Abriendo la norma
Los establecimientos educativos de gestión privada estarán sujetos a reconocimiento, la habilitación y a la supervisión de las autoridades educativas provinciales.
Tendrán derecho a brindar educación: La Iglesia Católica y demás confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; las sociedades, asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas con Personería Jurídica, sindicatos, organizaciones de la Sociedad Civil, y las personas de existencia visible.
Estos agentes, con sujeción a las normas reglamentarias tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a. Derechos: crear y solicitar su reconocimiento, organizar, administrar y sostener escuelas; nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar; disponer sobre la utilización del edificio escolar; formular planes y programas de estudios con arreglo a los contenidos de los programas y planes de estudios de los establecimientos de gestión estatal; otorgar certificados y títulos reconocidos y aprobar el proyecto institucional.
b. Obligaciones: responder a los lineamientos de la política educativa provincial; ofrecer una educación que satisfaga necesidades de la comunidad, con posibilidad de abrirse solidariamente a cualquier otro tipo de instituciones; proveer toda la información necesaria para el control pedagógico, contable y laboral que solicite la autoridad de aplicación.
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