante parte escrito, dentro de las veinticuatro horas de tomado conocimiento, a la Dirección General de la Policía a la que pertenezca el causante, a la Dirección General a la que pertenezca la dependencia donde se constató el hecho, al órgano de contralor en sumarios administrativos y al área de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad.
El memorando deberá contener los datos personales del imputado, una enunciación sucinta de los hechos y de la calificación que prima facie parezca adecuada.
Las sanciones se registrarán en libros especiales o en cualquier otro soporte que garantice su perdurabilidad, en la dependencia en que presta servicio el infractor y en su legajo personal.
Todas las sanciones deberán comunicarse al área de Recursos Humanos del Ministerio.
Cuando se aplique suspensión sin goce de haberes, se comunicará, además, a la dependencia encargada de la liquidación de sueldos para efectuar la retención pertinente.
Se prescindirá de la instrucción de la actuación sumarial, cuando el superior que constató la falta o el titular de la dependencia donde el transgresor preste servicios estimen procedente imponer una sanción dentro del límite de sus respectivas facultades.
Si quien constatara la falta considerara que el infractor merece una sanción que exceda sus facultades disciplinarias, solicitará la intervención al superior habilitado a imponer la sanción hasta el límite propuesto conforme el ejercicio de la potestad disciplinaria.
La potestad de aplicación de sanción directa será ejercida a partir del Grado 4 o superiores.
Las sanciones directas deben ser aplicadas mediante resolución fundada y por escrito, en la que se expresen claramente los hechos, la naturaleza de la falta y la norma transgredida.
Los oficiales de Grados 8 y 9, ejercerán sus facultades disciplinarias sobre sus subordinados y subalternos.
Cuando se impongan sanciones a quien no sea un subordinado directo, deberán comunicarlas de inmediato y por escrito al jefe directo del transgresor.
Los oficiales de los Grados 5, 6 y 7 ejercen su potestad disciplinaria sobre todo el personal que les está subordinado en el marco de sus respectivas atribuciones.
Respecto del personal subalterno no subordinado, la comisión de la falta será comunicada mediante informe escrito al jefe directo del transgresor, mencionando el hecho concreto, quien aplicará la sanción que considere justa e informará la decisión adoptada.
Los oficiales de Grado 4 sólo podrán aplicar apercibimiento al personal subordinado en forma directa.
Cuando los oficiales de los Grados 1, 2 y 3 adviertan la posible comisión de una falta respecto de sus subordinados o subalternos, informarán al superior de la dependencia donde el infractor preste servicios, quien dispondrá lo pertinente.
ART ICULO 145.- En las sanciones disciplinarias que sean aplicadas directamente por el superior que la compruebe, sin necesidad de labrar actuaciones sumariales, el tipo de sanción y su alcance es el que se determina a continuación
FACULTADES DISCIPLINARIAS –sin actuación sumarial-
GRADO DEL QUE APLICA LA SANCION
Apercibimiento
Suspensión sin goce de haberes
Grados del Infractor
8
7
6
5
4
3
2
1
9
Superintendente
SI
1
2
4
5
6
7
8
10
8
Comisionado
SI
2
3
4
6
7
8
10
7
Inspector
SI
1
2
4
6
8
10
6
Capitán
SI
1
3
5
8
10
5
Teniente Primero
SI
1
3
7
10
4
Teniente
SI
Las sanciones impuestas se notificarán por escrito al transgresor, a través de la dependencia en la que preste servicios.
Se deberá instruir actuación sumarial al personal policial comprendido en el régimen de la Ley 13.201 en los siguientes casos:
a. Por faltas a que se refieren los artículos 93 y 94.
b. Por pérdida o extravío, deterioro o destrucción de bienes de la Institución que exceda el porcentual establecido por el artículo 8 inciso 3° del Decreto-Ley 8827/77 y sus modificatorias y los que eventualmente lo sustituyan.
En caso que el perjuicio no exceda el porcentaje referido, se labrarán actuaciones sumariales simples a los efectos de documentar la pérdida, el extravío, deterioro o destrucción y proveer en su caso, la baja del bien, formulándose el cargo por el Ministerio de Seguridad. A los fines disciplinarios, el superior que constató el daño patrimonial dispondrá la sanción que pudiere corresponder dentro de su potestad sancionatoria.
En todos estos casos, se deberá observar el término legal vigente (artículo 4037 del Código Civil) a fin de evitar que opere la prescripción de la acción civil resarcitoria.
c. Cuando medie imputación penal contra el personal policial.
Las actuaciones sumariales podrán iniciarse de oficio o por la recepción de una denuncia. Se iniciarán de oficio cuando un funcionario constate personalmente una transgresión al presente régimen.
