Abriendo la norma
Incorpóranse al Código Fiscal (Ley 10397 – T.O .2004) y modificatorias, los párrafos y artículos que en cada caso se indica, conforme los siguientes textos:
Artículo 13°, último párrafo:
“Cuando el contribuyente o responsable cancele o regularice la deuda cautelada, o solicite la sustitución de la medida trabada, las costas serán a su cargo.”
Artículo 13° bis:
“Con anterioridad al inicio del juicio de apremio,
la Dirección Provincial
de Rentas estará facultada para disponer, conforme al procedimiento que determine mediante reglamentación, en resguardo de las sumas adeudadas por los contribuyentes o responsables, como medida cautelar, entre otras, alguna de las siguientes:
1) Traba de embargos sobre cuentas o activos bancarios y financieros, a diligenciar directamente ante las entidades correspondientes para el supuesto de encontrarse determinadas o, caso contrario, ante el Banco Central de
la República Argentina
para que proceda a efectuar las comunicaciones pertinentes a las instituciones donde puedan existir.
En cualquiera de estos supuestos, las entidades financieras regidas por
la Ley
21.526, dentro de los quince (15) días de notificadas de la medida, deberán informar a
la Dirección Provincial
de Rentas acerca de los fondos y valores que resulten embargados.
2) Intervención de caja y embargo de las entradas brutas equivalentes al veinte (20) por ciento y hasta el cuarenta (40) por ciento de las mismas.
3) Traba de embargos sobre derechos de crédito de los contribuyentes o responsables.
4) Traba de embargos sobre sueldos u otras remuneraciones siempre que sean superiores a seis salarios mínimos, en las proporciones que prevé la ley.
5) Traba de embargos sobre bienes muebles sean o no registrables.
6) Traba de embargos sobre bienes inmuebles.
7) Inhibición general de bienes e incluso su extensión a los activos bancarios y financieros, pudiendo oficiarse a las entidades bancarias correspondientes o al Banco Central de
la República Argentina.
En todos los casos, las anotaciones y levantamientos de las medidas asegurativas del crédito fiscal como así también las órdenes de transferencia de fondos que tengan como destinatarios a registros públicos, instituciones bancarias o financieras, podrán efectivizarse a través de sistemas y medios de comunicación informáticos, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. Esta disposición prevalecerá sobre las normas legales o reglamentarias específicas de cualquier naturaleza o materia, que dispongan formas o solemnidades distintas para la toma de razón de dichas medidas cautelares.
En todos los casos, al inicio de la ejecución deberá comunicarse al Juez la medida cautelar adoptada.
Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren dispuesto y hecho efectivas antes del proceso, si no se iniciase la ejecución fiscal dentro de los sesenta (60) días hábiles judiciales siguientes al de su traba.
En los casos en que el contribuyente o responsable, antes del inicio del apremio, reconozca la totalidad de la deuda cautelada y la regularice, las medidas se mantendrán hasta tanto se encuentre cancelada el cincuenta por ciento de la deuda.”
Artículo 14° bis:
“Las entidades financieras, así como las personas físicas o jurídicas depositarias de bienes a embargar, serán responsables en forma solidaria hasta el valor del bien o la suma de dinero que se hubiera podido embargar, cuando con conocimiento previo de la medida ordenada, hubieran impedido su traba.
Asimismo, serán responsables:
a) cuando sean causantes en forma directa de la ocultación de bienes, fondos, valores o derechos del contribuyente ejecutado, con la finalidad de impedir la traba del embargo dispuesto por los jueces o
la Dirección Provincial
de Rentas en ejercicio de facultades otorgadas por este Código, y
b) cuando sus dependientes incumplan órdenes de embargo u otras medidas cautelares ordenadas por los jueces o por
la Dirección Provincial
de Rentas.
