Abriendo la norma
El Ministro de Economía determinará el órgano u organismo de la Administración que ejercerá la función de órgano rector del subsistema, el que, como tal, dictará las normas conducentes a su funcionamiento, teniendo como misión asegurar una eficiente programación de la gestión y acceso a los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público, y velar por la aptitud crediticia de la Provincia.
ARTÍCULO 61.- El órgano rector del subsistema tendrá las siguientes competencias:
a) Formular los aspectos crediticios de la política financiera que elabore el Ministerio de Economía;
b) Participar en la tramitación previa a la sanción de las normas que autoricen tomas de deuda pública u otorgamiento de avales, fianzas y cualquier otro tipo de garantías;
c) Intervenir en la gestión de las operaciones de crédito público y llevar un registro actualizado sobre la deuda pública provincial, a los fines estadísticos y de gestión;
d) Intervenir previamente a la firma de todo contrato que implique compromisos de pago futuros en dinero en un plazo que supere al del ejercicio presupuestario vigente;
e) Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y supervisar su cumplimiento;
f) Fijar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de deuda pública, así como los de negociaciones, contratación y cancelación de operaciones de crédito público;
g) Las demás funciones que se asignen por vía reglamentaria.
ARTÍCULO 62.- Ninguna entidad del Sector Público Provincial podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la intervención previa del órgano rector del subsistema. Asimismo, todas las operaciones pendientes de finalización a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley deberán ser transferidas al órgano rector.
ARTÍCULO 63.- No se podrá formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General del año respectivo o en una ley específica.
La ley de Presupuesto General debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas:
a) Tipo de deuda;
b) Monto máximo autorizado para la operación;
c) Plazo mínimo de amortización;
d) Destino del financiamiento.
ARTÍCULO 64.- El Poder Ejecutivo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública, mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida en que ello implique un mejoramiento en las condiciones del endeudamiento respecto de las operaciones originales y siempre que se respete el nivel de la deuda pública autorizado por las leyes respectivas.
ARTÍCULO 65.- El Poder Ejecutivo remitirá un informe, sobre las operaciones de crédito público, a la Legislatura provincial y al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El contenido del informe se detallará por vía reglamentaria
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