Abriendo la norma
Sustitúyese el artículo 3º del Decreto-Ley 9122/78 (Ley de Apremio), texto según Ley 13.101, por el siguiente:
“Serán competentes en materia de ejecuciones tributarias provinciales los Juzgados Contencioso Administrativos que correspondan al domicilio fiscal del obligado en la provincia, o el que corresponda al lugar de cumplimiento de la obligación, o el del lugar en que se encuentran los bienes afectados por la obligación que se ejecute, o los de la ciudad de La Plata cuando se trate de contribuyentes con domicilio fiscal constituido fuera de la provincia, a elección del actor. Exceptúase de esta disposición a los juicios de apremio provinciales de naturaleza no tributaria y los juicios de apremio que promuevan las municipalidades, en cuyo caso serán competentes los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los de Paz que correspondan al domicilio fiscal del obligado en la provincia, o el que corresponda al lugar de cumplimiento de la obligación, o el del lugar en que se encuentren los bienes afectados por la obligación que se ejecute, a elección del actor.
En ningún caso la facultad que el Fisco confiera a los contribuyentes para el pago de sus obligaciones fuera de la jurisdicción provincial podrá entenderse como declinación de esta última. En el caso de existir varios créditos contra una misma persona podrán acumularse en una ejecución también a elección del actor. No es admisible la recusación sin causa.”
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