Abriendo la norma
Corresponde al Defensor Departamental:
Ejercer la superintendencia del Ministerio Público de la Defensa, según delegación del Defensor General de la Provincia.
Ejecutar la política general del servicio de Defensa para su departamento, realizando todas las acciones conducentes para una eficaz prestación del mismo y la protección integral del derecho de defensa.
Ejercer la dirección funcional y técnica de la Defensa Oficial en su departamento.
Organizar el funcionamiento del Ministerio de la Defensa y proponer al Defensor General de la Provincia, los funcionarios auxiliares y empleados necesarios para desarrollar su tarea.
Proponer al Defensor General de la Provincia, los Defensores Oficiales de su Departamento Judicial, a quienes aquél asignará funciones de Adjunto de Defensor Departamental.
Coordinar la labor de los Defensores Oficiales, Asesores de Incapaces, funcionarios auxiliares y empleados, pudiendo a tal efecto organizar la asignación de causas, mediante criterios equitativos de distribución; establecer guardias temporales y zonales y convocarlos periódicamente a fin de elaborar líneas de acción que tiendan al mejoramiento de cada área.
Designar a uno o más integrantes del Ministerio de la Defensa Oficial para que actúen en un asunto determinado o en varios de ellos, con o sin desafectación de su tarea habitual, reemplazarlos entre sí, formar equipos que trabajen conjuntamente o abocarlos a un caso específico, procurando respetar el principio de unidad de la defensa.
Elevar periódicamente al Defensor General un informe estadístico de la labor de la Defensa Pública.
Dictaminar en las cuestiones que corresponda resolver a la Cámara con superintendencia delegada o no, y coordinar con ésta las cuestiones que interesen a los locales y edificios ocupados por el Ministerio Público de la Defensa.
Supervisar el desempeño de los integrantes de la Defensa Pública de conformidad a las leyes y reglamentos vigentes.
Ejercer la potestad disciplinaria correctiva interna, y sobre los órganos de la Defensa Oficial y la Asesoría de Incapaces, según la reglamentación que dicte el Defensor General de la Provincia de Buenos Aires.
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