La denuncia puede hacerse por escrito o verbalmente.
En el primer caso deberá estar firmada por el denunciante y el funcionario receptor; en el segundo, se labrará un acta, en la que se expresará las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativas al hecho denunciado, la que será firmada por el compareciente y el funcionario que la confeccionara.
El funcionario que hubiera constatado personalmente la falta o que hubiera recibido la denuncia, labrará el acta correspondiente, en la que se consignarán las circunstancias del hecho, datos del transgresor y testigos, y diligencias que se propongan para acreditar la falta, encuadre y todo otro dato de interés.
El instructor se encuentra facultado para disponer la acumulación de actuaciones administrativas cuando exista conexidad por causa y por objeto de las faltas, o identidad en el presunto infractor.
No procederá la acumulación de actuaciones cuando este procedimiento implique un grave retardo para el sumariado o para la prosecución de las actuaciones disciplinarias.
Cuando se iniciaran varios sumarios contra el mismo agente por ante distintas Direcciones generales de las Policías, todo ellos serán acumulados en las actuaciones que pudieren dar lugar a la sanción más grave. Si se tratara de faltas de idéntica entidad, se acumularán en aquellas en que se dictó el primer auto de imputación.
La iniciación de toda instrucción sumarial deberá comunicarse conforme las pautas de la presente reglamentación. Se comunicará, además, al Auditor General de Asuntos Internos.
El Auditor General de Asuntos Internos podrá avocarse de oficio al conocimiento y resolución de las actuaciones iniciadas en orden a las faltas disciplinarias contempladas en los artículos 91, 92 y 93 del presente cuerpo legal, cuando en virtud de los elementos de juicio recabados, y mediando resolución fundada, considere que el hecho investigado, por su modalidad, calidad de los sujetos intervinientes, así como por sus características de tiempo, modo y lugar de ejecución, así lo aconseje. Tal decisión será irrecurrible.
La Dirección General de la Policía a la que pertenezca el transgresor deberá informar inmediatamente al Instructor los antecedentes profesionales y personales del sumariado.
El área de Recursos Humanos del Ministerio deberá remitir a la dependencia actuante copia de legajo personal, la que será agregada en autos.
Todas las diligencias probatorias se harán constar por escrito, en actas que suscribirá el Instructor y/o quienes hubieren intervenido en ella.
En la etapa sumarial serán admisibles toda clase de pruebas. Su valoración se hará conforme el sistema de libres convicciones razonadas.
El Instructor tomará declaraciones testimoniales a todas las personas a quienes considere en condiciones de suministrar noticias o datos que sirvan para la comprobación de los hechos y la identidad del responsable y toda otra circunstancia de interés.
Los testigos que no pertenezcan a la Institución serán citados a declarar por cédula, en la que se hará constar la actuación sumarial por la que son llamados a declarar.
Cada testigo deberá ser examinado por separado por el Instructor y se le harán conocer las penas con que la ley castiga al falso testimonio.
El testigo deberá acreditar previamente su identidad y consignarse en el acta sus datos personales, profesión, domicilio como así también si conocen al imputado y al denunciante y si existe alguna relación de parentesco o personal con alguno de ellos.
Se lo interrogará bajo juramento o promesa de decir la verdad sobre los hechos investigados y todo otro dato que los mismos puedan aportar.
Se agregarán al expediente todos los documentos que se presentaren durante la instrucción y tuvieren relación con los hechos por los que se instruye el sumario, dejándose constancia de la procedencia.
Los documentos existentes fuera de la jurisdicción del Instructor o que no pudieren ser agregados, podrán ser compulsados en el lugar en que se encuentran o, en caso de ser necesario, se obtendrá o recabará copia testimoniada.
Se procederá a recabar informe pericial siempre que para el examen de una persona o para la apreciación de un hecho o de sus circunstancias se requieran conocimientos especiales, en algún arte, ciencia o profesión.
Se nombrará un solo perito por cada especialidad.
El informe pericial será producido por perito oficial de la Institución, redactado por escrito y bajo juramento expreso de haberse pronunciado de acuerdo con la verdad en los hechos investigados y las reglas propias de su especialidad.
El peritaje deberá ser presentado dentro de los cinco días hábiles de la notificación del estudio encomendado. El plazo podrá ser prorrogado por otro igual a su pedido y cuando la complejidad de la tarea asignada lo hiciera necesario.
En las actuaciones sumariales por ebriedad o consumo de estupefacientes, se requerirá un informe médico sobre el grado de intoxicación mediante análisis de sangre.
Si la obtención de prueba exigiera la presencia de un Instructor fuera de la Provincia, se solicitará autorización al señor Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad, a través de la Dirección General interviniente.
