Abriendo la norma
Incorpóranse como artículos 33° bis; 35° bis y 36° bis del Decreto-Ley 7.543/69 (T.O. por Decreto 969 /87 y sus modificatorias), los siguientes:
“Articulo 33 bis: A los fines de esta Ley y conforme a sus previsiones se considerará que las autopartes, piezas, rezagos, cascos o restos de vehículos que se consideren chatarras, como así también aquellos vehículos considerados no aptos para rodar que presenten alguna de sus codificaciones identificatorias adulteradas, que deben someterse a procesos de compactación o de destrucción similar, no tienen valor económico alguno para ninguna parte interesada.”
“Articulo 35 bis: Si en alguna instancia de los procesos de compactación o destrucción similar o con posterioridad a ello, se presentare el propietario o quien tuviere derecho a vehículos no aptos para rodar pero con sus codificaciones identificatorias originales, el Agente Fiscal u Organo Judicial que se encuentre interviniendo requerirá informe a la Fiscalía de Estado o por su intermedio a la Secretaría General de Gobernación, Dirección de Automotores y Embarcaciones Oficiales, sobre su individualización y en caso que hubiere registro del mismo, la Provincia responderá ante el propietario o quien tuviese derecho al vehículo por hasta el valor de tasación, la que deberá realizarse antes del proceso de compactación o destrucción similar, conforme al procedimiento previsto en el artículo 36°, circunstancia que será puesta en conocimiento del Agente Fiscal u Organo Judicial que intervenga y su imputación y pago, previa retención de la Tasa de Traslado y Guarda de la Provincia.”
“ Articulo 36 bis.- Créase la Tasa de Traslado y Guarda, la que se fija en el cinco (5) por ciento del valor de la tasación, de ingreso al patrimonio provincial o de subasta, según corresponda, que deberá ser abonada por el propietario o deducida del importe a pagar de quien tuviere derecho al vehículo, en los términos del artículo 34°, 35° y 35° bis. El producido de la Tasa de Traslado y Guarda, ingresará a la Tesorería General de la Provincia, en concepto de Rentas Generales. Por vía reglamentaria el Poder Ejecutivo podrá reducir el porcentual establecido, de acuerdo con una escala gradual, que atienda al tiempo de custodia y guarda.”
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