Abriendo la norma
La Autoridad
de Aplicación, será competente para intervenir y controlar el cumplimiento de lo previsto por la presente Ley y para juzgar las infracciones y aplicación de las respectivas sanciones, conforme a lo que determine la reglamentación y siempre que esta competencia no se superponga a la de los Municipios.
El Poder Ejecutivo deberá prever en su reglamentación la escala de sanciones, que oscilarán entre diez (10) hasta un mil (1.000) salarios mínimo vital y móvil. En caso de reincidencia aplicará el doble de la multa y clausura del establecimiento por un plazo máximo de hasta ciento ochenta (180) días, no pudiendo solicitar la empresa sancionada una nueva habilitación en todo el territorio bonaerense por el término de dos (2) años y en caso de poseer una habilitación en trámite se le suspenderá el mismo por igual período de tiempo.
El importe de las multas resultantes de las infracciones previstas en la presente Ley se deberán depositar en la cuenta especial “Fondo de Reconversión Minorista”, creada por el artículo 22 de
la Ley
12.573.
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