La desafectación del servicio será decretada por el Auditor General de Asuntos Internos, de oficio o a petición del Director General de la Policía a la que pertenezca el infractor, mediante resolución fundada, de conformidad a lo previsto por el artículo 14 inciso c) y siguientes de la Ley 13.201 y previsiones del Capítulo III., Título III de la presente reglamentación.
El pedido de desafectación del servicio deberá efectuarse por escrito y contendrá:
a. Una exposición sucinta del hecho que motiva la falta;
b. El encuadre administrativo disciplinario que prima facie corresponda a la conducta;
c. Las causas que ameritan la adopción de la medida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 13201.
d. El requerimiento formal de su aplicación.
Decretada la desafectación del servicio y mientras ella se encuentre vigente, se le retirará al personal afectado el ejercicio de los derechos reconocidos por los incisos a) y e) del artículo 11 de la ley de personal.
El Auditor General de Asuntos Internos levantará la desafectación del servicio, de oficio o a pedido de parte, en los siguientes casos:
a. Si durante la sustanciación del sumario hubiere variado la situación del imputado por haberse probado la inexistencia del hecho de la falta o por no haberse podido acumular pruebas suficientes para considerarlo como autor responsable.
b. Si transcurrido los plazos previstos en el artículo 18 de la Ley 13201, el sumario administrativo en el que fuera decretada, no se hubiera resuelto. En tal caso, el agente será reintegrado al servicio.
c. Si vencido el término indicado en el inciso anterior las circunstancias particulares del hecho no permitieran, a juicio del Auditor General de Asuntos Internos, el reintegro al servicio del agente, sin menoscabar la disciplina o el prestigio de la Institución, se ordenará su pase a disponibilidad a la espera de destino hasta la resolución del sumario.
Para la resolución de los pedidos de desafectación del servicio y de levantamiento de la medida, el Auditor General de Asuntos Internos podrá requerir la remisión de las actuaciones que se hubieran labrado hasta el momento, las que serán elevadas en el término de veinticuatro horas.
El levantamiento de la desafectación de servicio o el pase a disponibilidad no importarán adelantar juicio sobre la resolución del sumario.
Dispuesta la iniciación de actuaciones sumariales por hechos que dieran lugar a sanciones de suspensión sin goce de haberes de más de diez días y hasta cuarenta y cinco días y efectuadas las comunicaciones pertinentes, el Instructor citará a despacho al presunto infractor dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas, a quien previo constituir domicilio a todos los efectos en el ámbito de la jurisdicción de la dependencia, se lo notificará por escrito del auto de imputación. En esta oportunidad se le hará saber que, dentro del quinto día de notificado, podrá acogerse al procedimiento abreviado según el Capítulo III del presente Título o formular su descargo y ofrecer prueba.
De tal diligencia se dejará debida constancia por acta que firmarán todos los intervinientes.
El auto de imputación deberá contener una descripción clara de los hechos que configuran la falta investigada y el encuadre administrativo de la conducta imputada.
El imputado goza de los siguientes derechos:
a. A conocer los hechos que se le atribuyen.
b. A negarse a prestar declaración, sin que ello implique presunción en su contra.
c. A dictar su declaración, a leerla por sí y rubricar cada una de las hojas.
d. A ofrecer prueba.
En la oportunidad de su descargo, el imputado podrá ofrecer la prueba de que intente valerse, cuya procedencia será evaluada por el instructor dentro de los cinco días siguientes.
La denegación de alguna medida de prueba es irrecurrible.
Si el imputado no comparece o no produce su descargo, se le dará por decaído su derecho y no podrá hacer uso de éste en adelante.
Agotada la prueba, el Instructor elevará las actuaciones al Director General de la Policía a la que pertenezca el infractor para su resolución, aconsejando la sanción del imputado o el archivo del sumario.
Las conclusiones del instructor deberán contener:
a. Una relación sucinta de las constancias del sumario, con indicación de las fojas en que se encuentran cada uno de los elementos de prueba aportados
b. Las imputaciones que resultan contra el inculpado;
c. La resolución que a su juicio corresponda dictar y, en caso de proponer una sanción, el quantum de pena a aplicar.
Las actuaciones sumariales serán resueltas por el Director General de la Policía a la que pertenezca el infractor o por aquellos titulares de unidades orgánicas para los que se prevea el cargo de superintendente o equivalente, en aquellas actuaciones cuya sanción no supere los cuarenta y cinco días de suspensión sin goce de haberes.
El auto mediante el cual se resuelva el sumario deberá contener:
a. Una relación circunstanciada del hecho imputado;
b. La prueba en que se funde y su mérito;
c. Un análisis del descargo del imputado;
d. Las disposiciones legales o reglamentos aplicables;
e. La resolución adoptada. Si se impusiera una sanción, ésta deberá ser debidamente individualizada de acuerdo con las pautas de los artículos 95 y 96.