Verificada alguna de las situaciones descriptas,
la Autoridad
de Aplicación por intermedio del funcionario que determine la reglamentación, o del apoderado fiscal interviniente , la comunicará de inmediato al juez con competencia en materia de ejecución fiscal, acompañando todas las constancias que así lo acrediten. El juez dará traslado por CINCO (5) días a la entidad o persona denunciada, luego de lo cual deberá dictar resolución. Decretada la responsabilidad solidaria aquí prevista, la misma deberá cumplirse dentro de un plazo máximo de DIEZ (10) días.”
Artículo 18°, apartado 5.
“Los síndicos y liquidadores de las quiebras, representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales o judiciales de las sucesiones, y a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos.”
Artículo 29° bis:
“Se entiende por domicilio fiscal electrónico al sitio informático personalizado registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza.
Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca
la Dirección Provincial
de Rentas.
Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y vinculantes todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen.
La Autoridad
de Aplicación podrá disponer, con relación a aquellos contribuyentes o responsables que evidencien acceso al equipamiento informático necesario, la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, conforme lo determine la reglamentación.”
Artículo 30º, último párrafo:
“Los contribuyentes que posean domicilio fiscal electrónico deberán contestar los requerimientos de
la Autoridad
de Aplicación a través de esta vía, en el modo y condiciones que determine la reglamentación.”
Artículo 33º bis:
“Los escribanos, agrimensores, titulares de los registros seccionales del Registro Nacional de
la Propiedad
del Automotor, así como el Registro Nacional de Buques, están obligados a suministrar información o denunciar los hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus actividades profesionales o funciones y que puedan constituir o modificar hechos imponibles.
Con la finalidad de controlar el pago de los gravámenes, los profesionales y funcionarios mencionados deberán suministrar a
la Dirección Provincial
de Rentas, en los casos, forma y plazos que establezca la reglamentación, la información relativa a actos, contratos u operaciones en los que hubieran intervenido o tomado conocimiento, en ocasión del cumplimiento de sus funciones. En caso de incumplimiento resultarán, en forma personal, solidariamente responsables del pago del gravamen omitido total o parcialmente, intereses, recargos, multas y sus accesorios, o del perjuicio que pudiese derivar para el fisco de tal incumplimiento.”
Artículo 34° bis:
“El traslado o transporte de bienes en el territorio provincial deberá encontrarse amparado por un código de operación de traslado o transporte, cualquiera fuese el origen y destino de los bienes.
El referido código deberá ser obtenido por el propietario o poseedor de los bienes, en forma gratuita, previo al traslado o transporte por el territorio provincial mediante el procedimiento que establezca
la Dirección Provincial
de Rentas.
Quienes realicen el traslado o transporte de los bienes deberán exhibir e informar ante cada requerimiento de
la Autoridad
de Aplicación, el código de operación de traslado o transporte que ampara el tránsito de los mismos.”
Artículo 39° bis:
“Para determinar la cuantía de las ventas, prestaciones de servicios u operaciones en los casos de contribuyentes o responsables que no hubiesen presentado declaraciones juradas por seis o más anticipos correspondientes al período fiscal en curso o a los últimos dos períodos fiscales vencidos; o que habiéndolas presentado, hayan declarado no tener actividad en seis o más anticipos correspondientes al período fiscal en curso o a los últimos dos períodos fiscales vencidos, en contraposición a lo que resulta de la información a su respecto suministrada por terceros; o hayan declarado un importe de ingresos inferior al que resultara verificado en un procedimiento de control de operaciones o de facturación realizado por
la Dirección Provincial
de Rentas durante el lapso de un día o más, o al que resulte del cruce de información de terceros; o hayan incurrido en el supuesto previsto en el inciso 9) del artículo 42, podrá tomarse como presunción, salvo prueba en contrario, que:
1.- El importe de ingresos que resulte del control que
la Dirección Provincial
de Rentas efectúe sobre la emisión de comprobantes durante el lapso de un día, o el resultado de promediar los ingresos controlados cuando el procedimiento se realice durante dos días o más, multiplicado por las dos terceras partes de los días hábiles comerciales del mes en que se realice, a condición de tener debidamente en cuenta la representatividad que en el mes exhiba el lapso durante el cual se llevó a cabo el procedimiento según la actividad o ramo de que se trate, constituye monto de ingreso gravado por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para ese período. Asimismo, se considerará que el importe estimado es ingreso gravado en los demás meses no controlados de ese período fiscal y de los dos últimos períodos fiscales vencidos, a condición de que se haya tenido debidamente en cuenta la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate.
