Abriendo la norma
Los recursos de la Caja se integrarán de la manera prevista en el artículo 4º de la Ley y deberán ser aplicados:
A la organización, atención y cumplimiento de los beneficios y prestaciones asistenciales previstos en la Ley.
Al cumplimiento de los objetivos de solidaridad y protección.
A solventar los gastos de administración que la Caja demande para el cumplimiento de sus objetivos y finalidades
A la inversión en condiciones de razonable seguridad, rentabilidad y liquidez suficientes para resguardar y asegurar la concesión, actual y futura, de los beneficios instituidos para sus afiliados.
A la adquisición, construcción y/o remodelación de bienes inmuebles que aseguren el funcionamiento de la Caja.
A la adquisición o construcción de inmuebles, con destino a su explotación, venta ulterior o renta, siempre otorgando preferencia a los afiliados activos o pasivos de la Caja, en todo aquello que pueda apreciarse como un beneficio del uso o la adquisición de estos bienes.
A la adquisición de títulos o valores públicos nacionales o provinciales. La Caja no podrá adquirir acciones de compañías privadas que formulen o no ofertas públicas de estos títulos o intervenir, directa o indirectamente, con aportes en estas empresas.
Préstamos dinerarios, hipotecarios o prendarios, a los afiliados activos y pasivos en las condiciones que fije la reglamentación.
Todo otro tipo de inversiones que pudiera aprobar la Asamblea de la Caja o el Directorio conforme las facultades que correspondan a ambos, dentro del correspondiente marco legal.
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