Dentro del término perentorio de cinco días desde la notificación del auto de imputación, el sumariado podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado. Fuera del plazo indicado, cualquier pretensión sobre la cuestión será rechazada in limine.
Para que la solicitud sea admisible deberán acreditarse las siguientes condiciones:
a. El instructor deberá encuadrar administrativamente la falta y propondrá el tipo y el quantum de la sanción a aplicar.
b. El acuerdo se formalizará en un acta, que deberá ser rubricada por el Instructor y el imputado, en la que se dará conformidad a la propuesta indicada en el inciso a).
Cuando hubiera varios imputados, el procedimiento abreviado podrá aplicarse en relación con cada uno de ellos y aún cuando no todos prestaran su conformidad.
El acuerdo no comprenderá ni resolverá cuestión alguna en relación con el perjuicio patrimonial emergente de la falta administrativa imputada y su reclamo tramitará de manera ordinaria ante los organismos de la Constitución.
Celebrado el acuerdo de procedimiento abreviado, el Instructor lo elevará al Director General del área para su homologación.
Si el acuerdo fuera desestimado, se devolverán las actuaciones y se ordenará que el proceso continúe conforme su estado mediante el trámite ordinario. Tal resolución es irrecurrible.
La Auditoria General de Asuntos Internos intervendrá en todos los sumarios administrativos que se instruyan con motivo de la comisión de infracciones que constituyan faltas éticas y abusos funcionales graves, en los términos del artículo 94 y en aquellas en la que se declare competente conforme a lo previsto en el artículo 153, segundo párrafo del presente acto y en aquellas de similar entidad que el Poder ejecutivo pudiera determinar en el marco de las atribuciones acordadas por el artículo 53 de la Ley 13.201.
La investigación estará a cargo de un Auditor Sumarial, quien ordenará la totalidad de las medidas probatorias y diligencias pertinentes que deban llevarse a cabo durante la sustanciación del sumario.
El Auditor Sumarial contará con un cuerpo de inspectores para la realización de las diligencias que ordenare.
El Auditor general podrá designar Auditores Sumariales e inspectores ad hoc cuando circunstancias especiales lo justifiquen.
Las actas en que se formalicen diligencias probatorias deberán estar suscriptas por el Auditor Sumarial y/o el Inspector y quienes hubieren intervenido en ella. Indefectiblemente deberá contar con rúbrica del Auditor Sumarial todas aquellas diligencias relevantes de la instrucción, como así también la declaración del imputado.
El Auditor Sumarial se encuentra facultado para disponer la acumulación de actuaciones administrativas.
En cualquier estado del proceso, el Auditor General de Asuntos Internos, de oficio o a petición del Auditor Sumarial, podrá disponer la desafectación del servicio del personal sometido a investigación.
La petición deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 163.
Los Auditores Sumariales podrán ser recusados y excusarse de intervenir en alguna actuación por las causales previstas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Resultan aplicables al procedimiento previsto en el presente capítulo las disposiciones generales que regulan plazos, notificación y comunicaciones y desafectación de servicio.
Cuando el Auditor Sumarial estimare que se encuentra reunida prueba suficiente para tener por acreditada alguna falta disciplinaria, procederá, por auto fundado, a recibir declaración al imputado, oportunidad en la cual pondrá en su conocimiento el o los hechos objeto de investigación, las probanzas obrantes en su contra y los derechos que lo asisten. En la misma oportunidad, pondrá a su consideración la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado.
El llamado a prestar declaración al imputado deberá notificarse personalmente, por cédula o telegrama, en el último domicilio que tuviere registrado en la dependencia donde prestare servicios, con una antelación mínima de cinco días a la fecha fijada para el acto.
Si el imputado no compareciere dentro del término señalado a la citación que refiere el artículo 186, se tendrá por decaído el derecho a prestar declaración.
La presentación posterior del sumariado no retrotraerá el trámite de la investigación y serán válidas a su respecto las diligencias cumplidas en su ausencia.
En la medida que resulte conducente a la investigación, el Auditor Sumarial ordenará evacuar las citas que formule el imputado en su declaración.
En la primera citación cursada a los efectos que preste declaración, se hará saber al imputado que podrá ser asistido y defendido por un abogado de la matrícula, elegido libremente y a su costa, o por sí mismo.
En dicho caso, el abogado defensor deberá aceptar el cargo y constituir domicilio en la ciudad asiento de la Auditoría General de Asuntos Internos, donde tendrán validez todas las notificaciones relativas al imputado y a la defensa.