2.- El equivalente hasta tres veces el monto total de liquidaciones por ventas, prestación de servicios o cualquier otra operación del contribuyente, autorizadas y efectuadas a través de tarjetas de crédito o débito, informado por las entidades emisoras de las mismas, constituye ingreso gravado del período fiscal en el que se han realizado. En el supuesto que se hubiera realizado un procedimiento de control de la facturación conforme lo previsto en el apartado anterior, a los fines de establecer el importe de ingreso gravado, se considerará la participación que representan las ventas con tarjeta sobre el total de operaciones controladas.
3.- El equivalente hasta tres veces el monto total de las acreditaciones bancarias, neto de remuneraciones obtenidas en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, préstamos de cualquier naturaleza, transferencias entre cuentas del mismo titular y contrasientos por error, efectuadas en cuenta corriente, caja de ahorro y/o similar de titularidad del contribuyente o responsable, durante el lapso de un mes, constituye monto de ingreso gravado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para ese período.
4.- El monto de las compras no declaradas por el contribuyente, obtenido a partir de la información brindada por proveedores de aquel, más un importe equivalente al porcentaje de utilidad bruta sobre compras declaradas por otros contribuyentes que desarrollen actividades de similar naturaleza y magnitud, se considerará ventas o ingresos omitidos del período de que se trate.
Se presume el desarrollo de actividad gravada por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando: exista información sobre consumos de servicios por parte d el contribuyente o responsable, suministrada por las empresas prestatarias de los mismos y/o por organismos de
la Nación
, Provincia o municipios; registre personal en relación de dependencia, conforme la información de organismos sindicales y previsionales ; los agentes de recaudación con los que hubiera operado el contribuyente informen la percepción y/o retención de impuesto; o cuando ello resulte de cualquier otro elemento de juicio que obre en poder de
la Autoridad
de Aplicación o que le proporcionen los terceros.
En el supuesto del presente artículo,
la Autoridad
de Aplicación podrá valerse de una o varias de las presunciones previstas.
En ningún caso estas presunciones podrán ser de aplicación para la determinación de la cuantía de ventas, prestación de servicios u operaciones de contribuyentes que no reúnan las condiciones especificadas en el primer párrafo del presente artículo.
Artículo 42, tercer párrafo del apartado 3):
“Disponer un régimen de intervención fiscal permanente para determinada categoría de contribuyentes, que la reglamentación establecerá tomando en consideración la índole y magnitud de las actividades desarrolladas.”
Artículo 64°, incisos 7), 8) y 9):
“ 7) Se hallen en posesión de bienes o mercaderías respecto de las cuales no posean, en el mismo lugar en que estos se encuentran, la documentación que establezca
la Autoridad
de Aplicación.
8) El uso de comprobantes o documentos que no reúnan los requisitos exigidos por
la Autoridad
de Aplicación, cuando éstos sean entregados a los adquirentes o locatarios de los bienes, o prestatarios del servicio, ello con independencia de la ulterior emisión de los comprobantes respaldatorios de tales operaciones.
9)No poseer el certificado de domicilio correspondiente expedido por
la Autoridad
de Aplicación.”
Artículo 74°, segundo párrafo:
“A los fines indicados en el párrafo anterior,
la Autoridad
de Aplicación podrá proceder a la detención de vehículos automotores, requiriendo del auxilio de la fuerza pública en caso de ver obstaculizado el desempeño de sus funciones.”
Artículo 85° bis:
“
La Autoridad
de Aplicación podrá disponer un mecanismo de retención de los pagos que aquellos sujetos que contraten con contribuyentes y responsables con deuda impositiva firme, deban realizar a estos últimos, conforme al procedimiento que fije la reglamentación.”
