Abriendo la norma
Créase a los fines específicos de la presente ley, el Ente Cooperador de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, persona jurídica de derecho público no estatal, constituido por las entidades profesionales enumeradas en el artículo 1°. Tendrá por objeto la administración y disposición de las tasas especiales establecidas por el artículo 3° de la presente Ley, únicamente en los términos previstos por su artículo 4°. Gozará de personería jurídica y contará con patrimonio propio, quedando limitada su responsabilidad a los bienes que la componen y que no afectará en forma alguna al patrimonio colegial de las entidades que lo componen. Será administrado por un Consejo de Administración, conformado por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, designados un (1) titular y un (1) suplente por cada una de las entidades profesionales, y se regirá por lo establecido en la presente Ley y el Convenio de Colaboración.
La colaboración del Ente Cooperador se ajustará a las siguientes condiciones.
a) Los fondos provenientes de las tasas especiales previstas en esta ley, serán depositadas por el Ente Cooperador en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en cuenta especial, a la orden de dicha Entidad y sobre ella se harán los libramientos necesarios para atender los gastos. El Ente Cooperador quedará autorizado para invertir los fondos en sistemas financieros redituables del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ya sea en plazos fijos en pesos, dólares o en títulos públicos emitidos por la Provincia de Buenos Aires o por la Nación Argentina, siempre que ello no interfiera con los requerimientos previstos por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
b) Si al término de la vigencia de la autorización conferida por el artículo 1º quedaren saldos en efectivo o valores negociables, el Ente Cooperador los depositará en la Tesorería General de la Provincia, para su acreditación a Rentas Generales.
c) El Ente Cooperador queda facultado para retener, sin cargo de rendir cuentas, el porcentaje que determine el Ministerio de Justicia, entre un mínimo del cinco por ciento (5 %) y un máximo del ocho por ciento (8 %) de los ingresos provenientes de la aplicación del artículo 3º, para atender los gastos de administración.
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