Dentro del quinto día a contar desde la fecha dispuesta para la declaración indagatoria, el imputado podrá presentar pruebas, las que serán admitidas por el Auditor Sumarial siempre que fueren pertinentes y relevantes, fijando el plazo improrrogable del treinta días para su sustanciación.
La denegatoria de la prueba ofrecida será irrecurrible.
La notificación de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que deban concurrir, estará a cargo del proponente. También correrá con el diligenciamiento de las pruebas informativas e instrumentales. Los costos que se irroguen serán en todos los casos por cuenta del sumariado.
Cuando a primera vista resultare que el hecho imputado pudiera tratarse de un acto regular del servicio, el Ministro Secretario del Departamento de Seguridad, podrá autorizar la defensa administrativa por parte de un abogado del listado de profesionales de la jurisdicción, petición que podrá ser formulada por el Auditor General de Asuntos Internos o por el propio imputado.
El Auditor Sumarial podrá solicitar al Auditor General de Asuntos Internos la aplicación del procedimiento abreviado previsto en el capítulo III del presente Título, el que revestirá las siguientes particularidades:
a. Será aplicable desde la declaración administrativa del imputado -o a la oportunidad en que ella hubiera debido prestarse o el investigado se hubiera negado a hacerlo- y hasta el momento previo a la elevación del sumario;
b. El Auditor Sumarial deberá estimar suficiente la imposición de una sanción no expulsiva;
c. Para que la solicitud sea admisible se exigirá, además, que el imputado no haya registrado sanciones por infracciones gravísimas, en los dos años previos a la comisión de la falta que motiva el proceso;
d. Celebrado el acuerdo de procedimiento abreviado, el Auditor Sumarial lo elevara al Auditor General para su homologación.
Agotada la instrucción el Auditor Sumarial deberá elevar las actuaciones al Auditor general, aconsejando mediante opinión fundada:
a.- El sobreseimiento del imputado cuando se estimare que las constancias del mismo no permiten tener por acreditadas la comisión de faltas al régimen disciplinario.
b.- El archivo del sumario cuando existiere, debidamente comprobada, cualquier causa que impidiere su prosecución.
c.- Declarar que la falta disciplinaria objeto de investigación en el sumario, no es de aquellas comprendidas en el ámbito de competencia de la Auditoría General de Asuntos Internos, remitiendo las actuaciones para su prosecución al organismo que corresponda.
d.- La aplicación de la sanción disciplinaria que corresponda en atención a la falta cometida, consignando los atenuantes y agravantes que concurran.
Cuando el Auditor General Sumarial aconsejara la aplicación de una sanción, se dará traslado al imputado por el término perentorio de cinco días para el examen final de las actuaciones.
El imputado podrá solicitar su sobreseimiento o la imposición de una sanción menor que la solicitada por el Auditor Sumarial.
Vencido el plazo indicado, las actuaciones quedarán en condiciones de ser resueltas.
El Auditor General podrá resolver en alguno de los siguientes sentidos:
a.- Ordenar la ampliación del sumario y la realización de nuevas diligencias de prueba, las que no serán susceptibles de recurso alguno.
b.- Disponer el archivo del sumario cuando, por cualquier causa, no pudiera proseguir.
c.- Declarar la incompetencia de la Auditoría General y ordenar la remisión de las actuaciones al organismo al que corresponda su prosecución.
d.- Homologar o desestimar el acuerdo de procedimiento abreviado. Si el acuerdo fuera desestimado, ordenará que el proceso continué conforme su estado mediante el trámite ordinario y su resolución será irrecurrible.
e.- Sobreseer al imputado o imponerle la sanción que corresponda de acuerdo con la falta administrativa cometida.
En los casos de los incisos b), c) y e) la resolución deberá fundarse en la apreciación razonada de las pruebas recogidas y disposiciones legales aplicables.
Los recursos deberán presentarse por escrito y debidamente fundados ante la misma autoridad que dictó la resolución impugnada. No se considerarán interpuestos por su mera mención.
Si no se fundara el recurso en el plazo fijado para su interposición, se declarará desierto.
La interposición en tiempo y forma de un recurso suspende la ejecución de la sanción, salvo expresa disposición en contrario.
Contra las sanciones de aplicación directa sólo podrá interponerse recurso de reconsideración, el que será resuelto por el mismo funcionario que aplicó la sanción.
Deberá ser presentado dentro de un plazo de veinticuatro horas desde la notificación de la sanción.
Cuando la sanción impuesta superara los diez días de suspensión sin goce de haberes y fuera inferior a veinte días de suspensión sólo podrá interponerse recurso de reconsideración, dentro de los tres días de notificada.
