Abriendo la norma
Comuníquese al Poder Ejecutivo
C ódigo de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, A.G. res. 34/169, anexo, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) p. 186, ONU Doc. A/34/46
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.
Comentario:
a) La expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención.
b) En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios.
c) En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata.
d) Esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente todos los actos violentos, de depredación y nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones previstas en la legislación penal. Se extiende, además, a la conducta de personas que no pueden incurrir en responsabilidad penal.
En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.
Comentario:
a) Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
b) En los comentarios de los distintos países sobre esta disposición deben indicarse las disposiciones regionales o nacionales que determinen y protejan esos derechos.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.
Comentario:
a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.
b) El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta disposición. En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.
c) El uso de armas de fuego se considera una medida externa. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.
Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
Comentario:
Por la naturaleza de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley obtienen información que puede referirse a la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la reputación, de otros. Se tendrá gran cuidado en la protección y el uso de tal información, que sólo debe revelarse en cumplimiento del deber o para atender las necesidades de la justicia. Toda revelación de tal información con otros fines es totalmente impropia.
Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Comentario:
a) Esta prohibición dimana de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General, y en la que se estipula que:
“[Todo acto de esa naturaleza] constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos [y otros instrumentos internacionales de derechos humanos].”
b) En la Declaración se define la tortura de la siguiente manera:
“[...] se entenderá por tortura todo acto por el cual el funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidad a esa persona o a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.”
c) En término “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” no ha sido definido por la Asamblea General, pero deberá interpretarse que extiende la protección más amplia posible contra todo abuso, sea físico o mental.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
Comentario:
a) La “atención médica”, que se refiere a los servicios que presta cualquier tipo de personal médico, incluidos los médicos en ejercicio inscriptos en el colegio respectivo y el personal paramédico, se proporcionará cuando se necesite o solicite.
b) Si bien es probable que el personal médico esté adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener en cuenta la opinión de ese personal cuando recomiende que se dé a la persona en custodia el tratamiento apropiado por medio de personal médico no adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley o en consulta con él.
c) Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley proporcionaran también atención médica las víctimas de una violación de la ley o de un accidente ocurrido en el curso de una violación de la ley.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán.
Comentario:
a) Cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier otro abuso de autoridad, es incompatible con la profesión de funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Debe aplicarse la ley con todo rigor a cualquier funcionario encargado de hacerla cumplir que cometa un acto de corrupción, ya que los gobiernos no pueden pretender hacer cumplir la ley a sus ciudadanos si no pueden, o no quieren, aplicarla contra sus propios agentes y en sus propios organismos.
b) Si bien la definición de corrupción deberá estar sujeta al derecho nacional, debe entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de estas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de estos una vez realizado u omitido el acto.
c) Debe entenderse que la expresión “acto de corrupción” anteriormente mencionada abarca la tentativa de corrupción.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.
Comentario:
a) El presente Código se aplicará en todos los casos en que se haya incorporado a la legislación o la práctica nacionales. Si la legislación o la práctica contienen disposiciones más estrictas que las del presente Código, se aplicarán estas disposiciones más estrictas.
b) El artículo tiene por objeto mantener el equilibrio entre la necesidad de que haya disciplina interna en el organismo del que dependa principalmente la seguridad pública, por una parte, y la de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos básicos, por otra.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informarán de las violaciones a su superiores inmediatos y sólo adoptarán otras medidas legítimas sin respetar la escala jerárquica si no se dispone de otras posibilidades de rectificación o si éstas no son eficaces.
Se entiende que no se aplicarán sanciones administrativas ni de otro tipo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por haber informado de que ha ocurrido o va a ocurrir una violación del presente Código.
c) El término “autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas” se refiere a toda autoridad o todo organismo existente con arreglo a la legislación nacional, ya forme parte del órgano de cumplimiento de la ley o sea independiente de éste, que tenga facultades estatutarias, consuetudinarias o de otra índole para examinar reclamaciones y denuncias de violaciones dentro del ámbito del presente Código.
d) En algunos países puede considerarse que los medios de información para las masas cumplen funciones de control análogas a las descritas en el inciso c supra. En consecuencia, podría estar justificado que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como último recurso y con arreglo a las leyes y costumbres de su país y a las disposiciones del artículo 4 del presente Código, señalarán las violaciones a la atención de la opinión pública a través de los medios de información para las masas.
e) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que observen las disposiciones del presente Código merecen el respecto, el apoyo total y la colaboración de la comunidad y del organismo de ejecución de la ley en que prestan sus servicios, así como de los demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
DEPARTAMENTO DE GOBIERNO
DECRETO 1207
La Plata, 7 de junio de 2004
Visto lo actuado en el expediente 21.400-1.119/04 por el que tramita la promulgación de un proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura en fecha 27 de mayo del corriente año, mediante el cual se establece el régimen estatutario para el personal de las Policías de la provincia de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 11 inciso n) Establece como derecho del personal una indemnización en los casos de fallecimiento o incapacidad total y permanente ocasionada en ejercicio de la función de policía de seguridad;
Que en atención a ello, debe observarse la frase “de seguiridad” del artículo e inciso citado considerando que la redacción de la norma puede generar errores de interpretación, toda vez que estaría circunscribiendo la indemnización al personal de la Policía de Seguridad, en desmedro del Personal de la Policía de Investigaciones en Función Judicial y de la Policía Científica en Función Judicial;
Que la objeción que se efectúa, no va en detrimento del espíritu, unidad y sistematicidad jurídica, del proyecto en análisis;
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, conforme a fundamentos de mérito y constitucionalidad y sin que ello resulte óbice para la .aplicación del texto que por otra parte se aprueba; deviene ineludible ejercer la facultad conferida por los artículos: 108 y 144 inciso 2º de la Constitución Provincial.
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Art. 1.- Obsérvase en el artículo 11 inciso, n), del proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura, con fecha veintisiete de mayo del corriente año, al que hace referencia el Visto del presente. la expresión “de seguridad”.
Art. 2.- Promúlgase el texto aprobado por la Honorable Legislatura, con excepción de la objeción dispuesta en el articulo anterior.
Art. 3.- Comuníquese a la Honorable Legislatura.
Art. 4.- Este Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno.
Art. 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y archívese.
SOLA
R. Magnanini
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Decreto 3.326
La Plata, 30 de diciembre de 2004.
VISTO: La sanción de la Ley 13.201, y
CONSIDERANDO:
Que el proceso de transformación iniciado en las Policías de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de lograr niveles aceptables de seguridad por medio de una fuerza civil armada, profesional y eficiente al servicio de la sociedad donde se desempeña, impone adoptar medidas estructurales que, dirigidas a lograr la actualización organizacional de la institución, contribuyan a un cambio cultural en las metodologías y resultados de la acción policial;
Que la Honorable legislatura ha sancionado la nueva ley para el personal de las Policías, con estado policial, que contempla la instrumentación de programas y acciones de fortalecimiento para una auténtica política de recursos humanos basada en una carrera profesional con formación e instrucción permanente, evaluación por desempeño y resultados, sistema de ascenso y promoción por cumplimiento de competencias, y con compensaciones retributivas en consecuencia;
Que la Ley 13.201 prevé que entrará en vigencia cuando se publique en el Boletín Oficial su reglamentación, circunstancia que torna necesario avanzar en esta línea, facilitando así los procedimientos y metodologías necesarias para tornar operativos los mandatos ordenados por el nuevo estatuto de recursos humanos;
Que la nueva carrera, por especialidad, hace necesario constituir el nuevo escalafón de nueve grados;
Que en ese orden de ideas, se definen las condiciones y requisitos de ingreso a la Institución, contemplando en particular las características que deberán reunir sus postulantes;
Que la nueva ley al soslayar el mero transcurso del tiempo y la calificación formal para la promoción del personal impone la incorporación de conceptos de capacitación permanente por especialidad y la evaluación de desempeño sobre la experiencia realizada para los ascensos de grados y promociones de niveles dentro del mismo grado;
Que a tal efecto se prevé implementar una Guía de Desarrollo de Carrera, con su correspondiente Manual de Formación y Capacitación, mediante la cual a la luz de las funciones de los correspondientes cargos y de los objetivos institucionales, contribuyan a la planificación y desarrollo de los niveles de dirección, supervisión y operativos que el sistema de seguridad demande en cada circunstancia;
Que asimismo resulta necesario implementar el Sistema de Competencias Profesionales que regula la ley como aspecto metodológico para la formación y crecimiento de los recursos humanos, determinando los conceptos y condiciones de las Competencias que se consideran elementales;
Que merece especial atención la reglamentación del nuevo régimen disciplinario con una adecuada categorización de las faltas y una importante descentralización del ejercicio de la potestad disciplinaria, fortaleciendo la aplicación de sanciones directas y un procedimiento de resolución ágil y eficaz para los casos que requieran intervención sumarial;
Que por otro lado, en mérito a la transparencia de la gestión institucional con relación a sus recursos humanos, y contribuyendo a la inserción de la comunidad en la información que hace a la administración de los mismos, corresponde diseñar los mecanismos de participación comunitaria sobre los aspectos inherentes al ingreso, desarrollo de carrera y egreso del personal;
Que ello implica la necesidad de aprobar la reglamentación de la Ley 13.201, sujeta a una ampliación posterior conforme a las necesidades;
Que la presente se dicta de conformidad a lo establecido en el artículo 144 - proemio e inciso 2- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA
(1979)
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