Abriendo la norma
La autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo tendrá la fiscalización del regular funcionamiento institucional de la Caja y de sus órganos de gobierno. A esos efectos deberá:
1) Registrar los reglamentos de la Caja;
2) Establecer los libros que deberá llevar la entidad y rubricarlos;
3) Efectuar el visado previo de los actos de la Caja que requieran publicidad y de la memoria y balance antes de su consideración por la Asamblea;
4) Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo todo hecho que pudiere encuadrar en las previsiones del apartado siguiente.
El Poder Ejecutivo podrá intervenir la entidad a los efectos de su reorganización cuando: a) el normal funcionamiento de sus órganos se viere impedido por cualquier circunstancia; b) interviniere en cuestiones ajenas a los fines de su creación; c) sus órganos incurrieren en inobservancia de las normas que regulan su funcionamiento y el de la legislación nacional o provincial.
El interventor será designado por el Poder Ejecutivo, contando con idénticas funciones que las asignadas al Directorio.
La intervención no podrá tener una duración mayor de noventa (90) días, prorrogables por sesenta (60) días más, de acuerdo a razones debidamente fundadas. Los gastos de la intervención serán solventados por la entidad previsional.
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