Cuando la sanción impuesta por el Director General del área fuera de veinte días de suspensión de empleo sin goce de haberes o más, dentro del tercer día de notificado, el sumariado podrá interponer alguno de los siguientes recursos:
a. reconsideración ante la misma autoridad que la aplicó.
b. Apelación que será resuelta por la Auditoría General de Asuntos Internos.
La opción por una vía recursiva excluye la utilización de la otra.
Contra las resoluciones del Auditor General de Asuntos Internos por las que se dispongan sanciones no expulsivas, sólo podrá interponerse recurso de reconsideración.
Contra las sanciones de cesantía y exoneración sólo se admitirá recurso de apelación ante el Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad.
Los recursos previstos en el presente artículo deberán ser presentados dentro de los cinco días de notificada la resolución que se impugna.
La interposición de los recursos previstos en este artículo no suspende la ejecución de la resolución adoptada por el Auditor General de Asuntos Internos.
En todos los casos en que el personal de las Policías sufra lesiones, el titular de la dependencia en que se produzca el hecho dispondrá labrar las actuaciones, de oficio o por denuncia del interesado, observando las formalidades previstas en este capítulo.
Las actuaciones por accidente deberán estar concluidas dentro de un plazo máximo de treinta (30) días desde su iniciación. No obstante ello, por las circunstancias del hecho, complejidad de la causa, número de imputados u otra razón grave o valedera debidamente acreditada, podrá disponerse la prórroga de aquel plazo por un período igual. La concesión de esta prórroga corresponde el Director General que deba resolver, mediando pedido fundado del instructor asignado.
La iniciación de toda actuación deberá comunicarse en los términos del artículo 137.
El memorando deberá contener, además, la primera calificación médica de las lesiones.
Remisión. Será de aplicación lo normado en los artículos 154 a 162 del presente acto.
En las actuaciones por accidente deberá siempre propenderse a la recepción de la declaración testimonial de la víctima.
Producido el accidente en el que resulte lesionado un numerario de las Policías será examinado dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho por el Servicio Médico respectivo, quien extenderá un informe circunstanciado donde conste si hay lesiones y el tiempo probable de curación.
En las actuaciones, y de así corresponder se hará constar:
a. las circunstancias en que se produce el hecho.
b. horario del servicio del agente en el día del accidente.
c. En el caso que hubiera ocurrido en el trayecto a tomar o dejar el servicio, si sucedió en el que debía cubrir de o hasta su domicilio o si se dirigía o salía del mismo, o si se hallaba en comisión.
A los fines del presente se considerará que un accidente se ha producido en o por acto de servicio cuando sea la consecuencia directa e inmediata del ejercicio de la función policial, como un riesgo específico de aquélla, o con motivo de su condición de policía, siempre que en su accionar no haya excedido los principios y procedimientos básicos de actuación previstos en la Ley 12.155 (T.O. por Decreto 3206/04).
El personal que sufriera lesiones con motivo o en ocasión del servicio sin que medie culpa o negligencia de su parte y no se hallare comprendido en las previsiones de los párrafos que anteceden tendrá derecho a percibir la indemnización que estatuye al efecto la Ley Nacional 24.557.
Las actuaciones por accidente serán resueltas por el Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad o el funcionario en quien este delegue su competencia a instancia de la instrucción de cada Policía.
Previo a resolverse se requerirá informe al Auditor General de Asuntos Internos acerca de eventuales actuaciones que puedan hallarse en trámite vinculadas al accidente o lesiones sufridas.
Contra la resolución que se dicte en las actuaciones labradas por accidentes, podrán deducirse los recursos previstos en el Capítulo XIII del Decreto-Ley 7647/70 de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.
La situación de retiro mantiene en el agente el estado policial, según su jerarquía de revista en el servicio activo de acuerdo a lo dispuesto en la ley de personal y la reglamentación vigente al momento del retiro.
El pase a retiro absoluto será automático sin necesidad de acto normativo que lo declare.
El personal en retiro activo podrá vestir el uniforme y demás atributos solo en ceremonias de carácter oficial o privada relacionada a su grupo familiar. Queda prohibido su uso cuando media impedimentos que no permitan llevarlos con la corrección debida dicha prohibición será dispuesta mediante información que determine la existencia del impedimento, pudiendo declararse transitoriamente.
El personal en situación de retiro podrá portar armamento vistiendo de civil, pudiendo prohibirse cuando una disminución de aptitud física o psíquica así lo impusiere.
El derecho a la asistencia social para el personal retirado estará sujeto a las disposiciones legales o reglamentarias que establezcan las condiciones y procedimientos para la prestación de los servicios respectivos.