Artículo 98° bis:
“Para garantizar el ingreso de obligaciones en el marco de regímenes de facilidades de pago, o el otorgamiento de esperas para el pago,
la Dirección Provincial
de Rentas podrá exigir que se constituyan garantías tales como aval solidario de entidad de crédito o seguro de caución.
Asimismo podrá admitir garantías que consistan en hipoteca con cláusula de mandato irrevocable de venta, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que determine la reglamentación.
Los actos de constitución, modificación y cancelación de derechos reales de garantía se otorgarán por ante
la Escribanía General
de Gobierno y se encontrarán exentos del pago de gravámenes y tasas.”
Artículo 102°, último párrafo:
“No será necesario dictar resolución determinando de oficio las obligaciones fiscales si, con anterioridad a dicho acto, el contribuyente o responsable, o su representante debidamente habilitado para ello, presta conformidad al ajuste practicado, o en la medida que se la preste parcialmente y por la parte conformada. Esta conformidad, total o parcial, al ajuste practicado tendrá los efectos de una declaración jurada que se podrá ejecutar en los términos del artículo 95 inciso c).”
Artículo 104°, tercer párrafo:
“No serán computables, a los efectos de este artículo, los recargos e intereses previstos en este Código.”
Artículo 113°, último párrafo:
“El Tribunal Fiscal tendrá amplias facultades para apreciar la admisibilidad de las medidas probatorias propuestas y, en su caso, ordenar su producción, pudiendo desestimar aquellas improcedentes, innecesarias o meramente dilatorias.”
Título XII bis a continuación del artículo 130°:
“ Título XII bis
EJECUCION ADMINISTRATIVA DE SENTENCIA DE TRANCE Y REMATE
Artículo ….- Consentida o ejecutoriada la sentencia de trance y remate en el proceso de apremio, y existiendo liquidación firme,
la Dirección Provincial
de Rentas podrá proceder por sí, sin intervención judicial, a la venta en subasta pública de los bienes del deudor, en cantidad suficiente para responder al crédito fiscal, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.
Artículo … .- Con la finalidad prevista en el artículo anterior, se halla facultada para decretar el embargo de bienes de cualquier tipo o naturaleza, como así también de cuentas bancarias, y fondos y valores depositados en entidades financieras o bienes depositados en cajas de seguridad; y para decretar inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución.
La resolución administrativa que ordene la medida cautelar deberá ser notificada al contribuyente o responsable deudor.
Artículo … .- Tratándose de bienes inmuebles o muebles registrables, la anotación de las medidas cautelares decretadas se practicará, en el Registro Público que corresponda, por oficio expedido por
la Dirección Provincial
de Rentas, el cual tendrá el mismo valor que una requisitoria y orden judicial. En el mismo acto, solicitará al Registro Público oficiado, se emitan las certificaciones pertinentes.
Artículo ….- Si se hubieren embargado fondos o valores depositados en entidades bancarias o financieras, o en poder de terceros, ya sea por el Juez que intervino en el juicio de apremio, o por la propia Dirección Provincial de Rentas, en ejercicio de las facultades conferidas por este Código, dichas entidades o terceros deberán transferir los importes totales líquidos embargados a la cuenta que indique
la Dirección Provincial
de Rentas, en cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal en ejecución, dentro de los dos (2) días hábiles inmediatos siguientes a la notificación de la orden respectiva emitida por
la Dirección
citada.
Artículo … .- Cuando se embargaren bienes muebles, la autoridad citada podrá disponer su depósito en la forma que determine la reglamentación.
Artículo … .-
La Dirección Provincial
de Rentas designará por sí martillero público de la matrícula para efectuar la subasta, sin posibilidad de oposición por parte del deudor. El mismo deberá aceptar el cargo, personalmente o por escrito, ante la autoridad señalada.
Artículo ….-
La Dirección Provincial
de Rentas ordenará la publicación de los edictos correspondientes, por dos (2) días en el Boletín Oficial, y en un diario o periódico de los autorizados por
la Suprema Corte
de Justicia en los términos del artículo 559 del C.P.C.C ..
