Abriendo la norma
La presente Ley, como así también las prácticas y políticas públicas desarrolladas en virtud de la misma, deben interpretarse en el marco de las Convenciones Internacionales ratificadas por nuestro país, de acuerdo a lo establecido en el art. 75 inciso 22 de
la Constitución Nacional
, a saber:
la Convención
para
la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer
(y su Protocolo Facultativo),
la Convención Internacional
de los Derechos del Niño (y el Protocolo Opcional sobre
la Venta
de Niños,
la Prostitución Infantil
y
la Pornografía Infantil
), el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata
de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa
la Convención
de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada
Transnacional,
la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia
contra
la Mujer
,
la Convención
182 de
la OIT
sobre
la Prohibición
y Acción Inmediata para
la Eliminación
de las Peores Formas de Trabajo Infantil, el Convenio contra
la Trata
de Personas y
la Explotación
de
la Prostitución Ajena
,
la Convención
contra el Crimen Organizado Transnacional y su Protocolo específico para
la Trata
de Personas y el Protocolo de Palermo que en su art. 5° establece que los Estados Parte se comprometen a legislar sobre
la Trata
de Personas como delito en sus respectivos ordenamientos internos.
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