La sanción de exoneración impuesta al personal en situación de retiro implica la obligación de devolver las prendas del uniforme y armamento provistos, bajo apercibimiento de las responsabilidades legales.
Si el agente estuviera sometido a sumario que pudiere dar lugar a una sanción de cesantía o exoneración, su solicitud de retiro será demorada por hasta que aquel sea resuelto.
El personal en retiro podrá ser convocado a prestar servicios obligatorios o voluntarios en el marco de la ley de personal, de esta reglamentación y de las disposiciones reglamentarias que dicte la autoridad de aplicación, para lo cual regirá el artículo 3 del Decreto 724/95 en todo aquello que no se contraponga a la ley de personal y a la presente reglamentación.
La renuncia podrá ser presentada en cualquier época del año por escrito ante el jefe directo.
La baja por incapacidad física será dispuesta previo dictamen de Junta Médica en el que se determine que el agente ha perdido las condiciones indispensables para permanecer en el empleo. Igual procedimiento corresponde cuando se trate de baja por haber agotado el causante el máximo de licencia que corresponda por razones de enfermedad.
La baja por falta de aptitudes será dispuesta por resolución convalidatoria de los dictámenes que hayan calificado a un agente como deficiente en forma consecutiva o alternada. La cantidad de reiteraciones o alternativas de estos dictámenes serán determinadas por el Ministerio de Seguridad.
El reintegro de gastos a que se encuentre el agente dado de baja deberá efectuarse dentro del plazo de 60 días de la notificación de la intimación de pago.
No abonados los gastos reclamados dentro del plazo previsto precedentemente, el Ministerio de Seguridad deberá dar aviso a las actuaciones que fueran pertinentes.
En el marco de lo ordenado por el artículo 74 de la Ley 13.201 la Autoridad de Aplicación posibilitará a los Foros de Seguridad el acceso a la información sobre las cuestiones que se refieren a los antecedentes, conducta, honestidad y probidad de las personas que aspiren a integrar y desarrollarse en cada una de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, en su respectivas jurisdicciones. Con tal finalidad dicha Autoridad elaborará y aprobará un procedimiento para recepción y consideración de las observaciones, comentarios e impugnaciones que realicen los interesados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente el Ministerio de Seguridad, con carácter previo a instrumentar la incorporación de los nuevos agentes a las distintas Policías de la Provincia de Buenos aires, deberán publicar los datos personales y antecedentes de los postulantes en la página web de un ámbito informático de acceso público, y dar difusión de los mismos por los medios que pudiera disponer. Asimismo comunicará tales datos y antecedentes a los Foros comunitarios de Seguridad.
Los interesados en manifestar observaciones, comentarios o impugnaciones lo deberán realizar en lapso de 10 días de la incorporación al medio informático y/o de la publicación que se dispusiere.
El Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad aprobará un procedimiento que permita a los Foros de Seguridad, para los casos que se crea conveniente, evaluar el desempeño del personal policial. Asimismo deberá determinar de conformidad a lo dispuesto en el Título IV,
Facúltase al señor Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad a dictar las normas complementarias y el procedimiento necesario con el fin de operar el reencasillamiento del personal comprendido en el escalafón que surge del Decreto-Ley 9550/80 y el Decreto 1675/80, al escalafón ordenado por la Ley 13.201 y aprobado por el presente decreto.
El personal policial que a la fecha de entrada en vigencia del nuevo escalafón revista en el Escalafón de Oficiales del Agrupamiento Comando (Decreto-Ley 9550/80 y Decreto 1675/80), quedará reencasillado, a todos los efectos, en los nuevos grados previstos en el artículo 32 de la presente reglamentación, de acuerdo al criterio de reconversión expuesto en el Anexo 1 que forma parte integrante del presente acto administrativo.
Idéntico tratamiento tendrán quienes revistan en los grados de Suboficial Mayor y Suboficial Principal del Escalafón de Suboficial del Agrupamiento Comando.
El personal policial que a la fecha de entrada en vigencia del nuevo escalafón revista en el Escalafón de Suboficiales del Agrupamiento Comando (Decreto-Ley 9550/80 y Decreto 1675/80), a excepción de los grados señalados en el segundo párrafo del artículo precedente, quedarán reencasillados en los nuevos grados previstos en el artículo 32 de la presente reglamentación , de acuerdo al criterio de reconversión expuesto en el Anexo 1 que forma parte integrante del presente acto administrativo.
Sin embargo sus ascensos de grados quedarán supeditados a las siguientes circunstancias:
a) Conclusión de sus estudios secundarios/polimodal y aprobación del Módulo de Nivelación.
b) Aprobación del Módulo de Nivelación para quienes ya tengan satisfechas las exigencias de estudios secundarios/polimodal.