Artículo … .- Tratándose de inmuebles, intimará al ejecutado para que en el plazo de cinco (5) días presente los títulos de propiedad del bien a subastar, bajo apercibimiento de sacar copia de ellos de los protocolos públicos a su costa.
En estos casos, designará por sí perito tasador para que tase el bien a subastar. La base para la venta equivaldrá al ochenta (80) por ciento de dicha tasación.
Si fracasare el primer remate por falta de postores, se dispondrá otro con la base reducida en un cincuenta (50) por ciento. Si tampoco existieren postores, se ordenará la venta sin limitación de precio.
Artículo … .- Tratándose de muebles a subastar, designará por sí tasador.
La base para la venta equivaldrá al ochenta (80) por ciento de dicha tasación.
Si fracasare el primer remate por falta de postores, se dispondrá otro con la base reducida en un cincuenta (50) por ciento. Si tampoco existieren postores, se ordenará la venta sin limitación de precio.
Artículo … .- Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes deberán ser depositados en la cuenta recaudadora abierta en el Banco de
la Provincia
de Buenos Aires, conforme lo disponga
la Dirección Provincial
de Rentas.
Artículo … .- Si existieren acreedores con derecho preferente, los mismos deberán presentarse ante
la Dirección Provincial
de Rentas, dentro de los tres (3) días de realizada la subasta, a fin de acreditar su preferencia.
Artículo … .-
La Dirección Provincial
de Rentas se halla facultada para realizar, en general, todos aquellos actos, trámites y diligencias, necesarios para llevar a cabo la subasta.
Podrá, asimismo, requerir el auxilio de la fuerza pública, en todos aquellos casos que estime necesario.
Artículo … .- Para los casos en que se requiera desapoderamiento físico o allanamiento de domicilios, deberá gestionarse la orden respectiva de juez competente.
Artículo … .-
La Dirección Provincial
de Rentas podrá celebrar convenios con el Banco de
la Provincia
de Buenos Aires, a fin de que esta institución lleve adelante las subastas previstas en este Título.”
Artículo 131°, primer párrafo:
“Prescriben por el transcurso de diez (10) años las acciones y poderes de
la Autoridad
de Aplicación para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales provenientes del Impuesto de Sellos, aún cuando no se hubiese producido respecto del instrumento gravado algún acto o hecho de exteriorización en
la Provincia.”
Artículo 135º, inciso c):
“Desde la fecha de la interposición por el contribuyente o responsable del recurso previsto en el artículo 24 inciso b) del Convenio Multilateral, sin haber hecho uso de los remedios establecidos en el artículo 104 de este Código Fiscal. En este caso, la suspensión, hasta el importe del tributo reclamado se prolongará hasta noventa (90) días después de haber adquirido firmeza la resolución dictada por
la Comisión Arbitral
o Plenaria, según corresponda.”
Artículo 136°, inciso d):
“Por comunicación informática, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. La notificación se considerará perfeccionada con la puesta a disposición del archivo o registro que la contiene, en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente o responsable.”
Artículo 138°, tercer párrafo:
“Asimismo,
la Dirección Provincial
de Rentas podrá celebrar convenios con el Banco Central de
la República Argentina
y con organizaciones dedicadas a brindar información vinculada a la solvencia económica y al riesgo crediticio, debidamente inscriptas en el registro que prevé el artículo 21 de
la Ley
25.326, para la publicación de la nómina de contribuyentes o responsables deudores de los tributos provinciales.”
Artículo 178°, inciso e):
“Cuando se verifique el mantenimiento de similar denominación comercial que desarrolle la misma actividad en el mismo domicilio, o existan otras circunstancias que así lo evidencien, tratándose de contribuyentes a los que se hace referencia en el artículo 39 bis.”
Artículo 220°, incisos i) y j):
“i)
La Cruz Roja
Argentina.
j) El Arzobispado y los Obispados de
la Provincia.”
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