Hasta tanto dicho personal cumplimente sendos requisitos, podrá ser promovido en algunos de los niveles, sobre la base de los progresos que exhiban en sus estudios.
A los fines que el personal remedie su carencia de requisitos, el Ministerio de Seguridad deberá instrumentar estímulos y políticas que faciliten la culminación de sus estudios.
El personal policial reencasillado de conformidad a lo previsto en los artículos que anteceden, no podrá desempeñarse en destinos que no fueran los propios de las funciones policiales, con estado policial, es decir el desempeño de modo habitual y permanente de las competencias previstas en la Ley 12.155 (T.O. por Decreto 3206/04) de organización de las policías de la Provincia de Buenos Aires (art.2° de la Ley 13.201).
Se establece el 1° de enero de 2006 como fecha de comienzo de vigencia para que el personal pueda desarrollar su carrera en forma horizontal mediante la asignación de los niveles establecidos en el Capítulo I del Título IV del presente decreto, en la forma que determine el Ministerio de Seguridad.
Facultase al señor Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad para crear y conformar una Comisión a fin de efectuar la evaluación y asesoramiento que permita futuras y/o necesarias adecuaciones a la presente reglamentación.
El Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad podrá adecuar la aplicación de las carreras establecidas en el artículo 22 de la Ley 13.201, a las características de cada una de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
Sólo se podrá instrumentar la incorporación de personal policial, con el alcance de lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de esta reglamentación, a las respectivas carreras en la medida que exista la correspondiente vacante liberada y financiada del grado que se promueve cubrir con dicho personal.
El señor Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad deberá aprobar en el lapso de ciento veinte (120) días, un Nomenclador de Funciones para el personal comprendido en el escalafón que se aprueba por la presente reglamentación.
Hasta tanto se cumpla dicho plazo el personal se desempeñará cumpliendo los destinos, funciones y misiones que surgen del decreto 1675/80, sus complementarios y modificatorios, en el marco de la equiparación de grados que corresponda a cada agente dispuesta en el Anexo I del presente.
Las actuaciones sumariales que en la actualidad tramitan bajo la órbita de la Auditoría General de Asuntos Internos y de la Dirección General de Sumarios Administrativos continuarán su trámite en el marco del Decreto-Ley 9550/80 y Decreto 1675/80 y modificatorios y Decreto 1502/04, hasta su resolución final.
Compete a la Auditoría General de Asuntos Internos intervenir en los procesos iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente reglamentación por infracción a algunas de las faltas previstas en el artículo 58, a excepción de las contempladas en sus incisos 4°, 5° y 9°, y las descriptas en el artículo 59 del Decreto-Ley 9550/80.
También le compete intervenir en el conocimiento las faltas disciplinarias contempladas en los antes mencionados incisos del artículo 58 y en las del artículo 54 del mismo cuerpo legal, cuando en virtud de los elementos de juicio que se hubieren acumulado la Auditoría General, mediante resolución fundada, considere que el hecho investigado, por sus características y modalidades de tiempo, modo y lugar de ejecución, configura un supuesto calificable de falta ética grave o abuso funcional grave. Tal decisión no será susceptible de recurso alguno.
El señor Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad, en el término de treinta (30) días deberá proponer al titular del Poder Ejecutivo el régimen de retribuciones con arreglo a los artículos 45 y siguientes de la Ley 13.201 y al presupuesto general de gastos aprobado por la legislatura para el ejercicio 2005.
Hasta tanto resulte aprobado el nuevo régimen, que se incorporará como Capítulo I del Título VII del presente Decreto, los sueldos del personal policial seguirán siendo atendidos con los criterios vigentes a la fecha.
El Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad aprobará las nuevas insignias para la identificación de los nuevos grados del escalafón creado por la Ley 13.201 y esta reglamentación. Hasta tanto, los integrantes de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, identificarán su grado con la correspondiente insignia al escalafón del Decreto-Ley 9550/80.
El presente decreto será refrendado por el Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad.
Regístrese, notifíquese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y pase al Ministerio de Seguridad. Cumplido archívese.
ANEXO 1
REENCASILLAMIENTO
Escalafón 9550/80
Escalafón 13201
Comisario General
Superintendente
Comisario Mayor
Comisionado
Comisario Inspector
Inspector
Comisario
Subcomisario
Capitán
Oficial Principal
Oficial Inspector
Teniente Primero
Oficial Subinspector
Oficial Ayudante
Suboficial Mayor
Teniente
Suboficial Principal
Sargento Ayudante
Subteniente
Sargento Primero
Sargento
Sargento
Cabo Primero
Cabo
Agente
Oficial de Policía
(Anexo 1 modificado por Decreto 3436/04)
Fin del texto
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